Todo comenzó a hacerse notorio hace más de cinco años, cuando una de las casas más hermosas que adornaban la vía principal de San Pedro fue demolida para dar paso a lo que sería el edificio de lo que hoy es el Restaurante El Fogoncito.
Con el tiempo, las casas de este conjunto ubicado entre el Banco Nacional y la rotonda de la Fuente de la Hispanidad, han sido destruidas o arrinconadas, al punto de que muchas han disminuido su valor arquitectónico y sentimental.
El caso más reciente fue el de una vivienda, tal vez no tan grande ni impactante como las que han desaparecido, pero que contribuía a embellecer la zona.
Había sido utilizada como oficina, hasta que tuvo que ceder su espacio para no obstruir la fachada del imponente edificio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se construye en el lugar.
La casa en cuestión, conocida como la de la familia Rojas, estaba incluida junto con dos de sus vecinas, en la solicitud de declaración de patrimonio que formuló la arquitecta Ofelia Sanou en octubre de 2002.
Sanou era la representante en ese entonces del Colegio de Arquitectos en la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico.
Esta Comisión fue creada por la  Ley 7555, que protege al patrimonio histórico-arquitectónico, es decir, todo inmueble «con significación cultural o histórica, declarado así por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes».
«Además del valor estético que tenían, eran valiosas por el recuerdo, por ser parte de la identidad. Nos decían que estábamos entrando a San Pedro y aunque había unas casas más valiosas que otras en el aspecto arquitectónico, valía la pena salvar el conjunto,» recordó Sanou.
De acuerdo con lo demás miembros de la comisión, en ese momento hubo consenso para abrir el expediente para la declaratoria de patrimonio.
Sin embargo, el 23 de enero de 2003, el Ministro de Cultura, Guido Sáenz, vetó la solicitud de declaratoria de la casa de la familia Agüero Lindo, la primera de las tres.
«Mientras se tomaban las decisiones, la comisión sufrió cambios: hubo nuevo ministro y nuevo director de patrimonio. Ellos no aprobaron la declaratoria, aunque los demás miembros seguíamos apoyándola,» manifestó María Eugenia Bozzolli, quien representaba a la Academia de Geografía e Historia en la Comisión.


ARQUITECTURA O SENTIMIENTO

Claudio Vargas representaba al Ministro de Cultura ante la comisión cuando se hizo la solicitud de la declaratoria.
Según él, el desacuerdo se dio cuando «surgieron criterios por parte del director, que divergían de los que tenía el resto de la comisión. Ellos buscaban aspectos de índole cultural e histórico, pero él percibía el asunto de manera diferente».
La arquitecta Ileana Vives, coordinadora del área de aplicación de la ley, recordó la llegada del nuevo director del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, el arquitecto Miguel Herrera.
«Fue una decisión de la antigua directora, la arquitecta Sandra Quirós, asignar los estudios a Fernando González, Raúl Arias y Carlos Zamora. Fue una práctica inusual del departamento asignar las casas a tres profesionales en ciencias sociales, sin incluir otro en el área de arquitectura,» expresó.
Al darse cuenta de esta «práctica irregular», Herrera decidió interrumpir el proceso.
Se encargó de investigar el conjunto de la vía principal de San Pedro y concluyó que «las casas de la zona están jugando un papel secundario y la casa (de la familia Rojas) en particular ya había sido rechazada, el muro de El Fogoncito la tapaba totalmente y estaba desligada con el proyecto del banco».
La Comisión Nacional de Patrimonio, por su lado, alegó en la solicitud, que la casa construida entre 1930 y 1940, contribuía al carácter tradicional de la zona «por sus  características de orden tipológico, estilístico y urbanístico».
En resumen: la Comisión estaba segura del valor del conjunto, mientras el Centro de Patrimonio negaba su importancia.

Casas que conservaban la identidad de San Pedro, son demolidas.


No obstante, tanto la Comisión como el Centro de Patrimonio tienen una función meramente asesora. Al final, la decisión de incluir un inmueble en el patrimonio nacional le corresponde al Ministro de Cultura, en este caso, Guido Sáenz.
Pese a que se intentó en reiteradas ocasiones consultarlo sobre este tema, no fue posible contactarlo.

LO QUE QUEDA

«Los arquitectos son uno de los grupos más peligrosos para el patrimonio, después de los políticos,» aseguró el director del Centro Nacional de Patrimonio, el arquitecto Herrera. La calle principal de San Pedro es de interés para estos dos grupos y muchos más.
De hecho, la casa de la familia Rojas, que pertenecía al BCIE, estaba destinada a quedar en escombros.
Ya el banco se había pronunciado en una carta enviada por el Gerente General en Costa Rica, Ronald Martínez y dirigida a la Comisión Nacional de Patrimonio.
En ella, el banco se acogía al artículo 29 del Convenio Constitutivo del BCIE, según el cual, los bienes de su propiedad son considerados como propiedad pública internacional, por lo que quedan «exentos de toda clase de restricciones, regulaciones y medidas de control o moratorias (…)».
Aún así, quedan cinco casas y la importancia económica de esta vía se vislumbra como la principal amenaza para estas sobrevivientes, pertenecientes al conjunto arquitectónico que se trató de salvar.
La diferencia de opiniones continúa, aunque no hay ningún trámite en el Ministerio de Cultura que busque el rescate de estos inmuebles.
Una última parte, quizás la más afectada, la constituyen las personas que habitan el lugar.
Álvaro Solís, del Comité General de Vecinos de Montes de Oca, aseguró que esta no es la primera batalla perdida.
«Encontramos un criterio muy frío, muy técnico de parte del Ministerio. No toman en cuenta el valor intrínseco del paisaje urbano, independientemente del arquitectónico. Siento que hay un criterio comercial, una actitud vende patria,» reflexionó.