-Primera Parte-
Este artículo es la publicación primera de una serie de tres. Por esos azares de la vida me ha correspondido estar en una comisión en la Asamblea Legislativa como Asesor Ad-Honorem, para analizar y evaluar las consecuencias de la introducción de un texto al artículo 2 de la ley 7531 del Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, el cual consiste en elevar a rango de ley la interpretación, que en una oportunidad hiciera la Sala Constitucional sobre el convenio 102 de la OIT.
 
La comisión esta compuesta por diputados de todos los partidos políticos, por asesores técnicos que representan al Gobierno, CONARE, Gremios Magisteriales, Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) e inclusive un padre de familia, que representa a los «papas» de los estudiantes.  El desenlace ha sido muy curioso, al inicio se solicita a la JUPEMA, que haga una exposición sobre la situación del Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, la exposición estuvo a cargo del Lic. Alfredo Hasbum, Director Ejecutivo de JUPEMA, el cual realizó una exposición extensa y clara, cuando se entró al espacio de preguntas y respuestas, se me participó haciéndoseme preguntas con el fin de aclarar algunas dudas.
 
Para la siguiente sesión, los diputados solicitaron la presencia del señor Ministro de Hacienda, este señor fundamentó su presentación en el precepto de que los maestros reciben más de los que cotizaron y para ello utilizó un ejemplo que acomodado a sus intereses, trataba de justificar lo que él pretendía evidenciar, para ello si acaso consumió 15 minutos.
 
Es lamentable que algo tan delicado e importante para los intereses de los costarricenses, y de la Hacienda misma, nuestras autoridades gubernamentales se basen en subterfugios para hacer vales sus razones, que en este caso no se han ajustado a la realidad, y todavía más lamentable que cuenten con asesores que se alejen de los principios éticos para crear confusión y caos, digo esto último porque la señora Irma García asesora del Ministro de Hacienda, y a la cual la señora diputada Maria Elena Núñez, le reconoció como virtud que 57 ex diputados estén arrepentidos de lo que aprobaron en el año 1995 por medio de la ley 7531, justifica que los resultados obtenidos en el estudio «actuarial» que prepararon ella y otros más en el año 1995, efectivamente demostraba que si la situación seguía como se venía presentando en dicho año en el año 2002, el costo de las pensiones para el Magisterio Nacional sería de 170,000 millones de colones, y que gracias a la aprobación de la ley 7531 esto no fue así. No puede esta señora estar más lejos de la verdad, las razones son las siguientes:
 
1. Los presupuestos de las pensiones aumentaron con la aplicación del convenio 102, debido a que algunos que se habían pensionado bajo el amparo de la ley 7268, cumplían los requisitos para migrar a la ley  2248, mejorando así el monto de pensión.
2. El total de personas pensionadas al 2002 era de 30,462, de esas solamente 640 se habían pensionado por la ley 7531, mientras que el 85% correspondían a pensionados por la ley 2248 y apenas un 13%, por la ley 7268, así las cosas es claro que la diferencia de lo proyectado con lo observado no debería ser mucha, pues la mayoría de las pensiones corresponden a la ley 2248, supuesto fundamental que usaron para obtener los costos.
Lamentablemente los números de doña Irma se alejan en mucho de la realidad,  y esto lo podemos observaremos en el cuadro que presentamos en el siguiente artículo.