Negocios millonarios se harían mediante concesiones para administrar el puerto de Caldera.
Los contratos de concesión de Puerto Caldera todavía no han sido refrendados por la Contraloría General de la República, pero el Poder Ejecutivo ya adjudicó una millonaria consultoría para completar el personal que fiscalizará dichos contratos.
El hecho, que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), calificó de «barbaridad» la semana pasada, también hizo que esa agrupación demandara «la más minuciosa, profunda y completa investigación» de lo que llamó «este nefasto proceso de privatización» del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).
Titulada «Contratación de servicios de consultoría para completar el personal de la Unidad de Fiscalización de los Contratos de Concesión de Puerto Caldera», la Licitación Pública No. 10-2003, de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), estipula que la consultoría fue adjudicada a la firma Ingenieros Consultores (INMSA), por un total de $1.964.849 (cerca de ¢831 millones al tipo de cambio actual), según consta en el diario «La Gaceta», del 18 de diciembre de 2003.
El presidente de INMSA es Alberto Méndez Navas, primo de Rodolfo Méndez Mata, quien fuera ministro del MOPT durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez, cuyo gobierno hizo efectivo el proceso de concesión de Puerto Caldera.
Como se recordará, en su momento el
exdiputado José Merino del Río pidió la destitución de Méndez Mata por supuestamente beneficiar a familiares suyos y solicitó a la Contraloría General de la República que investigara los ajustes a los contratos del Estado con las empresas INMSA  y Perforaciones IP S.R.L. El presidente de la segunda firma es Luis Alberto Méndez Libby, hijo de Méndez Navas.
Merino aseguró entonces que los reajustes al contrato de supervisión de la obra Tárcoles-Jacó y Jacó-Lomas (carretera Costanera Sur) significaron una erogación adicional de ¢130 millones y que la segunda ampliación al contrato no fue refrendada por la Contraloría, como lo señala la ley. (La Nación, 3 de mayo de 2000).
Por su parte, el exministro -y también ex candidato presidencial Méndez Mata- negó que hubiera anomalías en las ampliaciones y justificó la contratación de las empresas de sus parientes porque no existía un segundo sino un cuarto grado de consanguinidad y porque el Estado contrata a INMSA desde hace muchos años. (Ídem)
UNIVERSIDAD intentó en dos ocasiones conversar con Méndez Navas para conocer en detalle en qué consistirá la consultoría, pero si bien se nos aseguró que se nos respondería, al cierre de edición, esto no ocurrió.
Igualmente, intentamos hablar con el ministro del MOPT, Javier Chávez, pero se nos remitió al presidente ejecutivo del INCOP, Enrique Montealegre Martín, quien por tercera semana consecutiva se negó a atender a UNIVERSIDAD. También lo intentamos inútilmente con el gerente general del INCOP, Urías Ugalde.
Así, todo parecería indicar que el INCOP ya ha dejado la corporeidad de lo público para desvanecerse en el escurridizo éter de lo privado. En el medio de ese tránsito, está el Consejo Nacional de Concesiones, cuya secretaria técnica, Rocío Aguilar fue la única funcionaria que «dio la cara» e intentó dar una explicación, a pesar de que la consultoría no es de su responsabilidad.
Ella explicó que «en todo proyecto de concesión de obra pública, el hecho de entregar la construcción, operación y explotación de un bien del Estado no significa que allí acabó todo. Existe una parte muy importante del proceso que consiste en supervisar y controlar que se cumpla lo pactado.»
Consultada sobre el elevado monto de la consultoría, dijo que los órganos encargados de fiscalizar y supervisar «no son unipersonales, sino que constan de equipos legales, financieros y técnicos.»
Otro elemento -añadió- es que «en el caso de Puerto Caldera es todo el puerto lo que se da en concesión y es un proyecto de largo plazo, de 25 a 30 años, que requiere fiscalizar en tres fases: la de condiciones precedentes, la construcción y la explotación.»
Además, otra razón que explicaría la consultoría es que «en Caldera va a haber liquidación de los trabajadores, con lo cual no habría personal que fiscalice.»

«¿Y LA CRISIS FISCAL?»

Por su parte, la ANEP resaltó las contradicciones en que incurre el Gobierno cuando por un lado afirma que existe una «crisis fiscal» y recorta el gasto social, mientras por el otro desarrolla un proceso de concesión de Puerto Caldera -al que califica de «privatización»- que sumaría ya unos ¢4.000 millones, entre el dinero aprobado por la Asamblea Legislativa para liquidar al personal del INCOP y esta consultoría.
Agregó que el proceso «le está costando una millonada al pueblo costarricense, en momentos en que a este se le pretende sacar, de donde no tiene, más impuestos para ayudar a solventar la supuesta crisis fiscal de que tanto habla el presidente Pacheco.»
UNIVERSIDAD buscó la reacción del Ministro de Hacienda, Alberto Dent, pero al cierre de edición no obtuvo respuesta.