El subsuelo caribeño de Limón ha sido objeto de varias  exploraciones petroleras. Los resultados han sido negativos, desde el punto de vista comercial.
Aunque la empresa Harken Costa Rica Holding desistió de reclamarle a Costa Rica  $57.000 millones por la cancelación del contrato para hacer exploraciones petroleras en el subsuelo del Caribe y el monto de la indemnización ahora no pasaría de dos dígitos, grupos ambientalistas critican el eventual pago que anunció el Gobierno el pasado 9 de enero.
El jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Carlos Manuel Rodríguez, dijo (diario La Nación, 10-01-04) que la cifra por indemnizar oscilaría entre $3 y $11 millones. Esto, a pesar de que en setiembre pasado afirmó que el Gobierno no aceptaría un arbitraje para compensar económicamente a dicha compañía.
Grupos ambientalistas como Oilwatch-Asociación de Ecología  Social Costarricense (AESO) y el grupo Acción de Lucha Antipetrolera (ADELA), se oponen rotundamente a que la firma Harken sea indemnizada, en vista de que fue esta la que incumplió, al no presentar un adecuado estudio de impacto ambiental, lo cual motivó la cancelación del contrato.
Si la compensación de todas maneras la piensa pagar el Gobierno -agregaron-, no debe ir más allá del monto estipulado inicialmente por la empresa en su plan de inversiones: $2.980.000.
Se desconoce cuándo será definida la cantidad por pagar y la cantidad. Al ministro Rodríguez se le envió un cuestionario sobre el tema, pero por encontrarse fuera del país, al cierre de esta edición (lunes 19) no lo había contestado.
Cabe recordar que la empresa Harken Costa Rica Holding es subsidiaria de Harken Energy, la cual tiene su sede en Estados Unidos y fue dirigida por el mandatario G.W. Bush. Esa firma fue investigada entre 1989 y 1990 por la Securities Exchange Comission (SEC), por irregularidades contables y tráfico de influencias.
 
La Harken compró en el año 2000 parte de los derechos de exploración en el Caribe a la compañía MKJ y en marzo del 2002 la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) le rechazó  el estudio de impacto ambiental debido al incumplimiento de requisitos.
Un año después, la petrolera anunció que exigiría una indemnización de $57.000 millones y presentó su querella ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones, instancia adscrita al Banco Mundial y con sede en Washington.
Para la Oilwatch-AESO, «esta indignante demanda es una de las historias que se convertirán en cotidianas cuando se profundicen los derechos de las compañías trasnacionales mediante los tratados de libre comercio (…) como el TLC con Estados Unidos».
Ambiestalistas consultados aseguraron que no hay pruebas de que el pago que se hará a la Harken obedezca a presiones contra Costa Rica en el marco de negociaciones del TLC, pero tampoco lo creen improbable.

MAL MENOR

Respecto a la eventual indemnización, la representante de Oilwatch-AESO, Alicia Casas, expresó estar en desacuerdo. Sin embargo, ve ese opción como un mal menor si a cambio el país se libra de los daños ambientales que produciría una exploración y explotación petrolera.
Casas estima que hay suficientes elementos para demostrar en un tribunal que la Harken incumplió con los requisitos exigidos por la legislación costarricense; pero, no descarta que sea un riesgo dirimir el litigio en un tribunal internacional y por eso se inclina por un arreglo que no implique pagar más de lo realmente invertido por la mencionada empresa.
«Estaremos vigilantes de que no se le pague un solo dólar de más de lo que comprobadamente hayan invertido», advirtió.
Tanto Casas como el presidente de Oilwatch y miembro de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) -Mauricio Álvarez-, coincidieron por separado en que la intención de la Harken podría ser mantener el pleito sin finiquitar, para esperar la llegada de un próximo gobierno, en el que recibirían su respaldo.
En este sentido, detallaron que Oscar Arias sería un presidente que favorezca la actividad petrolera en territorio costarricense.
Según Álvarez, el representante de Harken y exsenador estadounidense -Robert Torricelli- vendrá en los próximos días al país a reunirse con el ministro de Ambiente y Energía. Uno de sus objetivos -en su opinión- sería «congelar» el contrato y esperar el momento propicio para reactivarlo.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) -Luis Diego Marín- si bien considera un éxito la lucha que libraron los grupos ambientalistas contra la Harken, le parece justo que se le indemnice, siempre que el monto se ajuste a lo invertido.
Marín comentó que lo nefasto en este caso, fue el papel que jugaron los exmandatarios Figueres Olsen y Miguel Ángel Rodríguez, quienes buscaron atraer estas compañías de exploración petrolera.

DEROGAR LEY

Tanto Oilwatch-AESO como el grupo ADELA, gestionan ante el Poder Ejecutivo la inclusión en el actual periodo de sesiones legislativas extraordinarias el proyecto de ley 14.630, para derogar la Ley de Hidrocarburos y así eliminar el peligro que acarrean las actividades petroleras.
Alicia Casas recordó que esta ley fue promovida en 1994 por el expresidente José María Figueres y en ella se establece que las exploraciones petroleras son de interés público.
El grupo ADELA lamenta que esa ley «permite al Presidente de turno firmar contratos de explotación y exploración petrolera sin discutir el asunto en la Asamblea Legislativa. Además, permite entregar dichos recursos a empresas extranjeras sin obligar a esas empresas a un porcentaje del recurso extraído».
Para ellos, «rescindir el contrato con la compañía petrolera (pagando la supuesta indemnización o no) debe estar acompañado con la derogación de la Ley de Hidrocarburos, para que la tranquilidad vuelva a Costa Rica y al Caribe Sur. Así el turismo, los sectores productivos y el desarrollo sostenible de la región seguirían en un camino seguro hacia el futuro».
Lo que se quiere ahora -puntualizó Casas- es volver a la ley de 1983, en la cual se determinaba que las concesiones petroleras debían ser aprobadas por la Asamblea Legislativa.
Álvarez y Casas explicaron que el mandatario Abel Pacheco ha respaldado ampliamente la iniciativa de convertir a Costa Rica en un país libre de actividad petrolera y se comprometió además a tramitar la citada derogatoria.
Habrá que esperar por el monto que pagará el Gobierno a Harken, para ver si mantiene la tendencia mostrada en los últimos meses ante las negociaciones comerciales, de dar más de lo que le pide.