Ministro de Comercio y jefa de delegación tica dicen que leyes estadounidenses permiten ese tipo de participación.
La confrontación que hizo UNIVERSIDAD a los negociadores costarricenses del TLC los movió a defender apasionadamente lo que ellos consideran un modelo de desarrollo.
La denuncia planteada por este Semanario en el sentido de que los senadores estadounidenses han tenido acceso a los borradores de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos desde un principio, levantó un polvorín que trascendió incluso en el istmo.
También el hecho creó controversia en círculos políticos y periodísticos, aunque la noticia no tuvo mucha resonancia en los grandes medios de difusión masiva.
Estas disposiciones están contenidas en el Tratado de Comercio (Trade Act) de 2002 que es ley estadounidense y delinea el marco jurídico dentro del cual la primera potencia del mundo negocia sus tratados comerciales.
Estos aspectos muy específicos son prácticamente desconocidos para la mayoría de la población costarricense, así como de los pequeños, medianos e incluso empresarios grandes.

AMBIENTE ELECTRIZANTE

En la más reciente conferencia de prensa organizada por los representantes del Ministerio de Comercio Exterior, tanto el jerarca, Alberto Trejos como la Jefa Negociadora de la Delegación de Costa Rica ante el TLC, Anabel González fueron cuestionados por UNIVERSIDAD al preguntarles cómo comprometen al país a negociar existiendo esa asimetría jurídica y democrática.
Pero ambos funcionarios, visiblemente molestos por las preguntas, contestaron que si el Acta de Comercio y la Autoridad Promotora de Comercio (Trade Promotional Authority –TPA–) existían como legislación estadounidense y no para Costa Rica, se debía partir de esa base para negociar.
De esta forma, al menos 15 senadores han tenido acceso a información restringida de las negociaciones, mientras que en Costa Rica la Sala Constitucional denegó los borradores a los diputados y a cualquier persona.
La misma situación de inaccesibilidad se ha dado en toda Centroamérica.
Los representantes del senado estadounidense que habrían tenido acceso pertenecen al Congressional Oversight Group (COG), creado como un organismo que enlaza al presidente George W. Bush y a su gabinete con el parlamento de EE.UU. luego de varias controversias al firmarse tratados con México, Jordania, Chile y Singapur.

UNOS DE ACUERDO Y OTROS NO

Algunos diputados consultados sobre el tema, como Rodrigo Alberto Carazo (Partido Acción Ciudadana –PAC–) y Humberto Arce (Bloque Patriótico –BP–) consideran que si existen las citadas legislaciones, entonces hay que partir de esa base para negociar.
En contraste, otros opinan que se trata de un hecho que debe ser indagado por entidades gubernamentales para cumplir con un debido control político. (Ver nota aparte: «Políticos temen que haya ‘gato encerrado'»).
Pese a que la mayoría de los medios de comunicación estaban presentes, no fueron todos los que informaron sobre el tema.
La diferencia la marcaron las agencias que conforman la Asociación de Prensa Extranjera (APEX) que lanzó la noticia a Centroamérica.
Un extracto del cuestionamiento que UNIVERSIDAD le hizo al equipo negociador se detalla a continuación:

¿Cómo explican que los senadores estadounidenses, según el Trade Act en su apartado 2-B y C sobre el Contenido de los Lineamientos Generales que deben seguirse en toda negociación de TLC tengan el derecho al acceso de los borradores de negociación del CAFTA y de cualquier documentación de uso restringido mientras que en Costa Rica y Centroamérica no se ha podido tener el mismo acceso?

– Alberto Trejos (AT): Los Estados Unidos tiene un conjunto de leyes por las cuales se rigen. Costa Rica también tiene las suyas. El TPA se creó como un comité supervisor junto con una serie de disposiciones de seguridad. En nuestro país, aunque no existe un organismo de ese tipo, se ha tratado de hacer ese nexo con una comisión legislativa ampliada.
Usted tiene en sus manos una ley estadounidense y me pregunta cómo es posible que dicha ley sea parte de lo que aplican los congresistas norteamericanos y no sea parte de la legislación que aplicamos nosotros. La respuesta es porque el congreso de los Estados Unidos lo aprobó y el de Costa Rica no.
– Anabel González (AG): Creo que lo importante es que usted vaya a ver la información que está en la página Web del Representante Comercial, Robert Zoellick, para ver si usted encuentra una décima parte de la información que está disponible para los costarricenses.

¿Cómo explican que el TPA también autoriza a cualquier legislador estadounidense a ser partícipe directo de las negociaciones del CAFTA o de cualquier otro tratado comercial desde el 2002?

– AT: Simplemente no es cierto. Usted puede interpretarlo como quiera …
– AG: … ninguno ha estado presente, para aclararle. Creo que alguno ha llegado para dar una charla de apoyo en algún caso, pero ninguno ha participado directamente.

¿Cómo explican que algunos diputados costarricenses tengan ya el borrador de negociación que ustedes van a llevar a la última ronda de cierre si se supone, según un fallo de la Sala Constitucional, que nadie puede tener acceso a ellos, solo ustedes? (Los legisladores serían Laura Chinchilla, Edgar Mohs, Rolando Laclé, Gloria Valerín y Carlos Benavides).

– AG: Pregúntele a los diputados …

¿Cómo explican que la legislación estadounidense prohiba al gobierno de Estados Unidos negociar su telefonía celular mientras Costa Rica la está negociando?

– AG: Pregúnteselo también a ellos.

Pero, ¿por qué a ellos? Ustedes son los funcionarios públicos que tienen que dar las explicaciones, no los diputados.

(Anabel González va a contestar pero el ministro le pide que lo deje hablar): – Primero que nada sus compañeros están haciendo aquí un reportaje y usted está haciendo un editorial y por lo tanto vamos a hablar distinto …

… no, yo no estoy haciendo editoriales, hago preguntas muy directas que ustedes no quieren contestar. Utilizan eufemismos para responder, pero esto que les estoy diciendo está publicado en la página en Internet del Senado de los Estados Unidos. No están contestando lo que les estoy preguntando …

– AT: … no, tal vez no le estamos dando la respuesta que usted quería, que no es lo mismo …

… no, no es eso. Es que ustedes siquiera contestan lo que realmente piensan. ¿Cómo se explica que Estados Unidos no esté negociando su telefonía celular y nosotros sí? ¿Eso se supone que es igualdad de condiciones en el libre comercio y en un tratado comercial?

– AT: Entre otras cosas, Estados Unidos tiene apertura en telefonía celular. El tema de la apertura no tiene cabida porque ya existe.

¿Es cierto que el esposo de Regina Vargo es el presidente de la Asociación Americana de Manufactura? ¿No es esto un conflicto de interés?

– AT: Sí, don Frank es esposo de doña Regina. Eso no es un conflicto de intereses en relación con la ley estadounidense. Uno: no tengo idea. Dos: no es asunto mío.

Aunque Estados Unidos es el que está poniendo el tema de los seguros, ¿por qué conversan con ellos sobre eso si el Poder Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley, junto con Germán Serrano -presidente del Instituto Nacional de Seguros- para reformar completamente ese sector?

– AT: En cuanto a si el Presidente de la República y a quienes él designe para cumplir las instrucciones que la ley especifica tenemos la autoridad para hacer lo que la legislación dice que es nuestra responsabilidad, obviamente si la tenemos. No estamos haciendo esto en el vacío, no hacemos esto sin hablar con el presidente, con el parlamento, con los responsables de las instituciones que son aquellos de quienes obtenemos la validación para hacer las cosas.