Las montañas y cultivos de plátano rodean la cuenca del Térraba  en la reserva de Rey Curré (Foto: Vania Solano Laclé).
Después de treinta años, las comunidades indígenas de Boruca, Térraba y Rey Curré recibirían los títulos de propiedad de sus territorios; pero las  asociaciones de desarrollo denunciaron injusticias en el proceso de traspaso.
Gracias a una resolución de la Sala Constitucional, emitida el 16 de abril de 2002, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) fue obligado a realizar los planos catastrados de un total de 33.000 hectáreas y a entregar sus títulos de propiedad a estas comunidades indígenas.
El 5 de noviembre pasado, en un acto protocolario, el Gobierno de la República se preparó para entregar estos títulos a los representantes de los gobiernos locales (asociaciones de desarrollo) de estas reservas. Sin embargo, únicamente el representante de Térraba firmó las escrituras. Los delegados de Rey Curré y de Boruca se negaron pues están inconformes con los planos y con las anomalías del proceso, según denunciaron.
Estos pobladores critican, principalmente, que se les cobró por este trámite cuando por ley debió haber sido gratuito y se debió haber realizado hace más de  30 años. Además, fraccionaron los terrenos en parcelas, en lugar de conformar un solo espacio colectivo que después ellos distribuyen según sus decisiones. Y en tercer lugar, tanto el río Térraba como los caminos públicos y un terreno de 600 hectáreas, han sido excluidos de los planos, al aducirse que son propiedad del Estado.
Todo esto tiene que ver con la noción errónea que se maneja de territorio indígena, mediante la cual se ha limitado a estas comunidades el espacio para desarrollarse, sin respeto por su especificidad cultural y negándoseles derechos. Por ejemplo, sólo por el hecho de no contar con los títulos de propiedad de estas tierras, estas comunidades no han podido recibir pagos por servicios ambientales (PSA) por los bosques y cuencas que protegen desde siempre.

NUNCA PRIORIDAD

Boruca, Térraba y Rey Curré, al sur del país, son tres de los 23 territorios indígenas aún sin titular. Danilo Chaverri Barrantes, abogado que trabaja con estas asociaciones de desarrollo, explicó que estas tierras se declararon propiedad de los indígenas desde 1939, mediante la Ley General de Terrenos Baldíos.
Luego en 1957 se reconocen y fijan los límites de las primeras reservas, entre ellas la Boruca-Térraba; pero los terrenos se inscribieron a nombre del IDA. En 1977, con la promulgación de la Ley Indígena y la creación de las asociaciones de desarrollo -que son como gobiernos indígenas-, se inscriben estas tierras. Pero nada sucedió, hasta 2000.
«Desde hace treinta años hay un mandato de titulación que ha sido ignorado. Esas escrituras no se habían hecho porque los indígenas nunca han sido prioridad para el Estado», enfatizó la antropóloga Vania Solano Laclé.
En el 2000 se iniciaron las negociaciones con el IDA para el traspaso de tierras; pero como seguían poniendo «peros» la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Curré de Boruca, interpuso un recurso de amparo que se ganó con el voto 2002-3468 de la Sala Constitucional, en el cual se señalaba la violación a los derechos de los indígenas.
«Se ordena al IDA iniciar de inmediato los trámites necesarios para realizar los levantamientos topográficos necesarios para traspasar (registralmente) a las comunidades indígenas correspondientes, los terrenos pertenecientes a la reserva Boruca-Térraba. Dichos planos deberán estar concluidos a más tardar seis meses después de la notificación de esta sentencia», dice el documento.
Tres meses después el IDA no había iniciado acciones y argumentaba falta de presupuesto y problemas de planificación. Se presionó y finalmente en octubre de este año anunció que se cobrarían ¢9 millones por el traspaso de tierras.
En la Ley Indígena de 1977 se señala que «los traspasos del Estado a las comunidades indígenas  serán gratuitos, no pagarán derechos de Registro y estarán exentos de todo otro tipo de carga impositiva…»
Se logró un arreglo pero aún así estas poblaciones debieron pagar ¢1 por hectárea.
No obstante, ese no fue el único inconveniente. «Los planos se hicieron fraccionados y les quitaron el río Térraba -que es lo más significativo de su cultura-, las carreteras y un área de aproximadamente 600 hectáreas», comentó Chaverri.
La posición del IDA es que ahora rige un nuevo Código de Catastro en el cual se estipula que los ríos y caminos públicos deben quedar excluidos de estos mapas catastrados. Con la demarcación de las otras reservas no hubo este problema, porque entonces no existía este código. Se intentó conversar en varias ocasiones con Rodrigo Cervantes, directivo del IDA encargado del tema, pero no se encontraba disponible.
Según Chaverri, si ahora quieren excluir los caminos públicos, deben expropiarlos porque la ley dice que los indígenas son los dueños de esas tierras. El abogado propuso que en las escrituras que el IDA entregue se señale que, por interés público, esas áreas serán propiedad del Estado y que en el mismo documento se fije un monto a pagar por expropiaciones.

RESPETO A LA AUTONOMIA

Vania Solano criticó que el IDA sostenga con facilidad que esas zonas son del Estado cuando hay una legislación contradictoria y una negligencia  en el acatamiento de ésta. «¿Qué hizo el Estado por esas tierras durante todos estos años? Los que las han mantenido han sido los indígenas».
Uriel Rojas, por su parte, es un joven activista boruca de Rey Curré, quien también lucha por su derecho a la tierra. «Para nosotros el derecho a la tierra es imprescindible si queremos seguir viviendo.»
El gran cuestionamiento de fondo, agregó Solano, es la noción de territorio indígena que se maneja, como si no tuvieran una especificidad cultural. «El territorio indígena es un espacio para que desarrolle una colectividad  cultural».
El representante de Térraba sí recibió las escrituras, probablemente cansado de tanto esperar y porque sabe las posibilidades que tienen ahora al contar con esos documentos. No obstante, Solano opina que los pobladores de Boruca y Curré no firmaron aún, «porque saben que tienen derecho a mucho más».