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Ing. Gerardo Fumero Paniagua, experto con más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Más de 200.000 personas usuarias de teléfonos tendrían que abandonar el servicio, en razón del alza de las tarifas a que obligaría la apertura de las telecomunicaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el cual será sometido a votación de la Asamblea Legislativa en los próximos meses.
Así lo advirtió el experto en telecomunicaciones, Gerardo Fumero Paniagua, para quien «difícilmente vamos a encontrar un modelo en este campo que pueda mejorar al que tenemos».
La cifra mencionada la tomó del estudio que hizo en 1996 el especialista Doyle Gallegos, contratado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cuando ocupaba la presidencia ejecutiva Roberto Dobles.
Gallegos, experto en procesos de apertura y privatización, también ha asesorado a varios países latinoamericanos sobre el tema. En Costa Rica evaluó las consecuencias financieras y socioeconómicas de una posible apertura de las telecomunicaciones.
El estudio, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, concluyó en que se debería hacer una evaluación de todas las tarifas, por lo cual la cuota telefónica general básica para 2000 debía ser de $16. En la actualidad, la tarifa celular mínima equivale a $7; la comercial a $4,7; y la residencial a $3,88.
Con base en los montos estimados por Gallegos, un 25.7% (193.000) de los clientes hubieran tenido que prescindir en 2000 de sus líneas, ante el incremento propuesto.
«En toda América Latina se aumentaron los precios en forma acelerada después de la apertura o la venta de empresas públicas. Por tanto, de darse una apertura en Costa Rica, no existe un solo indicio que nos haga pensar de que las cosas serán diferentes; significa que las tarifas subirán en un 300% o más», afirmó Fumero Paniagua, quien tiene más de 30 años de experiencia en el campo de las telecomunicaciones.
Aportó una serie de cifras y estudios que ubican a Costa Rica en los primeros lugares de Latinoamérica en cuanto a calidad y cobertura en el área de las telecomunicaciones, y por ello cuestionó las implicaciones que tendrían para la población nacional la firma del TLC con Estados Unidos.
Si se da la apertura comercial de este sector, empresas extranjeras buscarán quedarse con los servicios que le producen los mayores ingresos al ICE: telefonía internacional (22%) y celular (36.4%), e Internet (10%), los cuales generan el 70% de sus ingresos, aparte de que subirán las tarifas, indicó.
MODELO ÚNICO
Al defender lo que considera un modelo prácticamente único en el mundo, Fumero Paniagua lamentó que con la aprobación del TLC este desaparecería, al igual que el servicio solidario y al costo que presta el ICE, tanto en el ramo de las telecomunicaciones como de la energía eléctrica.
Dentro de este modelo solidario, recordó que al tener inversiones recuperables en un tiempo más corto, las telecomunicaciones ayudan a subsidiar el servicio eléctrico, todo ello en beneficio de los sectores de menos recursos.
Un clamor similar expresó la comisión nacional de enlace del Movimiento Social y Popular Costarricense -nacido para luchar contra el TLC- en un documento que entregaron a los diputados el pasado 19 de febrero. Conforman esta agrupación sindicatos, grupos ambientalistas y feministas.
«En el tema de telecomunicaciones es evidente que lo negociado en el TLC, es efectivamente entregar la mayor y más eficiente empresa estatal a las transnacionales estadounidenses, trasladándoles tres de los servicios más estratégicos y rentables para el desarrollo nacional», advirtieron en el documento.
«Estos últimos -agregaron- son los que subsidian la telefonía residencial, la telefonía pública, la telefonía rural e Internet en la educación pública. Estos servicios a la fecha cuentan con las tarifas más bajas de América Latina y la mayor eficiencia en densidad, productividad y cobertura. La lógica ha sido que estos servicios tienen carácter universal y tarifas solidarias, aspectos que a las transnacionales no les va a interesar mantener».
Por su parte, Fumero dijo que en esta materia nuestro país no sacó ninguna ventaja respecto a Centroamérica en la negociación del TLC, pues las demás naciones ya habían entregado sus servicios al sector privado, mientras que Costa Rica «estaría cediendo su modelo de desarrollo solidario, al costo y de acceso universal, lo cual es inaceptable».
FALACIA
Al explicar por qué las tarifas no bajarán con la suscripción del TLC, calificó de «falacia» la creencia de que habrá una gran competencia entre diversos prestadores de servicios y por lo tanto costos menores para los usuarios de la telefonía.
Con datos en mano, el especialista aseguró que lo anterior no ha ocurrido en ninguno de los países donde se ha dado un proceso de apertura o privatización.
Independientemente del tamaño del mercado, la consecuencia principal de la privatización en los distintos países ha sido el establecimiento de monopolios, duopolios y oligopolios, detalló.
«Aunque al principio se da alguna competencia, conforme a las condiciones de cada mercado y al cabo de algún tiempo, los operadores grandes comienzan a ejercer su dominio (la ley del más fuerte), quedando la participación del mercado en manos de muy pocos actores», reveló.
Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recabados por Fumero Paniagua, el 75% de la telefonía básica del mundo está bajo condición de monopolios y en celular cerca del 56% está en régimen de competencia, aunque en Latinoamérica los teléfonos móviles están en manos de 4 o 5 empresas transnacionales dominantes.
Esta supuesta competencia de mercados abiertos genera a menudo situaciones como la que se presenta en Costa Rica, en donde dos compañías de televisión por cable se reparten de mutuo acuerdo el territorio nacional y cobran tarifas crecientes a su antojo.
Pero los lamentos por estas condiciones también se escuchan entre las poblaciones de otros continentes, como lo recoge el pasado 19 de febrero el boletín electrónico español «Noticiasdot.com», en donde afirman que no llegan al 1% las líneas fijas en manos de operadores alternativos; es decir, ajenas a la empresa dominante allí: «Telefónica». ¿Y dónde está la competencia?, se preguntan.
«Noticiasdot.com» añadió que «la competencia real en telefonía fija no existe en España. Las operadoras ‘alternativas’ prefieren revender servicios o centrarse en nichos de mercados específicos (líneas 900 u 800 y servicios de datos) que plantar cara a Telefónica y alcanzar el mercado residencial».
Debido a la situación descrita, la Asociación de Internautas publicó un análisis sobre «la falta de competencia en nuestro país y la actitud complaciente establecida entre el organismo regulador y las operadoras alternativas, que en nada benefician al consumidor y que impiden que este se beneficie de la supuesta liberalización del mercado».
La asociación además cuestionó al órgano español que regula las telecomunicaciones, en vista de que «está auspiciando una competencia irreal y ficticia entre operadoras (…) y deja a los usuarios en manos de estrategias de las operadoras más interesadas en la reventa de los servicios de Telefónica que en la inversión y en la prestación de servicios diferenciados en precios y calidades».
INTERÉS POR LO RENTABLE
Al referirse al interés de las empresas privadas por los servicios más rentables, Fumero puso como ejemplo el caso de Uruguay, único país del continente que junto con Costa Rica mantienen un servicio mayoritariamente estatal.
Allí se permitió en 2000 la incursión de compañías en el sector de llamadas internacionales y en 2002 se estancó la expansión de la telefonía fija. Según explicó Fumero, esto posiblemente se debió a que al perder el Estado esos ingresos, dejó de invertir en el área mencionada.
En su opinión, algo parecido puede suceder en Costa Rica, una vez que se dé la apertura y empresas extranjeras se adueñen de los servicios más rentables, y el ICE se quede con los que requieren de mayor inversión para operarlos.
Esta tendencia es evidente en todos los países en los que la apertura es ya un hecho, pues algunos servicios son altamente lucrativos y la inversión se recupera en un corto plazo.
La empresa española «Telefónica» -por ejemplo- obtiene un ingreso promedio mensual de 30 euros (¢12.750) por cada uno de sus casi 20 millones de clientes de celulares, para un ingreso de ¢255.000 millones, informó «Noticiasdot.com».
Ese informativo agregó que el promedio de minutos consumidos por cada usuario español fue de 116, lo que daría un costo de ¢110 por cada 60 segundos, casi cuatro veces más de lo que cuesta un minuto en Costa Rica: ¢30 en tarifa plena.
El mismo medio de comunicación describió la situación de ese sector en Estados Unidos, en donde los hispanos gastan en llamadas desde su móvil un promedio de $67 por mes. Allí, el 66% de la población está suscrita a la telefonía móvil.
Por otro lado, Fumero Paniagua enumeró algunos acuerdos del TLC que obligarían a subir las tarifas: habría que financiar el órgano regulador de las telecomunicaciones; los precios no podrán ser al costo -como con el ICE-, sino lucrativos; y se deberá incluir el costo del uso del espectro radioeléctrico, así como de la duplicación de alguna infraestructura.
El experto calculó que -a partir del estudio de Doyle Gallegos- las nuevas tarifas más caras no podrían pagarlas unas 260.000 personas.
En otras palabras, si la apertura de las telecomunicaciones se comporta en Costa Rica igual que en el resto de naciones latinoamericanas, decenas de miles de costarricenses deberán abandonar sus líneas y recurrir a los teléfonos públicos.
Densidad telefónica en Latinoamérica 2002*
País Líneas telefónicas/100 habitantes
Uruguay 28
Costa Rica 25
Chile 23
Brasil 22
Argentina 22
México 15
*Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones
Comparación de tarifas celulares*
(en dólares EE.UU.)
País Minutos incluidos Tarifa mensual Minuto adicional
España 60 55,11 0,12
Colombia 50 14,93 0,34
Chile 100 26,10 0,30
Venezuela 80 36,14 0,26
Panamá 0 25,90 0,40
Perú 100 25,9 0,40
El Salvador 75 18,50 0,25
Costa Rica 60 8,45 0,08
*Fuentes: Página Web de «Telefónica» de España y periódico «La Gaceta» de Costa Rica, año 2002.
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