Ya sean adultos o jóvenes, el clamor contra el TLC crece entre los costarricenses.
Más de dos docenas de organizaciones sociales de distinta índole, se pronunciaron en contra o expresaron serias dudas en torno a la eventual aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos, en el foro «Diálogo nacional por una Costa Rica inclusiva».
Si bien algunos grupos de la sociedad costarricense consideran conveniente que el país se inserte mejor en la economía mundial, las objeciones a este TLC fueron unánimes, pues estiman que en términos generales y según  como ha sido planteado hasta ahora, ese acuerdo comercial no implicará un mayor bienestar para la población.
Las agrupaciones sociales que participaron en el foro presentaron ponencias sobre los posibles alcances del tratado,  y en cada una plantearon que dicho TLC se ha convertido en «un enemigo del pueblo». Al igual que en la obra del dramaturgo noruego Henrik Ibsen que lleva este nombre, el personaje principal buscaba el bien para los habitantes de su comunidad.
La actividad en mención tuvo lugar en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica el pasado 18 de noviembre, y fue auspiciada por la Pastoral Social de la Iglesia Católica, la Defensoría de los Habitantes, la presidencia del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.
Aunque a la cita estaban invitados los exmandatarios de la República, solo acudió Rodrigo Carazo Odio; Luis Alberto Monge envió un documento en el que consignó su posición respecto al tratado. (Ver entrevista en página 6)
Por la iglesia católica estuvieron el arzobispo Hugo Barrantes, y los obispos Francisco Ulloa, Ángel San Casimiro y Rafael Barquero.
En representación de las organizaciones sociales hubo una participación muy heterogénea; se hicieron presentes delegados de grupos cristianos, sindicales, feministas, empresariales, gremiales, campesinos, agricultores, ambientalistas.
En su mayoría, rechazaron que durante el proceso de negociación del TLC haya existido algún diálogo entre la contraparte gubernamental y los distintos sectores de la sociedad, como tampoco suministro de información.
La idea de los organizadores es que con base en las ponencias se prepare un documento que recoja las principales preocupaciones y planteamientos, el cual será enviado luego al presidente Abel Pacheco.
 
CERO DIÁLOGO
 
El presidente de la CONARE y rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Eugenio Trejos, al abrir el foro, dijo que «como universitarios nos interesa tender puentes para establecer diálogos democráticos».
Por su parte, el defensor adjunto de los habitantes -Max Esquivel- explicó que ese encuentro era un espacio para que opinaran aquellas personas que no han podido hacerlo.
Y de verdad que este «Diálogo nacional por una Costa Rica inclusiva» arrancó como un foro de desahogo para muchos sectores que no han podido ser escuchados por el gobierno ni el equipo negociador del TLC. De allí que fueran muchas las quejas por este «diálogo de sordos» que ha existido.
En este sentido, el expresidente Carazo Odio fue el primero en criticar el proceso de negociación seguido por las autoridades de gobierno: «a esta altura no hay posibilidades de diálogo, pues los negociadores llevan un año en ello y lo han hecho en representación de la población con secretismo».
La afirmación del exmandatario fue corroborada por la agrupación ambientalista COECOCEIBA-Amigos de la Tierra, al aseverar que la información oficial que recibieron del proceso negociador no ha sido de fondo o relevante, ni  distinta a la que publican los medios de comunicación.
Una queja similar planteó la agrupación feminista «Consejo de los 12 de puntos», para la cual «la información ofrecida ha sido general y los aspectos esenciales se han dejado para el final, lo que causa una gran incertidumbre».
Entretanto, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum reconoció que si bien el Ministerio de Comercio Exterior ha desplegado una estrategia divulgativa sobre las rondas de negociación, «no existe aún suficiente transparencia; no hay textos visibles sobre lo negociado, que nos asegure cuáles son sus alcances verdaderos».
El Consejo Nacional de Cooperativas, por su lado, recordó que el proceso costarricense de incorporación en los últimos años al comercio internacional, «ha carecido de una definición estratégica unitaria, surgida de la participación de los sectores productivos nacionales, de la sociedad civil en su conjunto y de los poderes del Estado».
 
