Miembros de los grupos ambientalistas OILWATCH-AESO y ADELA, protestaron en las afueras del MINAE contra la visita del representante de la Harken, Robert Torricelli.
Si el Gobierno decide compensar económicamente a la empresa petrolera Harken Costa Rica Holding, se sentaría el precedente para que en el futuro cualquier compañía extranjera reclame sin justificación el pago de una indemnización, bajo la amenaza de demandar al país por una suma multimillonaria en un tribunal en el extranjero.
De igual manera, resultaría improcedente desde el punto de vista legal, si la administración del mandatario Abel Pacheco acuerda pagarle una compensación a la Harken que oscilaría entre los $3 y $12 millones, sin que medie una condena judicial contra el Estado, aseguró el abogado y exministro de Justicia, José Miguel Villalobos.
Por el contrario, el titular del Ministerio de Ambiente y Energía -Carlos Manuel Rodríguez- piensa que es mejor para el país pagarle una «compensación» a dicha firma petrolera, ya que es más ventajoso alcanzar «un buen arreglo, que un buen pleito».
Sin embargo, el Ministro afirma que este gobierno no está dispuesto a permitir que esa empresa lo chantajee con la amenaza de incidir en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) que mantiene Costa Rica con Estados Unidos, si no accede a indemnizarla.
Rodríguez afirmó que así se lo hizo ver al representante de la mencionada empresa, el exsenador estadounidense Robert Torricelli, con quien se reunió en su despacho el pasado 29 de enero. Ambientalistas protestaron ese día en las afueras del MINAE, por la visita del excongresista.
Cabe recordar, que la Harken Costa Rica Holding amenazó en setiembre pasado con demandar en tribunales estadounidenses al país por $57.000 millones, tras rechazarle la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) su estudio de impacto ambiental para explorar el subsuelo en la provincia de Limón.
Posteriormente, la subsidiaria de Harken Energy -con sede en Estados Unidos- aparentemente desistió de sus pretensiones multimillonarias y ahora busca una indemnización costarricense por la inversión hecha.
Organizaciones como OILWATCH-Asociación de Ecología Social Costarricense (AESO), y Acción de Lucha Antipetrolera (ADELA), han expresado su oposición a que se le pague algún monto a la Harken, en vista de que esta compañía fue la que incumplió el contrato, al presentar un estudio de impacto ambiental deficiente.

PAGO IMPROCEDENTE

Las agrupaciones ambientalistas ven como un mal menor si se le paga a la Harken únicamente lo que realmente han invertido, pues de esta manera se libraría al país de las exploraciones petroleras.
La idea de indemnizar a la empresa no es compartida por el exministro de Justicia -José Miguel Villalobos-, para quien cualquier tipo de pago es improcedente desde el punto de vista legal, dado que el Estado costarricense no fue el que incumplió con el contrato. Aquí no cabe ni indemnización ni compensación, advirtió.
Según explicó el abogado, pagar una u otra es pertinente  cuando  por culpa del Estado se provoquen daños y perjuicios contra una empresa. Pero, para ello un tribunal judicial debe primero establecer si hay responsabilidad estatal.
Una vez que se determine judicialmente la culpabilidad del Estado, entonces sí se puede acudir a un tribunal arbitral, con el fin de definir el monto por indemnizar. La citada querella por $57.000 millones la había presentado la Harken ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias  por Inversiones, adscrito al Banco Mundial y con sede en Washington.
Villalobos recordó que cuando Costa Rica suscribió el convenio que creó este centro de resolución de conflictos, se incorporó una cláusula que especifica que para acudir a dicho tribunal primero deben ser agotadas las gestiones legales en el país.
En este caso, la Harken no lo ha hecho y ni siquiera cumplió con el paso que debía dar cuando le fue rechazado el estudio de impacto ambiental, que consistía en presentar un juicio contencioso administrativo contra el MINAE en un plazo máximo de dos meses.
El coordinador del departamento legal del MINAE -Guido Cubero-, confirmó a este Semanario que la Harken no interpuso en 2002 la acción contenciosa -plazo ya prescrito-, aunque sí presentó después ante la Sala Constitucional un recurso de amparo que cuestiona la legalidad de la resolución de la SETENA, al considerar que este órgano no posee la capacidad técnica para analizar un estudio de impacto ambiental.

MIEDO A PLEITO

Por  otro lado, minutos después de reunirse con el exsenador Torricelli, el ministro Rodríguez aseveró que a la Harken le han dejado claro que el gobierno no aceptará ningún tipo de presión o extorsión. Esta empresa amenazó con presentar un juicio contra Costa Rica en Estados Unidos y promover la suspensión de la ayuda económica de ese país.
«Lo que estamos dispuestos a hablar es de los términos para alcanzar un finiquito de común acuerdo», dijo el jerarca del MINAE, quien argumentó que ir a un juicio en Estados Unidos es un proceso largo y costoso.
Por eso -sostuvo- «puede ser mejor para el país -desde el punto de vista financiero- conversar y ver cuánto han invertido en Costa Rica y pagarles eso, generando un buen arreglo, en lugar de un buen pleito».
Al planteársele que pagar a la Harken abría el portillo para que en el futuro cualquier empresa extranjera que se sienta afectada en sus intereses amenace con una demanda, Rodríguez arguyó que «países pequeños como Costa Rica siempre estamos expuestos a este tipo de amenazas».
Para el abogado Villalobos, es inaceptable y vergonzoso que el Gobierno tenga miedo de enfrentar una demanda judicial y que por ello busque un arreglo. Si se acepta un chantaje judicial, entonces las personas presentarán juicios solo por amenazar, acotó.
Si bien alegó no poseer pruebas de que este conflicto ha incidido en las negociaciones del TLC, estima que el tema podría ser uno de los que allí se habrían discutido, junto con el de la escuela policial y el proyecto de una cárcel en Pococí. Me parece muy sospechoso que las negociaciones se suspendieran en diciembre y después concluyeran sin mayores cambios, añadió.
Por su parte, el titular del MINAE explicó que llegó a un acuerdo con Torricelli, para que el Consejo Económico le presente en un plazo de 22 días una propuesta para definir el procedimiento mediante el cual -en un lapso no mayor a cuatro meses- se establecerá el monto de la compensación.
El funcionario descartó la opción que pretendía la Harken, de «congelar» durante este gobierno el contrato, con miras a que un próximo presidente favorezca la continuación de las exploraciones petroleras.
A Torricelli le dijimos que «el asunto del petróleo se acaba en este gobierno’, puntualizó Rodríguez.