Silvia Lara: Temo que los recursos obtenidos con impuestos se utilicen simplemente para bajar la deuda interna y no para los programas sociales.
UNIVERSIDAD lo advirtió el 21 de agosto pasado: la «angelical emboscada» de los expresidentes Calderón y Rodríguez al actual mandatario, tenía como propósito volver tener una mayor injerencia en instituciones públicas como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Vivienda, que al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) le resultan claves para consolidar votos para los próximos comicios. (Ver edición Nº 1539)
Entonces advertimos que esta estrategia implicaba retirar de sus cargos a la entonces presidenta Ejecutiva del IMAS, Silvia Lara, quien no es militante del PUSC, y al ministro de Vivienda, Helio Fallas, quien tiene una visión del desarrollo económico y social contrapuesta a la del equipo económico del Gobierno, y cuya gestión se ha caracterizado por cerrar los portillos para el clientelismo político en relación con los bonos de vivienda.
Finalmente, en la primera semana de octubre, Lara se vio obligada a presentar su renuncia, luego de fracasadas gestiones para que el Gobierno tomara en serio su compromiso de reducir la pobreza y de que se le dieran señales cada vez más claras de que era una presencia incómoda en el Gobierno.
En la siguiente entrevista, ella analiza lo sucedido.


¿El próximo titular en ser apartado del Gobierno podría ser el Ministro de Vivienda, Helio Fallas?

-Es difícil saberlo. Ciertamente, si yo tuviera que identificar un momento a partir del cual empiezo a sentir que el piso se me mueve, es luego de la reunión del Presidente con los señores expresidentes. Hasta ese momento había sentido plenamente el apoyo del Presidente de la República, pero después de esa coyuntura empecé a sentir que el piso se me movía.


Esa coyuntura, en la que se produjo el encuentro del Presidente con los «arcángeles», como él mismo los llama, se caracterizó por una fuerte caída de la popularidad del Gobierno, según encuestas.

-Hay una gran preocupación en el Gobierno por las encuestas, por la imagen y por la opinión pública. La legitimidad de los gobiernos y su credibilidad, a menudo está dada por los datos de los sondeos, y los gobiernos toman medidas frente a estas situaciones.


De allí el interés en tomar las riendas del IMAS y seguramente del sector vivienda: buscar apoyo electoral de cara al 2006.

-Yo tuve muchas presiones, principalmente de los diputados, para recibir listas de personas para atender. Nunca me negué a atender sus solicitudes, pero ciertamente nunca sintieron que en el IMAS tenían a una persona a la cual podían recurrir, ahora o en la campaña electoral, para distribuir ayudas con fines electorales. Y, bueno, eso no es bien visto, no es bien recibido.


Cuando Ud. dice que atendió las solicitudes de los diputados, ¿quiere decir que atendió las que cumplían con los requisitos?

-Sí, cada vez que un diputado me solicitó una cita para presentarme algún caso o situación, yo la atendí, por supuesto siguiendo siempre todos los procedimientos y atendiendo las normas internas de la institución para la calificación de beneficiarios. Pero no se trataba de atender listas de personas. Estoy clara de que los diputados a menudo se enfrentan a situaciones de pobreza muy, muy dura en las comunidades, y que a esas personas hay que atenderlas, pero eso es distinto a que quieran pasar listas completas para que sean atendidas prioritariamente por la institución, porque además uno sabe que en estos casos los legisladores utilizan este mecanismo para fines personales.


Ud. ha dicho que presentó varias iniciativas al Consejo de Gobierno, pero que nunca tuvieron eco. ¿Cuáles fueron esas iniciativas?

– No creo que en Costa Rica vamos a reducir significativamente la pobreza haciendo más de lo mismo. Yo tenía una semana escasa de haber ingresado a la presidencia ejecutiva del IMAS, cuando en una encerrona fui muy explícita en relación con esto. Que no era haciendo más de lo mismo como íbamos a lograr un cambio significativo como el que había prometido el Presidente. De hecho, ya tenemos ocho años de más de lo mismo, y esto lo que arroja son los mismos resultados. Y no había ninguna propuesta que nos hiciera pensar que se estaba tomado un camino diferente, no solo para reducir la pobreza, sino para cerrar las brechas. Porque es tan preocupante el hecho de que la pobreza se estancó en los últimos ocho años, como el hecho de que principalmente a partir de 1997-1998 se introdujo una concentración de la riqueza como no se había visto en las últimas décadas en Costa Rica. Y las brechas sociales se están ensanchando.


¿Qué está mal en el enfoque de la lucha contra la pobreza?

-Sigue primando un enfoque totalmente economicista, y una especie de fundamentalismo fiscal. Se afirma que no se puede hacer nada hasta tanto no ser resuelva el problema fiscal. Tenemos 20 años de estar esperando que se resuelva el «problema fiscal» y no se resuelve, es decir, que el déficit fiscal no llega adonde se lo quiere llevar o adonde se supone que es sano para la economía. Y tenemos 20 años de promesas pospuestas siempre porque no se llega al deseado déficit fiscal. Incluso, desde un inicio, este Gobierno se planteó como meta el déficit fiscal cero.
Pero las razones que han dado cuando intentan hacer una similitud entre la economía doméstica y la del Estado, no recogen adecuadamente la lógica de la economía doméstica. Dicen que ninguna familia gasta más de lo que le ingresa, y eso no es cierto. Las familias se endeudan con fines estratégicos, muy claramente planteados: para que las muchachas y los muchachos vayan al colegio, a la universidad, por razones de salud, para tener una vivienda digna. Por supuesto que no se endeudan para comprar confites y galletas, ni solo porque al final del mes no les alcanzó el dinero. Esa no es la lógica. Lo que sucede es que nuestro país se ha endeudado sin ton ni son, sin estrategia. Si pudiéramos decir que la deuda interna, el déficit fiscal son tales porque se apostó estratégicamente, porque se invirtió en ciertos objetivos, y eso rinde frutos, pero esa no ha sido la lógica. Ojalá los estados siguieran la lógica de la economía doméstica. De lo que se trata es de que haya un manejo socialmente responsable del déficit fiscal, mantenerlo en niveles que permitan la estabilidad de la economía, pero que también permitan hacer la inversión social que este país requiere. No es cierto que la mejor política social es una buena política económica. La mejor política económica es una buena política social. Se necesita dar un giro y un golpe de timón.