SOBERANÍA EN PELIGRO
 
Otra de las preocupaciones expresadas por los grupos sociales, tiene que ver con el peligro que acarrea el TLC para distintas vertientes de la soberanía nacional.
El expresidente Carazo se refirió al riesgo que correría el país si se acepta la imposición de los tribunales arbitrales, los cuales resolverían las controversias comerciales que puedan surgir entre las partes.
Estos tribunales tendrían un carácter supranacional (por encima de las instancias del Estado) y podrían castigar al país cuando alguna empresa se sienta lastimada en sus intereses, tal como ocurrió recientemente con la firma petrolera Harken, que amenazó con demandarlo por un monto descomunal al no aprobarse  un permiso para explorar el subsuelo limonense.
Carazo cree que estos tribunales representarían una violación elemental a los derechos y si Costa Rica se somete a ellos «será un suicidio», advirtió.
Coincidió con él la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la cual indicó que «las reglas que Estados Unidos pretende negociar para proteger a los inversionistas extranjeros, limitarán -irreversiblemente- la autonomía de nuestro país».
Pero no solo la soberanía legal estaría en juego. La potestad del Estado de utilizar medicamentos genéricos -en vez de los de marca producidos por grandes transnacionales-, sería anulada con la aprobación del TLC, y así lo afirma el «Comité nacional de defensa de la seguridad social y de la Caja Costarricense del Seguro Social».
Esta organización -junto con la Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos- opina que está en juego «la capacidad soberana de nuestro país para dictar políticas nacionales de desarrollo y de manera particular políticas de salud».
De ser aprobado el TLC, piensan que habrá «una mayor interferencia por parte de las grandes transnacionales farmacéuticas y de agroquímicos, sobre los precios de los productos, lo cual repercutirá de manera negativa sobre el derecho de nuestra población al acceso universal de las medicinas y sobre los costos de la producción agropecuaria».
Al respecto, la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional hizo ver que a Estados Unidos no se le deben dar más concesiones más allá de las ya contempladas en las leyes vigentes sobre propiedad intelectual. Hacerlo, agregaron, acarreará problemas en el mediano y largo plazo a los asegurados, quienes verán disminuido el cuadro básico de medicamentos genéricos.
 
ALIMENTOS TAMBIÉN
 
Igual de enfática es la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores (UPANACIONAL) y la Asociación Proyectos Alternativos para el Desarrollo (PROAL), en cuya ponencia sostienen que «la resistencia a los TLC es un acto de soberanía y de sobrevivencia, incluidas en primer lugar, la soberanía alimentaria y el derecho de definir si el pueblo de este país quiere o no tener monopolios públicos, o el tipo de economía que le dé la gana, y no la que quieren imponer unos cuantos que dicen representar intereses nacionales».
En defensa de la soberanía alimentaria nacional, PROAL explicó que en este proceso de globalización, «los países del norte imponen subsidios de más de ¢1.000 millones al día para proteger su producción alimentaria, mientras exigen al sur la eliminación de todo tipo de ayuda a la agricultura, no solo de los subsidios, de por sí casi inexistentes, sino también de carteras de crédito».
Detalló, además, que -de manera paradójica- el gobierno costarricense, lejos de defender a sus  productores, propone «la eliminación de todas las formas de subsidio a la exportación de bienes agrícolas que se comercian entre las partes».
El organismo puso como ejemplo de la pérdida de soberanía alimentaria el caso de los productores de frijoles, quienes en 1995 sumaban 21.000 personas y cosechaban 34.000 toneladas por año. El año pasado, quedaban menos de 10.000 y la producción cayó a 14.000 toneladas. «Podemos asegurar que ya ni siquiera el gallo pinto es tico», lamentó.
Otro sector que presagia peligro para su actividad es el que produce huevos y carne de pollo, representado por la Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica.
«La principal amenaza que tiene el sector avícola costarricense es el producto distorsionado proveniente de Estados Unidos (…) que hace imposible competir en condiciones de igualdad con sus empresas avícolas».
Denunciaron a la producción avícola de ese país, porque «a través del uso y abuso de medidas no arancelarias (zoosanitarias, de inocuidad, de calidad, normativa técnica) han promovido en la práctica un mercado cerrado e impenetrable».
Dicha cámara es sumamente pesimista de cara al TLC, hasta el punto de afirmar que «en carne de pollo y sus derivados (formados) no tenemos más margen que la exclusión; así lo hemos dicho desde el inicio de las negociaciones y así lo reafirmamos en este etapa del proceso».
 
