El presidente Abel Pacheco y su homólogo de México, Vicente Fox, mantuvieron conversaciones en el marco de la XII Cumbre Iberoamericana realizada en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia
La urgencia de encontrar alternativas a un modelo económico que agudiza las tensiones sociales y ha sumido en la pobreza a millones de latinoamericanos ocupa un espacio cada vez mayor en el escenario internacional. Los participantes en la  XII Cumbre Iberoamericana aprobaron el 15 de noviembre, en Santa Cruz de la Sierra, un documento donde reconocen que «que las reformas económicas estructurales llevadas a cabo con tanto sacrificio por nuestros pueblos y por nuestros gobiernos, en muchos casos no han producido resultados suficientes sobre la disminución de las desigualdades y de la exclusión social, e incluso en algunos casos han significado un retroceso o profundización de estos fenómenos».
Hace tan solo unas semanas, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), dio a conocer su documento anual sobre el panorama social de América Latina. En 2002, dice el documento, «el número de latinoamericanos que vive en la pobreza alcanzó los 220 millones de personas, de los cuales 95 millones son indigentes, lo que representa el 43,4 % y 18,8% de la población respectivamente». El proceso de superación de la pobreza se estancó durante los últimos cinco años, con tasas de pobreza e indigencia que se han mantenido prácticamente constantes desde 1997, añade la CEPAL.
Las «reformas estructurales» a las que alude la Declaración de Santa Cruz son precisamente las que dieron base a un modelo de desarrollo basado en la privatización de las empresas públicas, la apertura comercial y en privilegiar la atracción de inversiones extranjeras, aplicadas por los países latinoamericanos a partir de los años 80. Veinte años después se hace evidente lo que ahora la Declaración de Santa Cruz reconoce, con el lenguaje diplomático característico de esos documentos: han aumentado las desigualdades y la exclusión social.

DESIGUALDAD

La cumbre estuvo dedicada al tema de la desigualdad y la exclusión social por sugerencia del país anfitrión, Bolivia. El tratamiento del tema tomó mayor relevancia por los cambios políticos ocurridos hace poco más de un mes en ese país, que terminaron sirviendo como telón de fondo para la cumbre.
El expresidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Losada, era precisamente una de las figuras emblemáticas de las reformas neoliberales. En su primer gobierno creó la figura de «capitalización» de las empresas públicas que fue saludada como otra forma creativa de privatizar los activos del estado. Una década después, precisamente cuando le tocó asumir nuevamente la presidencia de la República, Bolivia, una de las naciones más pobres de América Latina, estaba enfrentada no solo a un agravamiento de esa pobreza, sino a un déficit fiscal inmanejable. Un alzamiento popular terminó por obligarlo a renunciar, no sin antes mandar a reprimir y matar decenas de personas que protestaban contra sus políticas económicas y sociales.
La caída de Sánchez de Losada permitió que el nuevo gobierno enfatizara el tratamiento del tema en la declaración aprobada. Para valorarla adecuadamente se debe tener presente que, junto con gobierno como el de Brasil y Argentina -que han asumido la tarea de revisar las consecuencias del modelo neoliberal y buscar necesarias alternativas- estaban otros, como el de España y Portugal, encabezados por políticos conservadores, y diversos latinoamericanos, todavía partidarios de mantener y ahondar las políticas seguidas en los últimos lustros.

DEUDA

Otro tema que ejerce una presión cada vez mayor sobre la agenda internacional es el de la deuda, estrechamente vinculado al anterior.
Las reformas aplicadas en los años 80 se centraron en el argumento de una necesaria disciplina fiscal: los gobiernos no podían gastar más de lo que recaudaban. En medio de procesos inflacionarios de más de 1000% en algunos países, la receta ganó adeptos, sin que se advirtiera claramente que, detrás de esa propuesta, estaban las medidas orientadas simplemente a apretar el cinturón para que nuestros países pudieran cumplir, por lo menos, con el pago de intereses de la deuda. Para eso hubo que vender empresas públicas y recortar los gastos del estado.
Veinte años después, el resultado está a la vista: las empresas privatizadas ofrecen servicios a un sector de la población integrado al nuevo modelo de desarrollo, pero son incapaces de promover la incorporación de la mayoría a ese proceso; los estados están desfinanciados y sin armas para desarrollar verdaderas políticas públicas; y, de todos modos, incapaces de hacer frente a una deuda que no deja de crecer, pese a haber sido pagado ya varias veces. O sea, el modelo ha tocado fondo. La diferencia es que ahora, tímida pero oficialmente, empieza a reconocerse y la Declaración de Santa Cruz viene a añadir un documento más a esa lista.
Ahí se señala la necesidad de que el tema se resuelva «de manera efectiva, justa y duradera», tomando en cuenta que «los planes de ajuste económico preserven los principios de equidad y justicia social, así como la lucha contra la pobreza, el hambre y la desocupación».
Asimismo se sugiere que, luego de un estudio técnico y de negociaciones con los gobiernos, los organismos financieros internacionales consideren la «conversión de la deuda externa por inversión en educación, ciencia y tecnología, según sea el interés de los Estados». Y, finalmente, advierten: «Las demandas sociales insatisfechas de nuestras poblaciones constituyen una amenaza a la gobernabilidad democrática».
El peligro que entraña la actual situación es tan evidente que hasta el presidente del gobierno español, José María Aznar, un conservador convencido de las bondades del modelo, añadió su voz a la de los demás para reconocer esa amenaza.
La voz más crítica al modelo surgió de la cumbre paralela. En el acto de clausura de esa reunión el diputado Evo Morales, dirigente indígena del Movimiento al Socialismo (MAS), leyó, en las conclusiones, una crítica al modelo neoliberal y reiteró la oposición a sumarse al Area de Libre Comercio de las América (ALCA), un modelo impulsado por Estados Unidos para integrar el hemisferio bajo los principios de la política neoliberal que se ha aplicado en los últimos 20 años.
Sobre el tema, los presidentes de Brasil, Argentina, México y Chile acordaron una posición común. Según el canciller argentino, Rafael Bielsa, se trata de conformar un «bloque férreo en lo conceptual y articulado en lo puntual» para enfrentar las negociaciones que iban a continuar el 16 de este mes, en Miami.
Finalmente, la cumbre acordó crear una Secretaría permanente, una propuesta de España cuyos detalles deberán ser precisados en los meses próximos, para ser aprobados en la cumbre de 2004, que se llevará a cabo en San José.