George W. Bush fue obligado a eliminar los aranceles que impuso sobre la importación de acero a EE.UU.
El presidente George W. Bush se movió con sumo cuidado. Obligado a eliminar los aranceles que impuso hace 21 meses sobre la importación de acero a los Estados Unidos por una resolución de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Bush viajó al estado de Pennsylvania, corazón de la producción de acero en el país, ubicado particularmente en la parte oeste del estado, alrededor de Pittsburgh, para hablar de la situación económica.
Hablando en Pittsburgh el pasado 2 de diciembre, en vísperas de anunciar su decisión de eliminar las tarifas sobre el acero, Bush evitó cuidadosamente el tema. Prefirió destacar las condiciones de la economía estadounidense que, en su opinión, no solo está fuerte, sino que sigue fortaleciéndose. Bush fue a la ciudad a recaudar fondos para su campaña electoral, ya en pleno desarrollo. Y no le fue mal. Recogió unos $850 mil, para llegar a un total de $110 millones, cuatro veces más que lo obtenido hasta ahora por su principal rival demócrata, Howard Dean, el exgobernador de Vermont.
Thomas Usher, presidente de la principal productora de acero del país, la US Steel Corporation, con base en Pittsburgh, fue uno de los principales donantes de fondos para la campaña de Bush, hace tres años. Era, por lo tanto, indispensable, tratar con cuidado el tema de los aranceles a la importación de acero.
Usher desestimó la posición de la Unión Europea (UE), que amenazó con aplicar medidas de retaliación por unos 2,2 mil millones de dólares contra las exportaciones estadounidenses, si Washington no acataba, hasta mediados de este mes, la decisión de la OMC.
El anuncio provocó conmoción en el gobierno de EE.UU. y entre los productores de acero. Usher habló de la «intimidación» de Europa y que Estados Unidos debía resistir. Después cambió de posición. Cuando Bush anunció, dos días más tarde, que quedaban sin vigencia los aranceles sobre la importación de acero, Usher prefirió enfatizar que los cambios en la economía estadounidense y en el contexto económico internacional hacían ya innecesarios los aranceles. Por un lado, durante los 21 meses en que estuvo vigente un arancel que osciló entre 8 % y 30 %, las grandes empresas del acero mejoraron su productividad, mientras los precios subían rápidamente y se reducía el salario de sus trabajadores. Por otro lado, la caída del dólar frente a la moneda europea torna más competitivas las exportaciones estadounidenses.

DEBATE INTERNO

Pero, de todos modos, la decisión de Bush puede tener un costo electoral porque la posición en torno al tema, es muy diversa. En los estados productores de acero – Pennsylvania, Ohio y West Virginia- se recordó lo que, para Bush, puede ser el punto más débil de su campaña electoral: la pérdida de unos dos millones de puestos de trabajo desde que asumió su mandato, hace tres años. Los trabajadores del sector alegan que la decisión los va a afectar y que perderán nuevos empleos.
Por otra parte, otros estados consumidores de acero como Minnesota, Wisconsin y Michigan, alegaban contra los aranceles, pues encarecía el producto y debilitaban la competitividad de sus industrias.
En la prensa podía leerse, en estos días, un resumen del dilema que enfrentaba el presidente: algunos de los principales estados productores y los consumidores de acero figuran entre los más importantes desde el punto de vista electoral. Por lo tanto, la decisión era difícil.
Tampoco la hacía más fácil la decisión de la UE de aplicar aranceles a productos muy seleccionados de los Estados Unidos, provenientes principalmente de California, Florida y Carolina del Sur, todos ellos decisivos para el intento de reelección de Bush.
Los propios asesores del presidente reconocieron que la UE eligió muy cuidadosamente los puntos en los que iba a ejercer presión, de tal forma que al mandatario no le quedó, al final, más que dar marcha atrás a su decisión y eliminar los aranceles. Trató, sin embargo, de minimizar  los efectos de la medida con un discurso cuidadoso, basado en lo que calificó de «fortalecimiento de la economía».
Ciertamente la cifra de crecimiento, de 8,5% en el último cuatrimestre, fue la más alta en muchos años. Bush trató de capitalizarla, reivindicando los efectos de su política de reducción de aranceles, orientada a beneficiar especialmente a las grandes empresas. Pero la cifra podría ocultar una tendencia más profunda, pues pese a ese crecimiento no se ha reactivado la creación de empleos, ni se ha resuelto lo que, para algunos, son los principales problemas de la economía: un excesivo endeudamiento, tanto público como privado; y un déficit fiscal y comercial que ha batido récords en los últimos períodos. Como consecuencia, el dólar ha caído a sus niveles históricos más bajos frente al euro, y aunque eso puede ayudar a las exportaciones, refleja también una debilidad más profunda de la que el gobierno quiere reconocer.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Además de las repercusiones internas, la política de Bush puso en evidencia la necesidad de contar con instrumentos para proteger a sectores claves amenazados por la competencia extranjera.
Transformado en paladín del libre comercio, enfrascado en la negociación de un tratado de libre comercio con América Central y enfrentado a una rebelión liderada por Brasil contra la negociación de un Área de Libre Comercio (ALCA) ampliada, como apoya Costa Rica, Bush dejó en evidencia que, cuando se trata de proteger la industria en casa, es necesario abandonar toda ortodoxia.
El propio representante comercial, Robert Zoellick, el mismo que vino a exigir la apertura de las telecomunicaciones aquí, afirmó que la protección de empresas amenazadas es decisiva para mantener la política de libre mercado en uno de los mercados más abiertos del mundo. Zoellick se estaba refiriendo, naturalmente, al mercado de los Estados Unidos. Para que no quedara dudas, agregó: «para sostener políticas de libre mercado en casa, es necesario dar a las industrias una oportunidad para ponerse nuevamente de pie».
Parece ser una recomendación que todos los países del mundo deberían atender.

Rechazan ley contra monopolio de refinería
Por una abrumadora mayoría, de casi dos votos a uno, la población uruguaya rechazó en un referendo, el 7 de diciembre, una ley que ponía fin al monopolio estatal para la importación, exportación y refinación de petróleo crudo.
El resultado superó ampliamente todos los pronósticos, que deban a los partidarios de mantener el monopolio estatal cerca de 52% de las preferencias. Contados los votos, ese apoyo superó el 62% del electorado y se transformó en una victoria del líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, eventual aspirante a la presidente de la República, el año próximo.
Aunque los sectores oficialistas trataron de minimizar las repercusiones políticas de la votación, la mayoría de los analistas coinciden en que significa una derrota no solo para el gobierno, sino para el principal partido de oposición, también de tendencia conservadora.
«Esto no tiene nada que ver con las elecciones del 2004», afirmó el expresidente Julio María Sanguinetti, quien podría aspirar a un nuevo mandato. La derrota podría significar que Sanguinetti decida no presentarse a las votaciones del año próximo.
El presidente Jorge Batlle tendrá también que revisar sus políticas y se verá debilitado en lo que resta de su período presidencial.
La votación en Uruguay confirma una tendencia creciente en América Latina, contraria a la privatización de las empresas públicas y a la apertura de los monopolios estatales. Los resultados de esas medidas han sido negativos en la mayoría de los casos. El ejemplo dramático de Argentina, que vivió una grave crisis económica hace dos años, fortalece la visión de que el proceso de privatización y apertura termina por debilitar la capacidad de los Estados para hacer frente a las necesidades sociales.
Todo esto influyó para que el electorado uruguayo rechazara una ley ya aprobada por el congreso, que abría el sector del petróleo a las trasnacionales extranjeras.