PAC se opone al convenio, mientras que ANEP dice que roces se darían por influencias creadas por los mismos dueños de empresas
El presidente del PAC, Ottón Solís, consideró que el tratado como está negociado arruinará al país tanto en lo social como en lo económico.
Sorpresas da la vida, dice la vieja canción. Y las excepciones no se hacen esperar con el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica ya que los empresarios no descartan que se llegue a una abierta confrontación en la clase trabajadora. Algunos grupos están de acuerdo con este convenio y otros no, aseguran jerarcas de la industria y el comercio.
Entre ellos se encuentran el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Samuel Yankelewitz y el jerarca de la Cámara de Comercio, Emilio Bruce.
Ellos coincidieron en que existe un sector de empleados, especialmente de la empresa privada, quienes no mantienen un criterio uniforme sobre apoyar al TLC y la diferencia se «agiganta» si se comparan con las posiciones que tienen los del sector público. Esto, en criterio de los consultados podría generar enfrentamientos verbales, político-ideológicos y hasta físicos.
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) se mostró muy cauteloso ante estas aseveraciones y dijo que aún no hay grupos divididos, más bien, «son muchas las personas las que están en contra del tratado. Es posible que quienes pertenezcan al sector público estén un poco más informadas, pero esto no es motivo alguno para una confrontación. Eso es lo que quisieran los empresarios».

CRITERIOS ZANJADOS

Si bien descartaron que ellos sean los azuzadores que estén lanzando a las calles a grupos de obreros o trabajadores más calificados para oponerse al TLC, los representantes del sector empresarial manifestaron que son miles de personas quienes ven una estrategia de desarrollo en este instrumento comercial.
Para Yankelewitz, tener como aliado en comercio al país más poderoso del mundo es una gran ventaja y generará mucho empleo con la inversión extranjera, por lo cual descarta que la mayoría de los trabajadores estén en contra algo de algo que los va a beneficiar.
«Son sólo algunos de los principales dirigentes sindicales quienes abiertamente se manifiestan contra el TLC e influyen en sus allegados y grupos grandes de empleados. Pero estos están muy conscientes de que es ahora o nunca cuando tendremos la oportunidad de dar un salto cualitativo», aseguró el empresario dueño de la fábrica Yanber -productora de artículos plásticos-.
Emilio Bruce, uno de los accionistas mayoritarios de las Farmacias Fischel, enfatizó en que no le sería extraño que ciertos grupos laborales se enfrentaran a otros que no creen en el TLC por influencias sindicales.
«Es obvio que obtendríamos una gran ventaja de suscribirse finalmente el tratado, para que se dé una apertura y una competencia estimulante en el mercado. Entre más actores compitan en un país, mejores serán los servicios y más empleo habrá», subrayó Bruce.
Para Miguel Schyfter, del sector textilero, las oportunidades de crecimiento económico y de trabajo en esta área serán muy grandes, especialmente porque se lograron extender los beneficios que brinda la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC).
Estas facilidades que contempla dicha iniciativa fueron creadas en 1984, cuando Estados Unidos concedió algunos subsidios y facilidades a Centroamérica y el Caribe para exportar textiles a ese país norteamericano.

INCÓGNITA POR DESPEJAR

El presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís manifestó a UNIVERSIDAD que sería muy lamentable un enfrentamiento entre los asalariados por este tema, en un momento crucial en la historia costarricense, porque «existen otras formas para dirimir las diferencias, por más grandes que sean».
El líder del PAC consideró muy riesgoso que se apruebe este TLC o CAFTA (por sus siglas en inglés) ya que existen temas muy mal negociados como el de medicamentos genéricos y productos agroquímicos en el apartado de «Propiedad Intelectual».
En una actividad celebrada el 5 de febrero en la Universidad de San José, tanto Solís como diputados de esa agrupación política se manifestaron contra un tratado que consideran antipatriótico y que incidirá negativamente en los sectores sociales.
En criterio de Solís el tema ambiental debe ser de mucha preocupación porque se asumen cláusulas que comprometen el uso potencialmente comercial de la naturaleza, como el agua y las plantas medicinales.
«El TLC tiene que ver con el tema agropecuario, con el medio, con el sistema de aduanas. Es un tratado infinito en el tiempo, algunos lo perciben como un plan de desarrollo,» aunque para Solís no lo es.
«Nuestra visión de país es violentada en distintos frentes», citó el dirigente, quien mencionó como los principales al agropecuario, de servicios -entre ellos telecomunicaciones y seguros- así como de Propiedad Intelectual.
Es previsible que este libre intercambio de bienes y servicios, genere más que desarrollo a largo plazo, una «inundación de artículos, pero no una generación de liderazgo,» añadió.
También hizo observaciones sobre privilegios en el sector público, como las convenciones colectivas de la Federación de Trabajadores de Limón (Fetral) y de la Junta de Administración de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).
Incluso, cuestionó a algunos medios de prensa que han defendido sutil o abiertamente la forma cómo se negociaron los aspectos industriales del TLC.
En el encuentro se hicieron presentes Epsy Campbell, jefa de fracción; Rodrigo Alberto Carazo, Margarita Penón, Gerardo Vargas, Edwin Patterson, Marta Zamora y Ruth Montoya.
Además, se congregaron varios premiados con el Magón como Jorge Charpantier y Daniel Gallegos, así como el pintor Rafa Fernández e Hilda Chen Apuy -quienes estuvieron ausentes pero enviaron su mensaje de apoyo-.
Estuvieron también en el acto los premios nacionales Julieta Pinto y Julieta Dobles (poesía), Ana Clara Carranza y Ana Istarú (teatro) así como Alberto Cañas (teatro y novela), además de personas de organizaciones civiles, sindicales, comunales, docencia y del Cuerpo Nacional de Bomberos (que es financiado por el Instituto Nacional de Seguros).