Tomás Guerra, abogado y periodista.
Quizás algunos medios de comunicación hayan cometido excesos en torno a la divulgación de las últimas declaraciones que hizo el asesinado autor del programa radiofónico «La Patada»: Parmenio Medina Pérez, pero esas acusaciones -aun cuando estén sin verificar- son de interés público y es un derecho de la prensa darlas a conocer, afirmaron especialistas a UNIVERSIDAD.
Así como los medios tienen el deber de informar, la ciudadanía también tiene el derecho de ser informada, y por lo tanto, la amplia difusión de las últimas palabras de Medina Pérez no puede ser cuestionada, salvo cuando se trate de excesos.
Así opinaron tres especialistas en derecho y comunicación consultados por este Semanario, en relación con críticas exteriorizadas por algunas personas o sectores -como la Iglesia Católica-, por la difusión de la última entrevista con Medina, realizada cuatro días antes de su asesinato (7-7-2001) por el periodista William Vargas y reproducida en nuestras ediciones anteriores.
Los entrevistados fueron Luis Sáenz, abogado y periodista; Alfredo Chirino, director de la Escuela Judicial y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR); y Tomás Guerra, abogado, periodista y docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR.
Los tres, si bien coincidieron en la defensa del derecho humano a dar y recibir información, abogaron también por la difusión de noticias en un marco de respeto a la intimidad y al honor de las personas.
 
Cabe recordar que la última entrevista de UNIVERSIDAD con Medina Pérez forma parte de los expedientes del Organismo de Investigación (OIJ), y a raíz de la detención del cura Minor Calvo y del empresario Omar Chávez como sospechosos de ser los autores intelectuales del crimen, el contenido de aquella conversación cobró relevancia y por eso los medios de comunicación le han dado profusa divulgación.
Debido a lo expresado en ese entonces por el autor de La Patada y que fue difundido ahora, obispos católicos de la Conferencia Episcopal sacaron un comunicado en defensa del exarzobispo Román Arrieta, a quien criticó Medina por ser el superior jerárquico del cura Calvo y permitirle un  manejo irregular de la antigua Radio María.
Los obispos cuestionaron que al estar muerto Medina Pérez no se podían confrontar las aseveraciones que hizo en la mencionada entrevista y que dañaban la imagen de Arrieta y la Iglesia.

DERECHO A LA INFORMACIÓN

En criterio de Chirino y Sáenz, la prensa cumple hoy una función pública e incluso reviste características de servicio público.
El concepto de libertad de expresión, lo que tutela es una simple autorización a cualquier persona para buscar y difundir información; pero ignora el derecho de la persona receptora de ser informado. Precisaron que el concepto de derecho a la información sí tutela el derecho de búsqueda, de difusión, de recepción y a ser informada.
A partir de lo anterior -explicó Sáenz-, se puede decir que la población costarricense tiene derecho a ser informada y así lo establece el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, el artículo 46 de la Constitución Política estipula el derecho a ser informados de manera veraz y adecuada, y sin que esa información afecte otros derechos fundamentales de la ciudadanía, como la intimidad y  el honor.
De acuerdo con Sáenz, cuando en el artículo 46 se habla de veracidad, no se refiere al concepto de verdad, pues son distintos.
«La función de la prensa no puede -conceptualmente- restringirse a una obligación de difundir solo aquello que pueda señalarse como información-verdad, porque en el trabajo de búsqueda y recolección, la prensa lo que hace es recoger y difundir versiones».
El concepto de veracidad -agregó-, más bien se refiere a la diligencia con que la prensa recolecta las versiones, de tal forma que el público receptor pueda tener distintas facetas sobre un mismo hecho o acontecimiento.
Para Sáenz, el caso de Parmenio Medina reviste interés público, dado que él en su trabajo manejaba información y su muerte se transformó en un hecho de interés nacional.
Chirino, Guerra y Sáenz aseguraron que la prensa -como institución- tiene legitimación al amparo del interés público, para divulgar toda aquella información que eventualmente pueda llevar al esclarecimiento de su muerte o de lo concerniente a ese crimen.
Creen que los medios de información están obligados en lo jurídico y moral, a adecuar la información para cumplir con el deber de informar y en el momento oportuno, y que esta no viole derechos fundamentales.
Chirino puntualizó que la entrevista completa con Parmenio Medina publicada por UNIVERSIDAD, «es muy importante, porque contextualiza hechos que ya son de interés público».

INFORMAR SIN LESIONAR

Por otro lado, Sáenz detalló que lo que podrían encontrar en algún momento los medios de comunicación, son limitaciones para informar sobre hechos que impliquen una violación a otros derechos fundamentales de las personas, como es el principio de inocencia.
En cuanto al caso concreto del contenido de la última entrevista de Medina Pérez, Sáenz opinó que estas fueron las últimas manifestaciones de una persona cuya vida fue segada, en contra de todos los derechos humanos. Por eso, la sociedad debe saber qué fue lo que dijo antes de morir.
Por su parte, Guerra comentó que por la magnitud del caso de Parmenio Medina, es imposible que las instancias judiciales puedan limitar el acceso y publicación de datos sobre este asunto.
En esto concordó Chirino, quien adujo que «la doctrina jurídica sostiene que un proceso penal público es una forma de prevenir delitos, al darse cuenta la gente que estos hechos generan una reacción social, policial y judicial, y que no quedarán impunes»
Eso sí -criticó Guerra-, me parece que algunos medios -especialmente televisivos- han exagerado con el tema y lo han presentado con grandes dosis de emotividad, parcialidad o dramatismo.
Guerra y Chirino argumentaron que cuando la prensa presenta con poca objetividad sus informaciones, se presiona y se influye de manera incorrecta en diversos sectores -incluidos los judiciales-,  y al final los perjudicados podrían ser aquellas personas con juicios pendientes.
En este sentido, el Director de la Escuela Judicial considera que por la forma en que algunos medios de comunicación han ventilado información vinculada con el caso de Medina Pérez, se ha llevado un juicio paralelo y mueven a la opinión pública en la dirección que quieren.
Los tres entrevistados llamaron a la prensa a ejercer un periodismo responsable, que respete el derecho del público a ser informado correctamente y que cumpla con la obligación de informar de manera veraz y oportuna, sin lesionar el honor y la intimidad de las personas.