Años atrás los hombres podían ir por la vida practicando su sexualidad  de manera desordenada e irresponsable, dejando a su paso  mujeres embarazadas e infantes en  abandono sin preocuparse por las consecuencias de sus actos.
Ante ello, las mujeres debían buscar y perseguir al padre de su criatura para que, de alguna forma y por pura insistencia, este  respondiera al menos económicamente  por la persona que había ayudado a procrear. Muchos negaban su participación e incluso ponían testigos falsos cuando la madre  trataba de demostrar ante las autoridades dicha paternidad.
No obstante, esa situación varió gracias a la Ley de Paternidad Responsable, la cual faculta a toda mujer a señalar el nombre del presunto padre de su criatura y obliga al hombre a someterse a una prueba de ADN para corroborar si es el progenitor del infante.
La aprobación de esta ley ha influido directamente en la disminución de nacimientos sin padre declarado. En 2000, cuando aún no existía dicha disposición legal, se registró un 31% de nacimientos de este tipo, mientras que para 2002 esta cifra descendió a un 8%. Eso significa una reducción del 74,2%.
Este  tema  fue tratado en profundidad  durante la conferencia «Balance sobre la Ley de Paternidad Responsable», organizada por el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer (CIEM) de la  Universidad de Costa Rica (UCR), el 11 de noviembre.
El evento contó con la participación de Rosalía Gil Fernández, Ministra de la Niñez y la Adolescencia; Ligia Martín Salazar, Directora de la Defensoría de la Mujer; Esmeralda Britton González, Ministra de la Condición de la Mujer y Laura Guzmán Stein, directora del CIEM.
Gil considera que el ejercicio de una paternidad responsable constituye un aspecto fundamental para el disfrute real de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.
Por su parte, Britton aseguró que esta legislación permite que  niños y niñas  se desarrollen dentro de un  marco de mayor justicia y a la vez pone a disposición de las mujeres un mecanismo más accesible y ágil para hacer valer sus derechos.
Martín destacó  que esta ley disminuye asimetrías en el ejercicio de la paternidad y maternidad y posibilita a las  mujeres compartir algunas responsabilidades  derivadas de la procreación, las cuales por disposiciones del  patriarcado habían ellas asumido históricamente de manera individual.

TRABAS Y POSIBLES SOLUCIONES

Durante el acto también se discutió sobre las trabas que presenta dicha ley y sus  posibles soluciones. Una de las mayores es el funcionamiento del laboratorio donde se realizan las pruebas de ADN para determinar la paternidad.
Este último está bajo la dirección general del hospital San Juan de Dios, lo que limita su funcionamiento debido a aspectos burocráticos. Por ejemplo, existe un continuo atraso en la asignación de presupuesto para la adquisición de reactivos y otros requerimientos.
Martín planteó la necesidad de separar  dicho laboratorio del mencionado hospital, para darle autonomía, pero sin desligarlo de  la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Esto para evitar problemas administrativos y disponer de mayor independencia.
Otro problema es que la ley estipula que si un hombre se ve obligado a realizarse el examen de ADN, pierde automáticamente la patria potestad de su hijo o hija por haber dudado de su paternidad. Para recuperarla debe acudir a  los tribunales de justicia. Esto quiere cambiarse  para que cuando exista duda razonable y el presunto padre acceda voluntariamente a realizarse la prueba, no pierda ese  derecho.
Otra modificación es para que se pueda mencionar más de un nombre, en caso de que exista duda razonable acerca de quién es el padre, ya sea porque la mujer tuvo más de un compañero sexual o porque se trate de trabajadoras del sexo.
«Si en este país no está prohibida la prostitución, eso significa que la mujer está ejerciendo su trabajo con diferentes hombres y pudo haber quedado embarazada de cualquiera», enfatizó Martín.
De igual forma en los casos de  violación, para que se le permita a la mujer nombrar a los hombres que participaron en el acto y  que todos sean sometidos al examen de ADN.

FACTORES SOCIALES

Todas las expositoras coincidieron en que los problemas de paternidad irresponsable se deben principalmente a construcciones sociales impuestas por el sistema patriarcal, que asigna a la mujer labores incuestionables de madre, mientras que al hombre lo absuelve de sus funciones de padre.
Britton denunció que las instituciones sociales (familia, educación, medios de comunicación) continúan legitimando las representaciones sociales de paternidad  como expresiones del patriarcado, promoviendo la reproducción de inequidades y discriminaciones en la crianza de infantes y adolescentes.
Añadió que  el reto principal es una transformación sociocultural en la cual hombres y mujeres ejerzan paternidades y maternidades corresponsables, involucradas y acompañantes de los procesos de crianza  de niños y niñas desde la igualdad y el respeto de los derechos para todas las personas.
Gil Fernández aseveró que la figura  del hombre proveedor promueve la ausencia emocional del padre, el cual deja  de lado funciones familiares y  procesos de comunicación afectiva. Por tanto considera  que debe iniciarse el cuestionamiento de la paternidad hegemónica tradicional.
Guzmán cree que es necesario crear formas diferentes de percibir la sociedad de una manera más justa. Este cambio se puede dar desde las universidades, pero también depende de los hombres y mujeres con conciencia de género, quienes deben ser líderes y fomentar la búsqueda de la equidad, finalizó.