El 4 de enero de este año, en Iowa, el posible próximo Presidente de los EE.UU, John Kerry, afirmó que no apoyará el ALCA o el TLC si no incorporan estándares ambientales y laborales más fuertes. «Si son enviados a mi escritorio, los vetaré».
Semanas antes (el 4 de setiembre en Nuevo México) ya había adelantado esa posición al declarar que ambos tratados «desesperadamente necesitan aumentar los estándares laborales, los estándares ambientales, para hacer surgir a otros países…, no se puede abusar de la gente en la forma en que se está haciendo.»
Para los que argumentan que ese no es el caso de Costa Rica, pues nuestras instituciones ambientales y laborales han de ser aceptadas, y quizá, hasta «premiadas» por la contraparte estadounidense, hemos de recordarles que aunque así fuere, ello pierde validez en virtud del tipo de negociación realizada. Negociación que en ningún momento (¡grave error!) tomó en cuenta las diferencias sustanciales que caracterizan a las naciones del istmo. Así, por ejemplo, el informe reciente de la organización Human Rights Watch sobre los trabajadores salvadoreños, describe dolorosas violaciones a los derechos humanos en El Salvador, constituyéndose (entre muchos otros) en un elemento imposible de resolver antes de la aprobación legislativa. Según el mismo, facilita el maltrato de los obreros salvadoreños el hecho de que la legislación laboral es sumamente débil mientras que la acción gubernamental por cumplirla es, a veces, inexistente. Reina así, la impunidad más descarada en cuanto al incumplimiento de salarios mínimos, seguridad laboral, garantías sociales, derechos de asociación, libertades políticas, acceso a servicios de salud, etcétera.  Aspectos que hacen de El Salvador un «paraíso» para la explotación de los más humildes en pro del fortalecimiento del «capitalismo salvaje».  Dice el informe, además, que pese a que el TLC podría constituir una oportunidad para mejorar sustancialmente las leyes que rigen las relaciones entre patrones y trabajadores, lo cierto es que no sucedió así pues el «libre comercio» por sí solo no garantiza un mayor respeto por los derechos humanos de los salvadoreños.
Así, en vista de que el tratado negociado no promueve cambios en contra de tales injusticias, muchos congresistas estadounidenses se muestran consternados y muy dispuestos a detener su aplicación en vista de que, tanto en aspectos laborales como ambientales, el tratado ni siquiera impulsa los cambios legales necesarios. Al no haberse cumplido el objetivo anunciado alguna vez, de promover la consecución de estándares internacionales en ambas áreas, ello está provocando la toma de posiciones semejantes a la expresada por John Kerry.
Estamos, por tanto, ante una situación que podría hacer cambiar sustancialmente lo anunciado por los promotores del convenio. Ante la pérdida de apoyo electoral que sufre el presidente Bush y el crecimiento del demócrata de Boston, la preocupación cunde entre los personajes ultraconservadores de la Casa Blanca. A partir de ahora, todos los temas que podrían provocar la pérdida o ganancia de votos son trascendentales, por lo que un TLC con un grupo de pequeños países centroamericanos con un amplio récord de incumplimientos laborales y ambientales, podría pasar a jugar un papel de menor importancia en la propuesta que busca la reelección de Bush. Y si la elección de noviembre es ganada por Kerry, ya éste ha anunciado que, además de vetar el TLC, ordenará también «una revisión inmediata, por 120 días, de todos los tratados, para garantizar que nuestros socios estén cumpliendo con sus obligaciones laborales y ambientales…»(25 de enero, 2004).
Tenemos pues un nuevo escenario, conocido pero hasta ahora bien disimulado por Trejitos y compañía, en que se vislumbra un futuro incierto, muy incierto, para la aprobación del TLC en los Estados Unidos.