¿De qué manera la centralización del Poder Ejecutivo no contribuye a propiciar la movilidad social, a lograr que la gente tenga oportunidades de mejorar su nivel de vida?

-Lo que la gente está pidiendo a gritos, en las comunidades más pobres, son oportunidades de empleo y producción. Y no son el IMAS ni el Ministerio de Salud, ni la Caja, ni el Ministerio de Educación, los que pueden llevar las oportunidades de empleo y producción a esos lugares. Las instituciones responsables de proveer esas oportunidades, no están regionalizadas, están solo en San José: el Ministerio de Economía, el Instituto Costarricense de Turismo, PROCOMER. El Ministerio de Trabajo, que debería cumplir una función vital desde el punto de vista de la promoción de empleo, está descentralizado únicamente en lo relacionado con la inspección de empleo. Esta situación, que se construyó en los últimos 20 años, refleja la visión de Estado y de modelo de desarrollo que se tiene, en el cual a la política económica lo único que le correspondería sería dar estabilidad macroeconómica, para crear un clima que atraiga la inversión extranjera principalmente, pero una vez que está aquí, no importa si crea puestos de trabajo, si trae beneficios o cómo se distribuyen. Ya eso no interesa: de eso que se encargue el mercado.
La visión ha sido que estos ministerios e instituciones no tienen que estar en las regiones, porque el mercado se encarga. Es, decir, que en esta visión, al Estado no le corresponde un papel planificador. Y todos sabemos que en un contexto de desigualdad creciente, las oportunidades no se distribuyen equitativamente. El mercado no es neutral.


En este Gobierno, la misma persona está a cargo del Ministerio de Planificación y de la coordinación del Área Social, entonces, desde ese cargo debería haber una política fuerte, con visión estratégica, de combate de la pobreza y de promoción del desarrollo, pero no es así.

-Así es. La pobreza no se combate combatiendo la pobreza. Se combate con desarrollo social, y éste se planifica, y debe hacerse desde MIDEPLAN. Por eso debería ser estratégico e importante ese vínculo entre la coordinación del Consejo Social y el Ministerio de Planificación.


Pero eso no existe, no se ve para nada.

-No. Desde mi punto de vista, se requiere mucho más liderazgo, una acción mucho más vigorosa, contundente, decisiva.

¿Ud. planteó esto al Gobierno?

-Sí, lo hice en varias ocasiones. Insistí en que los tiempos de Gobierno hacían que no hubiera más tiempo, que se agotaban. Si se trata de hacer cambios de fondo, de tomar el toro por los cuernos, hay un momento para hacerlo, ya después de eso, quienes hemos estado en la función pública sabemos que esos tiempos se agotan.


Se ha renunciado a la planificación del desarrollo, pero sí hay una «planificación» económica que consiste en impedir la inversión en el desarrollo, cuando se impide gastar los superávit de las instituciones. Así como también se planificó exonerar de impuestos a cierto tipo de empresas, mayoritariamente las grandes, dedicadas al turismo y la exportación.

-Lo cierto es que desde el Ministerio de Hacienda se han impulsado acciones mucho más decisivas, estemos o no de acuerdo con ellas, y no ha habido como contraparte una acción igualmente contundente y decisiva con respecto a lo social.  Además, sobre esto, quiero advertir que, a partir de enero, se empieza a implementar la Caja Única del Estado. Esto significa que todos los recursos que se destinan a los ministerios ya no ingresarán a ellos, sino a una Caja Única en manos del Ministerio de Hacienda.
Algunos recursos que algunos ministerios todavía podían manejar de manera autónoma, ya no lo van a poder hacer. Será el Ministerio de Hacienda el que defina los criterios para distribuir los recursos. La pregunta es ¿con qué criterio van a hacerlo? Y MIDEPLAN ¿qué tiene que decir al respecto? Lo mismo sucederá si la reforma fiscal se aprueba. Se recaudarán muchísimos más impuestos. La pregunta es ¿para destinarlos a qué? Tengo el temor de que se utilicen simplemente para bajar la deuda interna y que para los programas sociales queden únicamente los beneficios que se deriven eventualmente de bajar la deuda interna. Y de esto no hay ninguna garantía. Es un juego muy peligroso para los programas sociales.

¿En manos de quién está el IMAS?

Tras la salida de Silvia Lara, fue nombrado Presidente Ejecutivo el entonces Viceministro de Trabajo y militante socialcristiano, Fernando Trejos.
Además, la Junta Directiva de esta entidad está integrada por una mayoría de militantes del PUSC, en la que predomina el sector ligado al expresidente Calderón:

* María Eugenia Badilla, preside la Junta. Es exdiputada del PUSC y madre de la secretaria general de este partido, Lorena Vásquez.
* Marta Guzmán, esposa del diputado del PUSC Miguel Huezo.
* Fernando Jiménez Maroto, exdiputado del PUSC.
* Jorge García, militante del PUSC.
* María Isabel Castro, militante del PUSC.
* María Felicia Carranza de Dávila, familiar del ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo.