Coinciden en que falta transparencia en la divulgación de las negociaciones
Los expositores coincidieron en que la apertura de las telecomunicaciones llevaría a aumentar las tarifas sectoriales y geográficas
Fuertes críticas por la falta de transparencia en el detalle de lo que se está negociando en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Estados Unidos plantearon economistas y políticos en un foro organizado por los Amigos de la Universidad para la Paz (UPAZ).
Esa fue una de las conclusiones que se derivan de la actividad en la cual hubo posiciones muy diversas, desde las que están de acuerdo con un convenio comercial en que se logre de alguna manera más ventajas para el país hasta quienes consideran que debe ser rechazado como proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.
El simposio tuvo una metodología que permitió absoluta libertad a cada uno de los expositores quienes expusieron desde conceptos básicos sobre lo que es un tratado comercial hasta efectuar un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de este tratado.
Los expositores fueron Rodrigo Carazo, expresidente de la República; Juan Manuel Villasuso, exministro de Planificación y Wilburg Jiménez, exministro de Planificación.
Como oradores invitados se presentaron los académicos José Luis Vega, Francisco Escobar, Juan José Sobrado, Henry Mora, Miguel Gutiérrez y Miguel Sobrado.

«NO GENERA DESARROLLO»

Algunos de los expositores como Carazo, Villasuso y Mora coincidieron -en sus exposiciones hechas por aparte-que el TLC no implica desarrollo por sí mismo como algunos negociadores centroamericanos y ministros de economía han hecho ver a la población. Lo mismo opinaron con respecto al libre comercio.
«No es cierto que los países que tienen economías más abiertas crecen más rápidamente; no es cierto que los países que tienen una economía más abierta desde el punto de vista del comercio pueden reducir la pobreza», dijo Villasuso.
En su interlocución este economista dijo que la mayoría de los interlocutores enfatizó en el hecho de que el país no se ha planteado un nuevo modelo de desarrollo desde los años 50 del siglo pasado, lo cual repercute negativamente en las actuales condiciones de negociación.
Por eso es que resulta difícil, dijeron los expertos, definir cuál es el papel que el TLC puede jugar dentro de una estrategia de desarrollo costarricense.

¿COMERCIO TAN LIBRE?

«La realidad es que no hay libre comercio; esa es la realidad del comercio internacional. De hecho en el grupo G-8 se definen los grandes parámetros de la economía mundial: tasas de cambio y tipos de interés», recalcó Villasuso.
«Por lo que estamos viendo en el mundo son las grandes megafusiones como monstruos del comercio internacional, que a su vez controlan los otros elementos fundamentales del comercio las que tienen que ver con el transporte y el financiamiento».
También hubo coincidencia entre los panelistas en el sentido de que los TLC -desde la Ley de Comercio de los Estados Unidos y la Súper 301-constituyen instrumentos políticos y no son simplemente actividades económicas.
Un ejemplo, según citaron, es la nueva Ley de Bioterrorismo mediante la que todo el comercio se verá afectado por esta decisión que no tiene nada que ver con el comercio propiamente, sino con consideraciones de carácter político.
Además, según señalaron Carazo y Villasuso, estos tratados se han convertido en un encuentro de intereses de carácter ideológico tanto de Estados Unidos como del país.

POSICIONES DIVERSAS

En Costa Rica, aseguraron los especialistas, se dan las posiciones desde la apologética -que ve al TLC como la panacea del desarrollo–, hasta la ecléctica -«si se logra una buena negociación a lo mejor no nos va tan mal»–, la apocalíptica -«con el tratado se destruirá el país»-y los resignados -quienes aseguran que no hay nada que ya se pueda hacer–.
El sector más crítico de los panelistas, como Henry Mora, Director de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional compartió la idea de que este convenio no es de libre comercio, sino un Tratado de Comercio Preferencial.
Si fuera de libre comercio -argumentó- no se entraría en tantos detalles comerciales de preferencias, aranceles y pesos sino que se suscribiría en media página donde las partes contratantes se comprometen a tener un libre comercio de bienes, servicios y materia prima.
Otro de los aspectos más cuestionados fue no haber negociado mejor el TLC antes de comenzar las rondas de negociación, partiendo solo de lo que a Estados Unidos le interesaba.
Así, Costa Rica recién obtuvo en la octava ronda las mismas ventajas que tiene en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe que, únicamente para la parte de textiles, se vencía en el 2008.
Carazo fue uno de los que más enfatizó en que le preocupa sobremanera que el sector agrícola del país sea el gran perdedor y al que hayan «vendido» los negociadores comerciales costarricenses.
También mencionó a los productores de lácteos, azúcar, arroz, carne, pollo y porcicultores.
Otro de los aspectos cuestionados durante el foro es por qué la Sala Constitucional resolvió afirmativamente el acceso a la información sobre el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), el secreto bancario en materia de financiamiento político «y pensamos que va a derogar el secreto con que el Partido Unidad Social Cristiana ha realizado contrataciones con fondos públicos».
Pero, en contraste, dijo el Defensor Adjunto de los Habitantes, Max Esquivel, «la Sala creó perplejidad con la resolución de que las relaciones comerciales deben conservar la confidencialidad hasta tanto no estén terminadas, por lo que creemos hay un avance distinto».
«La Defensoría, al no contar con estos datos cree importante hacer una llamada de atención sobre aspectos importantes antes de llegar a la firma de un tratado de este tipo. Entre estos está el impacto fiscal que, con su entrada en vigencia, pasará los costos del mismo a los consumidores, bajo la forma de impuestos indirectos ya que 46% de la recaudación fiscal se vería disminuída con las exoneraciones acordadas a las importaciones».
Esquivel también advirtió sobre la eventual apertura en telecomunicaciones que antes de que se dé «es necesario que haya reglas del juego bien claras para la contratación, la concesión y la regulación tarifaria. A este propósito se debe mantener como autoridad responsable a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y no crear una nueva administración que llegaría incluso a ser complaciente».