La construcción -por ejemplo- de represas hidroeléctricas,  son para el país una inversión y no un gasto corriente, aseguró el informe de los notables que analizaron el ICE.
«Al forzar a las instituciones públicas como el ICE a no invertir sus superávit sino colocarlos en bonos de Hacienda, lo que el Gobierno está haciendo es precisamente, pedirle prestados esos recursos al ICE y a las otras instituciones que, para hacerle estos préstamos, se ven forzadas a descuidar sus verdaderas responsabilidades».
Esta determinación a la que llegó la «Comisión de alto nivel para el análisis de la situación financiera del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)», plantea la interrogante de si los cuestionamientos contra esta entidad fueron una crisis inventada o si realmente había dudas razonables en torno a su situación financiera.
Si como lo señalaron los notables, las autoridades gubernamentales son las culpables de que el ICE descuide sus responsabilidades, cabe preguntarse ¿por qué algunos funcionarios se han sumado a la tarea de desacreditarlo?
Del mismo equipo de gobierno del mandatario Abel Pacheco, salieron serias conjeturas acerca de los manejos financieros en el ICE -especialmente de miembros del Consejo Económico, asesores y del Ministro de Hacienda-,  quienes por ser parte de la administración pública deberían tener menos dudas en cuanto a su manejo, que los del sector privado con sus intereses empresariales.
El informe de la comisión de notables, cuyo contenido no ha recibido una detallada divulgación en los medios de comunicación, deja pésimamente parados a los últimos gobiernos, al señalarlos como los verdaderos culpables del deterioro del ICE y sus servicios.
Dicha comisión estuvo integrada por Leonel Fonseca, exregulador de los servicios públicos; Leonardo Garnier, exministro de Planificación; Carlos Muñoz, exministro de Hacienda; Guido Villalta, delegado del Arzobispo; y José Manuel Echandi, defensor de los habitantes.
Ellos concluyeron que en el ICE no existe una doble contabilidad, que sus manejos administrativos se rigen por la normativa que establece la Contraloría General de la República, y su balance financiero es altamente superavitario.
De esta manera desmintieron los principales cargos que le hicieron a la institución y que motivaron la investigación.
En relación con este tema se consultó al presidente de la Cámara de Industrias y exregulador de los servicios públicos, Rafael Carrillo; y al asesor presidencial y directivo del ICE, Pablo Ureña.
Por estar fuera del país, el ministro de Hacienda -Alberto Dent- quedó de  contestar para la próxima edición un cuestionario que se le envió. El coordinador económico del gobierno -Ronulfo Jiménez- prefirió no opinar sobre el tema y tampoco fue posible obtener el criterio del presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Empresas Privadas -Samuel Yankelewitz, a quién se le llamó en varias oportunidades, pero estaba en reuniones y después salió del país, según dijeron en su oficina.

JUEGO CONTABLE

Respecto al informe de los notables -presentado en un documento de 143 páginas que puede ser visto en Internet (www.dhr.go.cr)-, este hace importantes revelaciones sobre los manejos políticos y financieros de los gobernantes con instituciones como el ICE.
Para los especialistas, las directrices que frenan y posponen las inversiones públicas, «estacionando» los excedentes de las instituciones superavitarias en forma de bonos de Hacienda, no tienen mayor sentido, «a menos que la veamos como un instrumento de cosmética fiscal. Que el superávit del ICE sea mayor o menor no tiene ningún impacto real en el desequilibrio fiscal, porque el ICE no se financia con impuestos, no recibe dineros del fisco y menos puede trasladar ese superávit a Hacienda para compensar el déficit del gobierno central».
Estiman que lo anterior «es un simple juego contable cuyo único impacto real – y ése sí puede ser muy importante – es el atraso que se provoca en las inversiones necesarias para el desarrollo nacional, al no permitir que esas inversiones se financien con los dineros que los costarricenses pagaron – como parte de la tarifa – precisamente para financiarlas y garantizar el mantenimiento y ampliación de la cobertura y la calidad futuras de dichos servicios».
Al referirse al informe de los notables, el directivo Pablo Ureña -quien ha cuestionado la administración del ente- aseguró que aporta elementos que «son enriquecedores para la visión que debemos desarrollar en el ICE».
Sobre los aspectos puntuales -agregó- relacionados con la contabilidad, y la condición superavitaria, se conocían los resultados desde antes, al saberse cuál  metodología (no la del Fondo Monetario Internacional -FMI-) usaría ese grupo (los notables) para analizar las finanzas del ICE.
Tanto Ureña, como el presidente de la Cámara de Industrias -Rafael Carrillo-, coincidieron en que había dudas razonables acerca de la salud financiera de la citada institución y por eso se justificó la indagación.
Por otro lado, el asesor presidencial dijo que no creía que el ICE experimentara ahora o antes una crisis en sus finanzas, sino que lo que ha habido son episodios de enfrentamiento entre los distintos encargados de la política hacendaria y el sector financiero de la institución, originados en la aplicación de la metodología con que se deben evaluar sus finanzas.

MONOPOLIO EXITOSO

Al referirse a si el ICE podría ser un modelo monopólico exitoso, Ureña expresó que «no tengo inconveniente con un servicio público en monopolio, siempre que sea eficiente y absolutamente transparente, pues estos no se hicieron para alcahuetear ineficiencias, ni para introducir opacidades donde todo tiene que ser público».
En su opinión, quitarle amarras al ICE implica tener un sistema de contratación expedito, aplicar a las finanzas cuanto antes la metodología del FMI de 2001, y operar a partir de planes estratégicos de carácter nacional.
Por su parte, Carrillo calificó como bueno el informe y lo respaldó en su mayoría, aunque mencionó algunas de las deficiencias allí recogidas, como las faltas de criterio, de eficiencia, de rentabilidad social y de rendición de cuentas en las inversiones del ICE.
Externó la misma duda que Ureña, en cuanto a la conveniencia expuesta por los notables de convertir al ICE en una empresa pública, tema en el que consideraron les faltó profundizar.
A pesar de que la Cámara de Industrias solicitó (en carta firmada por Jack Liberman, como presidente interino) a la Contraloría General de la República que «investigue profundamente al ICE», Carrillo mostró extrañeza de que alguien pudiera pensar que este tuviera doble contabilidad.
Rechazó que hubiera en las quejas contra el ICE un deseo de privatizarlo, ya que «lo que se busca es tener una institución fuerte, eficiente y clara en su contabilidad de costos»; pero no descartó la necesidad una apertura comercial en los servicios.
Carrillo manifestó no compartir las políticas gubernamentales de obligar al ICE de comprar bonos estatales, en vista de que esto le quitó posibilidades de inversión, especialmente en el área de las telecomunicaciones, y de mejorar la calidad de sus servicios.