Irregularidades serán penadas directamente con suspensión para grupos políticos
El Tribunal Supremo de Elecciones deberá cumplir un rol más activo, aseguran los diputados.
La suspensión inmediata de un partido político si se le descubren donaciones de dudosa procedencia, la salida de alguno de sus integrantes que recaude dinero cuestionable o el envío a la cárcel de una de estas personas son parte de las reformas que plantean algunos diputados.
La iniciativa surge luego del escándalo nacional sobre las donaciones hechas a la campaña del Presidente de la República, Abel Pacheco, por parte de bancos nacionales, donantes particulares de origen taiwanés y empresarios, así como políticos costarricenses.
Uno de los principales impulsores de estos cambios es el legislador Humberto Arce, del Bloque Patriótico (BP) quien propone las reformas más fuertes para que sean incorporadas tanto en el Código Electoral como en una nueva legislación.
 
Según Arce, los partidos políticos tradicionales están abrumados por la crisis que recién pasa y están dispuestos a tramitar una nueva ley.
«Hasta ahora la Sala Constitucional se encargaba de resolver algunos de los asuntos más trascendentales que le tocan en realidad al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Por ejemplo, el voto sobre el secreto bancario fue un duro golpe para indagar sobre el origen de ciertas donaciones», especificó Arce.

MÁS CUIDADO

El financiamiento mediante bonos -en criterio de este legislador- ha resultado desacreditado, especialmente por las estructuras paralelas que se descubrieron mediante las que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) recibió donaciones desde la sucursal del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) con sede en Panamá.
Primero se evidenció que en la cuenta bancaria Gramínea Plateada S.A. se depositaron tres cheques por ¢15 millones.
Waked Internacional S.A., empresa también radicada en Panamá, donó $30 mil.
Una reciente denuncia fue hecha por el BP contra el Partido Acción Ciudadana (PAC) pues alegó que había recibido ¢10 millones que no reportó al TSE.
Ottón Solís, líder de esa agrupación política, negó en las últimas semanas que esos fondos hayan sido mal utilizados y que el monto se invirtió en la elaboración de camisetas alusivas al PAC.

EXCUSA PERFECTA

Una de las más grandes deficiencias que contienen las legislaciones regulatorias de las donaciones y los procesos de elección popular es que los tipos penales –según reconoce el mismo TSE– están mal elaborados.
«Se necesita que la nueva ley sea técnicamente correcta desde el derecho penal que la hace inaplicable», especificó Arce.
«La sanción penal propone ampliar las sanciones administrativas, las donaciones recibidas de extranjeros y definir la obligatoriedad de que las finanzas reporten todos los ingresos y egresos».
En establecer controles más fuertes también coincidió el verdiblanco Luis Gerardo Villanueva, quien preside la comisión especial legislativa que indaga las donaciones hechas a los políticos.
La propuesta de este legislador está basada más que todo en la creación de una superintendencia de partidos políticos que vigile más de cerca la administración de sus ingresos y egresos, «que sean acordes, aparte de saber con exactitud quiénes hicieron las donaciones».
Esta superintendencia estaría adscrita al TSE en materia de financiamiento y también podría fiscalizar lo que constituyen los procesos internos que se manejan en las agrupaciones».

MEJOR ADMINISTRACIÓN

Otro planteamiento de Villanueva es que no se gire un ciento por ciento de los dineros a que tiene derecho una agrupación por la deuda política -que ayuda a financiar la campaña electoral de cada grupo- sino un 30%.
«De ese porcentaje, espero que un 15% sirva para financiar las campañas y otro monto igual que se distribuirá por partes, mensualmente -durante cuatro años- para que cada grupo pueda cubrir gastos de planilla, alquiler de clubes y servicios», aseveró.
«Esto hace que los partidos no anden en congojas económicas cada cuatro años porque viene una financiación a los procesos internos. Hay que reconocer el gasto en signos externos porque, de lo contrario, los partidos buscarían ayuda privada».
Tanto Arce como Villanueva coinciden en que se contemplan limitaciones o castigos a personas jurídicas que hagan donaciones dudosas así como el establecimiento de un Código de Procedimientos Electorales.
El trabajo de estos legisladores junto con el diputado Rolando Laclé – uno de los líderes principales de la bancada oficial -suscitaría un posible proyecto de ley conjunto por presentarse en febrero próximo, según confirmaron los parlamentarios.
La iniciativa tiene buen ambiente en la Asamblea Legislativa y Laclé, diputado de gobierno, está de acuerdo con estas reformas si bien no es tan agresivo en sus propuestas específicas.
Se le trató de consultar en su despacho pero su asesor en la materia, Rónald Alpízar dijo que el diputado andaba al cierre de esta edición fuera del país.
Aclaró también que solo Laclé podía dar este tipo de declaraciones y ningún asesor estaba autorizado a hacerlo por él.
Los magistrados del TSE presentaron una propuesta de reforma electoral hace tres años ante el parlamento, pero no contenía normas de control político tan específicas como plantean ahora los citados legisladores.