El mandatario de Argentina Néstor Kirchner (derecha) y un taxista que llegó a su despacho.
El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, mantiene su oferta: pagar 25% de la deuda a los tenedores de bonos argentinos. Cuando el país pagaba tasas de interés fuera de toda realidad, durante el gobierno de Carlos Menem, para atraer capitales y mostrar al mundo una economía boyante, los fondos de inversión llegaron, tentados por ganancias extraordinarias.
Pero todos sabían que eso no se podía sostener. Cuando vino la quiebra, y el país dejó de pagar sus compromisos, en diciembre de 2001, la situación cambió radicalmente.
 
La crisis económica derivó en caos político, pero la Argentina logró resolver sus problemas con una elección que sorprendió a todos, no solo por sus resultados, sino por el comportamiento de Kirchner, hasta entonces gobernador de una pequeña provincia de la Patagonia. En poco tiempo, y sin dinero del FMI, retomó su crecimiento. El año pasado, según cifras reveladas esta semana, la economía creció un 8,4%. Un resultado que contrasta dramáticamente con la caída de 10,9% de 2002.
En ese resultado influyó de manera decisiva la no negociación con el FMI de un acuerdo que, como dice el presidente brasileño, ahoga el desarrollo.
Los objetivos del Fondo son asegurar un superávit fiscal que garantice el pago de la deuda. Para eso hay que reducir el gasto público y aumentar la carga impositiva. Pero el sacrificio no va en beneficio de la población del país, sino de los acreedores.
Kirchner decidió poner fin a ese proceso. Pese a las presiones a que se ha visto sometido, ha reiterado que la Argentina no está dispuesta a sacrificar su crecimiento para pagar la deuda. Hasta ahora sigue de pie la única oferta a los acreedores: un 25% del valor de los bonos. Quizás se termine por negociar algo más, pero resulta impensable acercarse siquiera a sus exigencias: una quita de 35%, o sea, que la Argentina reconozca el 65% de es deuda. En Buenos Aires no se vería con malos ojos dar un tratamiento distinto a pequeños inversionistas y a grandes corporaciones. Pero las reglas internacionales, impuestas por los países desarrollados, lo impide.

ARGUMENTOS SIMPLES

El argumento de Kirchner es simple: jugaron y perdieron. Cuando juegan en la bolsa, los inversionistas saben los riesgos que corren. Empresas como Enron, en Estados Unidos, o Parmalat, en Italia, dilapidaron miles de millones de dólares de sus inversionistas, incluyendo fondos de pensiones que dejaron en la ruina a miles de personas. No hay cómo recuperar la plata.
Pero esos mismos inversionistas presionan a los Estados, para obligarlos a pasar la factura de la apuesta a sus propios pueblos, apretándoles el cinturón de tal manera que se hunden en la pobreza. Todo para cancelar la deuda, evitar el «default» (quiebra) y no caer en la lista negra de los organismos financieros internacionales que cierra las puertas a todo flujo de capitales a los países que estiman mal portados.
Kirchner decidió argumentar con las leyes del mercado y recuerda a los que jugaron que, esta vez, perdieron.
La situación de Brasil es distinta. Si bien no entró en cesación de pagos, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso se comprometió, a fines de su mandato, a un superávit presupuestario equivalente a 4,25% de su Producto Interno Bruto (PIB) este año, para acceder a los préstamos acordados con el FMI.
El ministro de Hacienda, Antonio Palocci, anunció cortes de unos ¢42.000 millones en el presupuesto para asegurar el cumplimiento de la meta presupuestaria de este año.
Esto deja al gobierno de Lula con poco margen de maniobra para promover nuevos programas sociales, entre ellos el más importante de su gobierno, el «hambre cero».
Para escapar de ese círculo vicioso, el presidente del Banco de Brasil, Henrique Meirelles, afirmó esta semana que su país piensa «en vivir sin el Fondo Monetario Internacional», al explicar las medidas adoptadas para mejorar el perfil de la deuda y «reducir la vulnerabilidad externa».
«En septiembre pasado fijamos un objetivo de $20 mil millones de reservas netas para diciembre de 2004 y en febrero estamos en $21 mil millones», dijo Meirelles, en una entrevista al diario económico francés «Les Échos».
Lula, por su parte, reiteró que el FMI va a tener que cambiar su comportamiento. No puede tener una única receta para el desarrollo de los países pobres, que es un ajuste fiscal duro, que muchas veces impide que los países crezcan, afirmó. Lula hizo esas declaraciones precisamente cuando una misión del Fondo estaba en Brasil para revisar el cumplimiento de las metas de un acuerdo por $14 mil millones, firmado en noviembre.

TOCANDO FONDO

Representantes de acreedores argentinos presentaron en tribunales norteamericanos demandas para embargar bienes de ese país en Estados Unidos.
El objetivo es presionar al gobierno de Kirchner y ver si es posible lograr algunos millones de dólares para sus clientes.
Uno de esos abogados es el argentino Guillermo Gleizer, de la empresa Macrotecnic, quien pidió el embargo de $14 millones pertenecientes a la empresa de correo en cuentas en Nueva York de los bancos Lehman Brothers Holding Inc. y BNP Paribas. Se trata de fondos de una empresa privatizada que asumió el servicio de correos en Argentina pero quebró, adeudando al Estado cerca de $400 millones.
El dinero embargado es todavía de esa empresa, pero Gleizer arguyó que es parte de una deuda con el Estado argentino y, por lo tanto, embargable por los acreedores. Si el argumento es aceptado por el tribunal, podría afectar a otras empresas que deben dinero a esa nación.
Eso es solo parte de las presiones a las que está sometido dicho gobierno.
En una visita a Buenos Aires esta semana, el ministro alemán de Finanzas, Hans Eichel, hizo un llamado para que Argentina deje de pelear con el FMI. «Debe haber respeto a las reglas de la comunidad internacional. Sería un desastre que la Argentina se aislara. Quiero instar a que no se vea al FMI como alguien que quiere saquear al pueblo», dijo el ministro alemán.
Pero el ministro del Interior de ese país, Aníbal Fernández, confirmó el lunes 16 que en no más de dos meses el Gobierno llevará a cabo la presentación formal de la propuesta de canje de deuda a los tenedores de bonos en «default». Fernández ratificó que la oferta de quita se mantendrá en el 75% del valor nominal de la deuda y que no se reconocerán los intereses devengados luego de declarada la cesación de pagos, en diciembre de 2001, aunque no se descarta que esa medida pueda ser revisada.
El Ministerio de Economía hará hincapié en la propuesta de atar el rendimiento de los bonos al crecimiento económico que propuso sin mayores detalles en septiembre pasado, cuando presentó su primera propuesta de reestructuración de deuda.
Sobre las acciones contra bienes argentinos en Estados Unidos por los acreedores, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, señaló que se trata de movidas «previsibles» y ratificó que se realizaron «todas las apelaciones necesarias» para hacer frente a estas demandas.
Estimó que las acciones «caerán por sí solas» ya que las pruebas presentadas por el Gobierno demuestran que esos bienes «son inembargables».