El FEES que se negoció en esta mesa en 1998 vence el próximo 7 de diciembre
«Esta negociación nos toma en un ambiente difícil por las circunstancias actuales, que son muy diferentes a las que teníamos cuando la empezamos en la Comisión de
Enlace, antes de la salida de los cuatro ministros que la conformaban en ese momento», aseguró el presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Eugenio Trejos Benavides a UNIVERSIDAD.
En esta comisión es donde se discuten los términos del Fondo Especial para la Educación Superior  (FEES), que se debe acordar cada cinco años para garantizarle el presupuesto a las cuatro universidades estatales, pues representa cerca del 85% de sus recursos económicos.
Trejos explicó que, además, en aquel momento el gobierno disfrutaba de una popularidad muy alta, que posteriormente fue golpeada por su posición ante la anunciada guerra contra Irak.
Después se produjo la huelga de maestros que propició la salida de la Ministra de Educación Astrid Fisher y posteriormente de los otros tres ministros que integraban la Comisión de Enlace: Jorge Wálter Bolaños, Ministro de Hacienda,  Rogelio Pardo   de Ciencia y Tecnología y Danilo Chaverri de Planificación.
«En ese momento el ambiente era mucho más propicio pues Hacienda tenía una postura más blanda  que el actual Ministro Alberto Dent, quien en definitiva decide lo que se da y lo que no en el gobierno», afirmó Trejos.

ELEMENTOS EN CONTRA

Para Trejos, «todos esos elementos se amalgamaron  y crearon un ambiente difícil para las universidades, lo que se juntó con las restricciones severas aplicadas por el gobierno para reducir el déficit fiscal a un 4% del PIB».
Ese panorama en el que se deberá acordar el FEES para los próximos cuatro años se complica aún más debido a los dos grandes temas que acaparan la atención pública: la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y  la reforma tributaria en la Asamblea Legislativa, para aumentar la recaudación fiscal de un 13.5% del PIB  actual a más del 16.5%.
Así mismo,  se dificulta porque ahora se cuenta con un jerarca de Hacienda mucho más radical, en cuanto a su tarea de ponerle freno al gasto público a fin de garantizarle al país cierta estabilidad macro económica, lo cual el mismo Dent ha manifestado que es su compromiso con  el Presidente de la República Abel Pacheco.
«Todo esto nos complicó el panorama, pero confiamos  en la buena voluntad  del gobierno, pues el presidente personalmente ha reconocido la importancia de la educación superior», aseveró Trejos.
Otro elemento positivo en su criterio es que el Ministro de Educación, Manuel Antonio Bolaños,  entiende la importancia del relanzamiento  de la educación pública, con cuyo proyecto se pretende cerrar las brechas entre la educación pública urbana y la rural, así como respecto a la calidad de esta y combatir la deserción estudiantil, entre otras cosas.
«CONARE se ha comprometido   a colaborar con el gobierno en propiciar la discusión sobre este tema y lo está haciendo alrededor del financiamiento, la calidad  y la cobertura»,  expresó.
Informó que también han trabajado con la comisión  legislativa que conoce  el tema de la educación pública, para establecer una política  de Estado en enste campo, pues no se puede continuar como estamos: cada vez que se cambia de gobierno con una nueva política, recalcó.
Consultado sobre las razones por las cuales la negociación se dejó para final de año, Trejos explicó que primero fue por la salida de Fisher y de los otros tres ministros, luego la huelga de maestros y la de Limón le permitió al gobierno cierto empoderamiento para negociar. «Si lo hubiéramos planteado en ese momento, nos  habrían rechazado cualquier cosa que pidiéramos» argumentó.
«Por eso hemos tratado de medir cuál es el momento más oportuno para retomar la negociación, mientras aprovechábamos el tiempo para afinar  los datos que le presentamos al gobierno»,  agregó.

EN  CONVERSACIONES

Los rectores tuvieron una reunión la semana pasada con Alberto Dent y Manuel Antonio Bolaños,  para conversar en un clima  no formal. En la cita les mostraron  cómo el financiamiento de la educación superior pública ha venido decreciendo en los últimos  años, con respecto tanto al gasto  total en educación, como al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), fijado por el Banco Central.
En el encuentro se llegó al acuerdo de integrar  una comisión técnica para analizar los datos presentadas por ambas partes negociadoras (las universidades y el gobierno) y revisar la fórmula de cálculo del FEES, con el fin de elaborar una propuesta que será discutida en la próxima reunión de la Comisión de Enlace en noviembre.
Dicha comisión técnica está formada por  José Andrés Masís, director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) y Flor de María Cervantes, jefa de División de Sistemas de OPES, que es la secretaría técnica del  CONARE. Por parte del gobierno está  la Viceministra de Hacienda, Silenne Alvarado, quien designó en su lugar al director  nacional de presupuesto, José Luis Araya, así como Rigoberto Alfaro y Marjorie Morera, funcionarios de Hacienda, y Florencia Rodríguez representante del Ministerio de Educación  Pública.
La Comisión de Enlace, por su parte, la integran los ministros Dent y Bolaños ya mencionados, Luis Fernando Gutiérrez,  Ministro de Ciencia y Tecnología y Jorge Polinari viceministro de Planificación, en representación de Linnette Saborío, vicepresidenta de la República, quien tiene la cartera de Planificación como recargo.
La completan quienes ocupan la rectoría de las cuatro universidades estatales: Eugenio Trejos del InstitutoTecnológico de Costa Rica (ITCR), Gabriel Macaya Trejos de la Universidad de Costa Rica (UCR),  Sonia Marta Mora Escalante de la Universidad Nacional y Rodrigo Arias Camacho de la  Universidad Estatal a Distancia (UNED). Estos cuatro centros conforman el sistema de educación superior creado en 1970.

