La promesa de que este año se encontraría una solución final al caso de los 7.662 docentes quienes esperan la aprobación del proyecto de reforma a la ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional pende del hilo de la «buena voluntad» del Gobierno de convocarlo a sesiones extraordinarias en diciembre. Sin embargo, algunos legisladores estiman que no será hasta abril próximo cuando la iniciativa estará en el plenario legislativo.
Ya la Comisión Especial en la Asamblea Legislativa aprobó en octubre un cambio en el  plan de pensiones del Magisterio Nacional para que ese grupo de educadores se jubile con los derechos adquiridos de leyes anteriores. Eso implica que solo podrán participar aquellas personas que cuenten con 20 años como mínimo de aporte al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
A cambio de que los educadores terminaran la huelga de cinco semanas que finalizó en junio, los diputados se comprometieron a dar primer lugar en el plenario a la reforma aprobada por la comisión legislativa.
Aunque tiene el respaldo de un informe de mayoría, la propuesta solo fue avalada por Luis Paulino Rodríguez y María Elena Núñez de Liberación Nacional; Elvia Navarro del Bloque Patriótico; el independiente José Francisco Salas; y Carlos Avendaño, de Renovación Costarricense. La votaron en contra Federico Vargas y Ligia Zúñiga, de la Unidad Social Cristiana; Federico Malavassi, del Movimiento Libertario, y Marta Zamora, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Muestra de esas diferencias se evidencia en  las 100 mociones pendientes y que ahora se insinúa serán analizadas por la misma comisión.
A pesar de esta oposición de minoría, el problema principal de la reforma no radica en este punto sino en la poca viabilidad que le queda para ser aprobada en estos dos meses cuando en el Congreso solo se escuchará hablar sobre la ley de Presupuesto Ordinario 2004 y el polémico proyecto de Reforma fiscal.
La iniciativa ocupa el primer lugar en la agenda del plenario, después de la del presupuesto, que deberá aprobarse a mas tardar el 30 noviembre. Eso implicaría que el Gobierno debería convocarlo a sesiones extraordinarias en diciembre, mes que se estima absorberá la discusión fiscal del país.
Por eso, Zamora estimó que la propuesta no será vista hasta en abril de 2004.
Alberto Dent, Ministro de Hacienda, hace 22 días no mostró mayor interés al ser consultado por la prensa. El vocero de prensa del Ministerio de la Presidencia, Freddy Gómez, manifestó a UNIVERSIDAD que aún no se puede precisar qué proyectos serán convocados, hasta la última semana de noviembre.
Ante este panorama, el parlamentario Rodríguez anunció que en una reciente reunión  con dirigentes del Magisterio se acordó demandar su convocatoria al Poder Ejecutivo.
Cada semana los gremios de educadores realizan una labor de cabildeo legislativo a fin de que se ubique la reforma en la agenda el mes entrante, pero aseguran que si no logran su objetivo, habrán medidas de presión como rodear el edificio del Congreso y hacer vigilias en las casas de legisladores.
Varios diputados coinciden en que el Poder Ejecutivo simplemente lo que hizo fue endosar a la Asamblea Legislativa una huelga que no pudo resolver.
«¿Qué es lo que les quedó más fácil? Decir, vámonos a la Asamblea Legislativa», afirmó la diputada Zamora.
 
TACTICAS DILATORIAS
 
La percepción de Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y de otros líderes del Magisterio, es que el Gobierno y los diputados del PUSC bloquearon el trámite del proyecto,  al incumplir el compromiso para levantar la huelga.
«Es muy evidente que el Gobierno ha manejado esto con algunas tácticas de dilación para que el proyecto llegara aquí junto con la ley del presupuesto», coincide el legislador Rodríguez.
Federico Vargas, quien presidió la sonada comisión, rechazó esta versión: «No, no fue así, yo, como presidente de la comisión no di por conocidas unas 100 mociones para poder cumplir el plazo fijado».
En su momento Zamora respondió a sus compañeros que si a este proyecto no le buscaban una solución política viable, el asunto se iría «por mal camino».
Ella sostiene que la discusión se polarizó entre quienes defendían a ultranza el proyecto y quienes afirmaban que los educadores sólo buscaban privilegios. Pero, la dirigencia  magisterial le reclama a Zamora esta posición, en particular el apoyo que diera a tres mociones presentadas por el mas férreo opositor a la iniciativa, Federico Malavassi.
«En estas decisiones los datos no dañan, todo lo contrario, le dan al diputado la posibilidad de comparar, ese fue todo mi pecado y eso me lo han cobrado en la radio, en el periódico, aquí en la Asamblea», reclamó.
 
INSATISFECHOS
 
El enfrentamiento en la comisión surgió porque varios diputados alegan que la reforma propuesta deja portillos para que algunas personas quieran sumar los años que cotizaron para otros regímenes como el de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al del Magisterio Nacional.
Pero parlamentarios como Rodríguez dicen estar satisfechos con el dictamen  porque «las cosas quedan como las ha definido la Sala IV y el Tribunal Superior de Trabajo».
La propuesta establece que los beneficiarios del régimen solo puedan jubilarse con 20 años de labor y, por tanto, de cotización en el Magisterio Nacional.
De acuerdo con Vargas ni el Bloque Patriótico, ni el PAC, ni el PUSC, quedaron satisfechos: «Estamos proponiendo que la asignación de las pensiones sea contra lista, que sea un régimen cerrado y que no pueda meterse cualquier persona».
Zamora también propone una modificación al texto para evitar que alguien que aportó a otro sistema de jubilación se le considere candidato en el régimen de los educadores.
«He tenido muchas reuniones con la gente del Magisterio y no sé si es que no me entienden o que yo no los entiendo. Simplemente en el partido hemos sido muy celosos de que esto sea lo más cerrado posible, que sea el beneficio legítimo de los 7.700 que quedaron por fuera, pero ellos dicen que no», señaló a UNIVERSIDAD.
Rodríguez asegura no objetar las propuestas, mientras no tengan un carácter  inconstitucional.
El dictamen
Según el dictamen afirmativo de mayoría (8 de octubre, 2003), que reforma la Ley No. 7531 del 13 de julio de 1995: «Quienes al 18 de mayo de 1993 o al 13 de enero de 1997 hubieren servido al menos durante veinte años al Magisterio Nacional, mantendrán el derecho de pensionarse o jubilarse bajo el amparo de la Ley No. 2248, del 5 de setiembre de 1958 y sus reformas, y bajo el amparo de la Ley No. 7268, del 14 de noviembre de 1991, respectivamente. Asimismo, quienes en las fechas referidas en el párrafo anterior, no alcanzaren los veinte años de servicio y hayan operado su traslado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, no podrán obtener los beneficios establecidos en el presente artículo.»