DESIGUALDADES
 
Por otra parte, agrupaciones de mujeres como el «Consejo de los 12 puntos», advirtieron que toda la legislación nacional estará supeditada y penalizada bajo los términos en que será suscrito el TLC.
«Mientras para Centroamérica este será un tratado con rango de ley, a nivel del Congreso, para Estados Unidos será un acuerdo de comercio. Son estas desigualdades, en general, las que hacen dudar de que se está ante un comercio justo, donde todas las partes serán beneficiadas de igual forma», manifestaron.
Las feministas lanzaron una fuerte crítica a los negociadores y técnicos costarricenses, en razón de que «no han sido personas críticas y defensoras de lo que el país ha logrado en legislación y paz social».
En cuanto a las implicaciones directas para las mujeres, prevén un mayor impacto para ellas, dado que por los esquemas laborales imperantes están siempre en desventaja frente a los hombres.
La apertura comercial que impulsaría el TLC «nos preocupa a muchas mujeres, porque el tipo de organización de la producción de la mayoría de industrias que fomentan, es bajo un modelo de contratación que discrimina a la mujer».
Sobre lo anterior, la Asociación Servicios de Promoción Laboral precisó que en un TLC se busca maximizar las ganancias y por ellos son vistos como un estorbo los beneficios y protecciones a los trabajadores.
Es por eso que «elementos como las conquistas de los y las trabajadoras, tales como la libre sindicalización, el pago de beneficios, seguridad social, seguridad alimentaria, se convierten en ‘subsidios’ o costos a la producción, los cuales encarecen y adhieren al producto o mercancía un valor que, necesariamente se debe de recuperar».
La preocupación de los ambientalistas también se hizo manifiesta en el citado foro, en el cual el grupo COECOCEIBA-Amigos de la Tierra censuró que Costa Rica favorezca el libre comercio y con ello «una visión de desarrollo caracterizada por la apertura de nuestra economía, privilegiando -entre otros- actividades basadas en la extracción y explotación de nuestros recursos naturales, la atracción de inversión extranjera en condiciones favorables para las compañías, con la premisa de que es positiva para el país».
De esta manera -añadió- ‘Costa Rica ha venido legitimando diferentes políticas, iniciativas e ideas, que lejos de beneficiar a los pueblos, se convierten en instrumentos que acentúan las desigualdades sociales y económicas, que año tras año se ensanchan más.
Crean frente de lucha
EDUARDO RAMÍREZ FLORES
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Con el fin de concertar esfuerzos divulgativos acerca de los alcances del eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos, representantes de diversas organizaciones políticas y sociales crearon un frente de lucha el pasado 17 de noviembre.
El acuerdo tuvo lugar en la casa del exmandatario y presidente del Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI), Rodrigo Carazo Odio, quien invitó a un grupo de personas a unir esfuerzos contra el TLC.
Entre los asistentes -casi 200- hubo delegados de partidos políticos, sindicatos, comunidades, y grupos ambientalistas.
Carazo dijo a este Semanario que el objetivo fundamental del frente de lucha será «que la gente conozca de qué se trata el TLC y el Área de Libre Comercio de América (ALCA)».
Para ello buscarán emplear todos los medios posibles de educación y de comunicación, «para que la gente pueda juzgar por sus propios medios y hagamos todo lo posible para que las autoridades al fin publiquen algo de lo que están haciendo, como lo están haciendo en otros países».
Carazo detalló que él ha impartido más de 200 charlas sobre el tema; pero, el plan es extender con otras personas y actividades la campaña de difusión.
Para el miércoles 26 de noviembre los representantes se reunirían con el fin de coordinar las tareas de los equipos de trabajo, los cuales son coordinados por el sociólogo José Luis Vega Carballo