Tanto las transnacionales como las medianas empresas de maquila, estarán más obligadas a cumplir la legislación laboral con el TLC.
Las nuevas normas laborales incluidas en el Tratado de Libre Comercio Centroamérica- Estados Unidos (TLC) mantienen en vilo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) por el impacto negativo  que provocan las diferencias en los costos de producción entre el empresariado costarricense, centroamericano y estadounidense.
Yes que para nadie es un secreto que en Costa Rica existe una mayor carga social, laboral y ambiental que en el resto de las naciones de la región, la cual incide en el costo final de los productos nacionales.
Aunque una parte del sector empresarial costarricense muestra tranquilidad y minimiza el eventual impacto de las normas laborales incluidas en el TLC, otros grupos opinan que sí afectará en forma negativa a las PYMES, que emplean  al  85% de la población económicamente activa del país, según datos de FUNDES.
Mauricio Castro, representante legal de la Asociación Nacional de Empleados Púlicos y Privados (ANEP), afirmó que por las diversas cargas sociales, los estadounidenses deberán pagar un precio mas caro por un producto costarricense, a pesar de que sea similar al elaborado en otra nación centroamericana.  El cumplimiento en el pago de los derechos de los trabajadores y trabajadoras pondría en clara desventaja a los costarricenses.
 
El abogado explicó que otra situación que afectaría a este sector empresarial es la importación de productos centroamericanos o de aquellos subvencionados provenientes de EE.UU., con precios mucho más bajos que los de los nacionales,  los cuales no tendrían oportunidad de competir en el mercado.
«Las opciones que tienen estas pequeñas empresas frente a un proceso de apertura que ignora estas diferencias son: si la empresa es atractiva, venderla  a una transnacional; cerrarla y crear más desempleo; o pasarse al sector informal y seguir funcionando sin pagar cargas sociales ni cumplir estándares laborales», aclaró Castro.
Marco Vinicio Ruiz, miembro de la Unión Costarricense de Cámaras  y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) reconoció que los costos de producción son mayores que en el resto de la región, pero acotó que «esto sólo será una obligación  para que seamos más eficientes».
Castro es de la tesis de que estas normas no pueden aplicarse por igual en los países. Por ello  sugiere que se reconozcan estas asimetrías (diferencias ) en el Tratado mediante la creación de instrumentos comerciales,  la solicitud de recursos internos y de cooperación internacional , así como el apoyo de una política pública de fomento para este sector.
La otra preocupación sobre las nuevas reglas del Tratado son las sanciones que generaría  una violación a las normas laborales, ya que no se aplicarían directamente a las empresas, sino al propio Estado.
Al criticar esta norma, el representante legal de la ANEP expresó: «Nosotros planteamos que se debe sancionar a la empresa. Si el Estado se hace de la vista gorda y no hace todo lo posible por que se cumpla la legislación  nacional vigente, allí sí le correspondería una sanción», dijo Castro.
Pero Ruiz minimizó este punto para aquellas empresas organizadas que cumplen con las leyes. «Esto para el caso del empresario responsable. Ahora, el Ministerio de Trabajo y demás agencias estatales, sí tendrán que reforzar sus programas y su vigilancia», agregó.
Consultada al respecto, la viceministra de Comercio Exterior y encargada de este tema en las negociaciones, Gabriela Llobet, respondió que «si se llegara a imponer una multa como consecuencia final, el país (Estado) es quien debe asumirla,  ya que éste ha incumplido al no fiscalizar adecuadamente la aplicación de la legislación laboral».
También reconoció que el monto de la contribución monetaria (o multa) propuesta por EE.UU. en caso de incumplimiento en los temas laborales es el punto principal en el que no se ha logrado un acuerdo, debido a la sensibilidad política que reviste el tema, por lo que se discutirá en el nivel de los Ministros correspondientes.
«En este sentido, Centroamérica propuso a EE.UU. que se establezca un mecanismo de gradualidad en la imposición de dicha multa, en atención a la diferencia entre los niveles de desarrollo de Centroamérica y EE.UU.»

DERECHOS FUNDAMENTALES

Los estándares laborales que introduce el texto del Tratado son los llamados derechos fundamentales, que podrían resumirse en la no discriminación,  trabajo forzoso, la eliminación del trabajo infantil y la asociación sindical, así como la negociación colectiva. Esta normativa está incluida en 8 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El abogado de la ANEP indicó que con excepción de El Salvador, que solo ha ratificado 6 de los 8 convenios, el resto de países ha dado el visto bueno a este sistema de protección laboral. Sin embargo,  destacó que el gobierno estadounidense advierte que se respetará la legislación  laboral interna de las naciones, pero, agregó,  en realidad este último solo ha ratificado 2 de estos convenios internacionales, lo que deja en clara desventaja al istmo.
Llobet afirmó que «si bien es cierto EE.UU. solamente ha ratificado dos de los convenios, en el tratado las Partes se comprometen a respetar los derechos laborales contenidos en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT de 1998». Los países incorporan en su legislación esta Declaración sin necesidad de ser ratificada; y además a través del TLC, EE.UU. estaría asumiendo la obligación de aplicar efectivamente su legislación  laboral, añadió.
Los investigadores del Centro Internacional de Política Económica (CINPE), de la Universidad Nacional,  Carlos Murillo y Keynor Ruiz, en su estudio «Estándares laborales en TLC Centroamérica-EE.UU»,   señalaron que otro elemento en contra de estas reglas es la gradualidad,  debido a que se carece de los recursos y de las instituciones para empezar a aplicarla a corto plazo.

MIGRANTES

Con respecto a cooperación laboral, aparentemente lo único concreto hasta ahora -en el marco de la negociación comercial-, es que EE.UU. otorgó un fondo de US$6.7 millones para el desarrollo de un proyecto en materia laboral denominado: «Centroamérica Cumple y Gana».  La institución que  lo ejecutará es una fundación costarricense. La viceministra de Comercio informó que se «establece un marco institucional para el desarrollo de las actividades de cooperación, en atención a las prioridades identificadas por Centroamérica en esta materia».
Uno de los temas pendientes es la protección a los trabajadores migrantes En este sentido, Centroamérica propuso que las Partes se comprometan a dar la misma protección legal a los trabajadores migrantes en sus territorios en relación con los derechos fundamentales de los trabajadores, independientemente de su condición migratoria.  Pero por la sensibilidad que presenta este tema para EE.UU., aún se encuentra en discusión, dijo Llobet.