A lo largo de los años, la demagogia neoliberal ha sido tan generosa en promesas como mezquina en realizaciones…excepto a favor de unos pocos. No hablemos de los reinos de abundancia que los ideólogos usuales pintaban. Pero ni siquiera han logrado cumplir los objetivos más básicos de sus políticas económicas. Lo fiscal es un buen ejemplo de ello. Su conocido furor antiestatista los llevaba a reiterar como crucial el objetivo de reducir el déficit fiscal, de ser posible a cero.
 
Pero este déficit hace mucho paso a ser un rasgo estructural de la estrategia neoliberal. Ha sido gestionado por medio del endeudamiento interno, de modo que una cuota importante de recursos, que debería dedicarse a asuntos socialmente relevantes, se desvía al pago de intereses. Un pésimo negocio para nuestro pueblo pero una rentable forma de inversión financiera para sectores económicamente solventes.
Y, en fin, ya conocemos la tónica usual. Cada paquete tributario iba acompañado de la promesa de que ahora sí se resolvería el problema. No  extraña que este gobierno diga lo mismo en relación con el actual proyecto tributario.
Admitamos que este proyecto tiene ciertas pretensiones de seriedad (que habría que analizar con más detenimiento) en relación con la evaluación del gasto público y la rendición de cuentas, por ejemplo. Además, un impuesto a la renta, global y universal, introduce variantes de alguna significación.
Pero una reforma tributaria de fondo solo es tal si cumple con dos objetivos imprescindibles: la equidad, para lo cual el sistema deber ser predominante progresivo; y, segundo, lograr generar la cuantía de recursos necesarios para financiar los servicios públicos y superar los déficits sociales acumulados tras dos decenios de restricción y desmantelamiento del sector público. Esto último implica fijarnos la meta de una carga tributaria de al menos el 20% del PIB (sin cargas sociales).
Aquí no se cumple ninguna de estas dos metas. A pesar de algunos paliativos (impuestos a los casinos, autos de lujo, casas de apuestas electrónicas, entre otros), sus efectos son fundamentalmente inequitativos. Ello principalmente por dos razones:  el peso fundamental de la reforma descansa en el impuesto al valor agregado (IVA), cuyo diseño profundiza el carácter regresivo que posee el actual impuesto a la ventas. Y, segundo, el impuesto sobre la renta presentaría un sesgo innegablemente favorable a las empresas, con la posibilidad de que termine por recargarse -como lo muestra la experiencia histórica- en los grupos medios. Dicho sintéticamente, está pensado según los imperativos de la atracción de inversión extranjera.
Además, y por diversas razones, no se generarán la cuantía necesaria de recursos. Las estimaciones oficiales hablan de una recaudación adicional por el equivalente al 2,5% del PIB. Justo lo que se anticipaba en el informe de los ex ministros de hacienda, donde también se buscaba legitimar políticamente estas reformas del IVA y el impuesto de la renta. Así, se eleva la carga tributaria al 15,5% del PIB, lo que resuelve muy poco, mucho menos si se siguen las recomendaciones que se formulaban en ese mismo informe en el sentido de canalizar la mayor parte de tales recursos al pago de deuda interna. Así pues, resulta difícil no concluir que, en realidad, se trata de otro paquete