Vicente Fox llega a su tercer año de mandato en medio de un creciente descontento popular.
Miles de personas, concentradas en el Zócalo, en la capital mexicana, advirtieron al presidente Vicente Fox de que cualquier intento de avanzar con las medidas de apertura del sector de la energía tendrá como respuesta una huelga general.
Fox ha propuesta también ampliar la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicinas y alimentos, una reforma fiscal que encuentra fuerte oposición en el congreso y en la calle.
El pasado 27 de noviembre unas 100 mil personas salieron a las calles para protestar contra los planes del gobierno. Fue la mayor manifestación en la capital desde hace muchos años. Otras similares se realizaron en otras cien ciudades.
«Fox ha perdido el rumbo. Ha olvidado a los pobres», dijo a la prensa Federico Manzano, campesino del estado de Aguascalientes, quien llegó a la capital el martes 25 para participar en la marcha.

PRIVATIZACIÓN

La idea de abrir al sector privado las inversiones en el sector de la energía fue lanzada en agosto pasado.
De lo que se trata, dijo entonces Fox, es de «impulsar la participación complementaria de la inversión privada para asegurar los recursos que requerimos para enfrentar con éxito la monumental tarea que tenemos en los próximos 10 años: destinar más de 500 mil millones de pesos (poco más de 43 mil millones de dólares) para atender el consumo de energía en el país que, se estima, crecerá en 65%».
Los fondos públicos son limitados, fue el argumento del presidente para justificar su intención de abrir el sector a la inversión privada. Los que Fox propone es mantener en manos del Estado «la rectoría del sector».
Se trata de una discusión parecida a la que se da aquí en torno a la apertura de las telecomunicaciones: abrir a la inversión privada y mantener en manos estatales lo que se llama la rectoría del sector, una nueva versión del proceso de privatización del sector público. No se trata, por supuesto, de vender los activos del Estado, de privatizar la empresa pública, sino de entregar el negocio al sector privado, mientras el Estado se limita a las tareas de control de los servicios, incluyendo la fijación de tarifas.
El modelo, sin embargo, enfrenta una creciente resistencias, pues es cada vez más evidente la falta de sentido de entregar a la explotación privada no solo los recursos naturales sino también las inversiones previas realizadas por el estado para que sean luego otras empresas las que se beneficien con el negocio. En México, la reciente incorporación de 10 mil km. de nuevas líneas de transmisión y la construcción de 428 subestaciones conectadas al circuito energético costaron casi $2,5 mil millones. De aprobarse el plan de Fox, esta infraestructura estaría ahora al servicio de las empresas privadas que ofrezcan el servicio a las personas consumidoras.
Las experiencias de privatización en todos los países latinoamericanos revelan algunas consecuencias graves como el aumento de las tarifas, la imposibilidad de amplios sectores de la sociedad de pagar los servicios, y la pérdida de puestos de trabajo, de empleados públicos que son despedidos y luego parcialmente contratados, en condiciones desmejoradas respecto a las que disfrutaban anteriormente.
En realidad, se trata de una lucha encarnizada por el control de los negocios, en medio de presiones de las transnacionales interesadas en unos servicios públicos que les dejan ganancias.
En Costa Rica se observan presiones similares en el sector de las telecomunicaciones, ejercidas por representes estadounidenses, interesados en la apertura. Esa posición es apoyada en Costa Rica por grupos vinculados al negocio o convencidos de que la manera de desarrollar el país es entregar sus recursos públicos a los intereses privados.

CIUDADANÍA DICE «NO»

Al cumplirse esta semana la mitad del sexenio de Fox, es evidente que las expectativas despertadas por la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tenían fundamento.
En realidad, el PRI había impulsado por casi 20 años un proyecto neoliberal que cambió profundamente el panorama económico y social. Entre otras cosas, porque abrió el sector financiero, hasta tal punto que hoy está casi totalmente en manos de la banca extranjera, no sin antes haber sufrido quiebras multimillonarias, que el Estado asumió, en favor de la banca privada.
Pero quizás todavía más importante fue el cambio en la ley de ejidos, que permitió la privatización de tierras comunales, destruyendo en pocos años la red de propiedad campesina. Esa medida, junto con la rápida eliminación de aranceles en productos básicos para los campesinos, terminó por lanzar a la pobreza a millones de personas, que hoy buscan alguna forma de vida al otro lado de la frontera.
Fox alabó la situación del país al llegar a la mitad de su período, calificándola de «maravillosa». El adjetivo provocó la inmediata y airada reacción de los más diversos sectores políticos.
Pero las cifras nos permiten tener una idea más precisa de lo que ocurre en esa nación.

La población mexicana protestó en las calles contra los intentos del presidente Vicente Fox de ampliar la participación privada en el sector energético.


Como en El Salvador o en Guatemala, las remesas de las personas inmigrantes juegan un papel cada vez más decisivo para la economía mexicana. Datos oficiales indican que en los nueve primeros meses de este año, las remesas enviadas por ellos desde Estados Unidos llegaron a casi $10 mil millones, dos mil millones más que las inversiones extranjeras directas en ese mismo período. Por cierto, el monto de esas inversiones, un factor clave para el modelo de desarrollo mexicano, superó ligeramente los $8.000 millones entre enero y septiembre de este año, la cifra más baja desde 1997.
Por otro lado, México enfrenta serias presiones sobre su cuenta corriente de la balanza de pagos que registró un déficit de $2.141 millones en el tercer cuatrimestre del año, para un total de casi $6 mil millones en los primeros nueve meses del año. Si bien la cifra es menor que la del año pasado, cuando superó los $9 mil millones, revela un déficit crónico que presiona sobre el peso, el cual se ha cotizado a sus niveles más bajos en los últimos días.
El otro déficit persistente es el fiscal, cercano a 4% del Producto Interno Bruto (PIB), en un país cuya presión fiscal es de apenas 12% del ese PIB, muy inferior al 18 % o 20% que un país necesita para atender las demandas de la población.
En un contexto en que la economía no crece, el desempleo aumentó también. Los últimos datos oficiales revelan que llegó a 1,2 millones de personas en el tercer trimestre del año, sufriendo un «importante incremento» según la Encuesta Nacional de Empleo, mientras más de 11 millones de personas, 27 por ciento de las trabajadoras, están en el sector informal de la economía.
El resultado es que la población empieza a mostrar su cansancio ante las falsas expectativas creadas por Fox, que prometió, durante la campaña electoral, tasas de crecimiento de 7% anuales.
Las manifestaciones de la semana pasada parecen mostrar la posibilidad del surgimiento de otras alternativas políticas, distintas al modelo neoliberal aplicado por los últimos gobiernos del PRI, que la actual administración pretendía continuar.
En este sentido, solo se confirma en México una tendencia que se observa en América Latina, incluyendo Costa Rica.