DESCENSO DE UNIVERSIDADES

Sobre la discusión en la Comisión de Enlace, Trejos dijo que ambas partes han tenido diferencias  respecto a los componentes  que conforman el gasto nacional en educación,  el cual es de un  5.2% del presupuesto nacional,  pero Hacienda habla del 6% -constitucionalmente definido para la educación-  pues le  adiciona el gasto de algunas instituciones públicas,  cuyo campo no es la educación propiamente, aunque sí tienen programas en materia formativa.
«Nosotros tomamos dicho gasto como hasta la fecha  se ha interpretado,  tanto de parte de las  universidades como del Ministerio de Educación», aclaró Trejos.
Enfatizó que no es cierto que la educación superior estruje  a la educación básica, la cual sí ha aumentado su participación  en el gasto de educación estatal.
«Hemos hecho un llamado a los ministros, respecto a que  no se debe presentar los recursos para las universidades como competencia  de la educación básica. Estas necesitan recuperar el 1.5% que tuvieron como máximo histórico en 1985, cuando se estancó y luego empezamos de caída  hasta la fecha, cuyo porcentaje es menos del 1% y en el 2004 será un 0.92% del PIB», enfatizó.
El planteamiento de los rectores se basa en datos de CONARE y del Instituto de Investigaciones  en Ciencias Económicas de la UCR.
Según datos de Juan Diego Trejos y Justo Jacobo Aguilar, del Instituto de Investigaciones en Ciencias  Económicas de la UCR, cuando solo existía  la Universidad de Costa Rica, el Estado destinaba cerca del 20% del gasto educativo total  a la educación superior y el otro 80% a la preuniversitaria.
A partir de la creación del sistema nacional de educación superior, con la aparición de la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Cartago (ITCR)  y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), se dio un crecimiento real y prioritario del gasto educativo universitario, que se mantuvo durante el resto de la década de los 70 hasta llegar a representar cerca del 30% del total del gasto educativo en 1979.
Entre 1980 y 1985  la participación  de las universidades aumentó hasta llegar a  un poco más del 40% del gasto educativo en 1985, pero el resto de la década se caracterizó por un estancamiento.
A partir de 1991 el fondo para la educación superior empezó a descender hasta que alcanzó su punto más bajo en 1999, con una participación del 22%.
Esto pese a que a partir de 1989 el presupuesto del Ministerio de Educación sin FEES empezó a recuperarse del decrecimiento que había sufrido en forma continua durante el periodo 1979-1988.
Trejos y Aguilar distinguen tres fases en la evolución del gasto educativo estatal, con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), durante las últimas  cinco décadas. Una fase de expansión que va de 1950 a 1979, en la cual el gasto real creció a una tasa promedio de un 10%; otra de contracción en la década de los 80 cuando decrece en un 2%; y la tercera de recuperación durante los años 90, en la cual el gasto educativo crece a un promedio de un 5,6%.
Para dichos investigadores, el gasto real educativo per cápita también experimentó esas mismas fases de expansión: primero,  un 6% en promedio durante el período de 1950 a 1979, como resultado del crecimiento del gasto real y de un rápido crecimiento demográfico; segundo, una reducción de un 4% en promedio durante la fase de contracción debido al crecimiento negativo del gasto real educativo durante la recesión económica: y finalmente, un 3,4% de crecimiento promedio durante los años 90.

Aprueban presupuesto para 2004

El gobierno ya aprobó el presupuesto de las cuatro universidades públicas para 2004, por lo que este no será parte de las conversaciones, pues  ya están previstos los fondos para estas casas de estudios.
Este suma  ¢69.380,91 millones, según datos del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), pero tendrá que ser recalificado por el crecimiento del PIB que sería cercano al 5% y fue considerado en un 3%. Así mismo, por el crecimiento del índice del crecimiento poblacional que se dé en 2004, el cual es definido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Estos millones se distribuyen en porcentajes diferentes entre las cuatro universidades.
A la UCR le toca  la mayor proporción con una media del 58%, a la UNA un 23%, al ITCR un 11% y a la UNED un 7%. El 1% restante le  corresponde al CONARE.  Dichos porcentajes significan ¢39.581,48 millones para la UCR, ¢16.054,73 millones para la UNA, ¢7.748,75 millones para el ITCR, ¢5, 143,01 para la UNED y ¢852,94 millones  para CONARE.
Sin embargo, a fines de este año las universidades no recibirán todo lo que esperaban, pues  la inflación del año no llegó al 10% como se había estimado. Eso implica que deberán devolver al gobierno la diferencia que es de un 0.32%, pues la inflación  llegó al 9.68%, lo cual representa un monto de ¢130 millones.
Dicha devolución está contemplada en la negociación del FEES, así como la recalificación  presupuestaria correspondiente si se pasa del porcentaje estimado.
Esta no es la primera ocasión en que corresponde devolver plata por la inflación, pero sí lo es en cuanto a la devolución, pues el gobierno siempre le había dejado ese dinero a las universidades al aceptar la propuesta de estas para invertir esos fondos.
Este año los rectores plantearon destinar esos  ¢130 millones  a darle contenido económico  al proyecto Estado de la Nación, pero el Ministro de Hacienda, Alberto Dent, no estuvo de acuerdo
«Con Jorge Wálter Bolaños – anterior Ministro de Hacienda- se había negociado eso. Lamentablemente no  se ratificó el acuerdo en una reunión de la Comisión de Enlace.  Nos pilló la salida de Bolaños antes de hacerlo», afirmó Eugenio Trejos.
Agregó que cuando le presentaron la propuesta a Dent dio un rotundo no, pues al no estar firmado el acuerdo no era vinculante, explicó Trejos.