Las academias en otros países han servido para preparar los cuadros policiacos y militares que después han reprimido a los movimientos sociales. El exmandatario panameño Manuel Antonio Noriega es uno de los formados en una de esas escuelas.
Todavía no se sabe «a dónde irá veloz y fatigada…», pero es casi definitivo que -al igual que la golondrina de la conocida canción mexicana de Narciso Serradell- de aquí se va la academia policial que el gobierno buscaba instalar en suelo nacional, con el apoyo de Estados Unidos.
El gobierno estadounidense rechazó hace algunas semanas la gestión de algunos diputados para realizarle enmiendas al convenio y advirtió que si al 30 de abril próximo no está aprobado, «considerarán el proyecto como irrealizable en el tiempo contemplado al momento de la firma de los Acuerdos y no se continuará con el Gobierno de Costa Rica».
El texto de este acuerdo no fue incluido en la lista de proyectos de interés para el Poder Ejecutivo, el cual maneja la agenda durante el actual periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, por concluir el 30 de abril.
El proyecto (No. 15.215) para crear la «Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley» revoloteaba desde mediados de 2002 por las oficinas de la Asamblea Legislativa, en donde se empantanó en la Comisión de Relaciones Internacionales, tras las objeciones al texto que hicieron varias personas.
Esta situación fue confirmada a UNIVERSIDAD por el ministro de Seguridad Pública -Rogelio Ramos- y por el consejero de asuntos públicos de la Embajada de Estados Unidos -Peter Brennan-, así como por los diputados de la comisión -Rolando Laclé y Rodrigo Alberto Carazo-.
Ninguno de ellos cree que el gobierno de Estados Unidos tome represalias contra Costa Rica, por no aprobar el convenio en la Asamblea Legislativa.
Por su parte, el coordinador del «Colectivo Pablo Presbere» que lideró la lucha contra la aprobación de esta academia -Allan Barboza-, expresó satisfacción por lo que parece ser un fracaso en la aprobación de este acuerdo.

ENMIENDAS INACEPTABLES

Respecto del desistimiento estadounidense por el proyecto, cabe recordar que en setiembre pasado la Comisión de Relaciones Internacionales gestionó ante el gobierno estadounidense la incorporación al convenio de algunas interpretaciones, mediante las cuales se pretendía asegurar que los fines de la academia serían estrictamente civilistas.
Por ejemplo, se buscaba que las personas por capacitar no provinieran de instancias militares, sino que fueran funcionarios que laboraran en instituciones civiles; y que la formación estuviera inspirada en los instrumentos (convenios, tratados, protocolos) que sobre esos temas hubieran ratificados los países del hemisferio.
De igual manera, se planteaba que las actividades extracurriculares y los cursos por impartirse en la academia, no podrían contradecir la Constitución Política, ni lo dispuesto por los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; y los contenidos de dichas materias debían ser conocidos con antelación por las instituciones de Costa Rica.
Uno de los aspectos más objetados del convenio, es que exigía el rango de diplomáticos para todo el personal que nombrara el gobierno estadounidense, aunque no para la contraparte nacional.
Ante inquietudes de los legisladores, con fecha del 30 de enero pasado  el embajador estadounidense John Danilovich, respondió que «los Estados Unidos no pueden aceptar ninguna de las enmiendas propuestas al Acuerdo y al Acuerdo Suplementario».
En respuesta a la exigencia de darle participación únicamente a funcionarios civiles, el diplomático alegó que «los Estados Unidos respetan la prerrogativa de cada nación soberana de determinar la forma de manejar sus asuntos de seguridad interna y la composición de las fuerzas destacadas para manejarlos. En este contexto, cada país participante decide quién entre sus fuerzas de seguridad recibe el tipo de capacitación requerida para lograr sus objetivos de seguridad y nomina  a los candidatos a la academia consecuentemente».

PROYECTO POLÉMICO

Desde que la administración del mandatario Abel Pacheco dio su visto bueno a la instalación de dicha academia en suelo nacional, el proyecto generó polémica entre varios sectores, ya que este tipo de escuelas ha tenido en otros países un alto componente militar y sirvieron para reprimir las luchas sociales.
Pese a la oposición hecha pública por múltiples grupos, el gobierno continuó adelante con el plan, impulsado con gran interés por el ministro de Seguridad, Rogelio Ramos.
Al ser consultado por UNIVERSIDAD este último acerca del aparente fracaso del convenio, mostró resignación y dijo ser respetuoso de la voluntad de la Asamblea Legislativa. Agregó que no insistirá en su aprobación, pues la prioridad del Poder Ejecutivo está centrada ahora en la reforma fiscal.
Al igual que el diputado Laclé, Ramos destacó las bondades que perseguía el proyecto en materia de capacitación, pero no descartó que los funcionarios nacionales puedan participar en una escuela similar, cuando EE.UU. la instale en otra nación. En este sentido, el consejero de la embajada -Peter Brennan- aseguró que aún no tienen definido cuál país podría ser la sede.
Laclé, Ramos y Brennan, descartaron cualquier tipo de represalia contra Costa Rica por no aprobar la academia; y más bien el diputado Rodrigo Alberto Carazo piensa que » habrá un incremento en el respeto por el país en el campo internacional».
Carazo dijo que el desenlace de este proyecto deja como enseñanza a sus negociadores, que «no hay que ser tan fáciles» y la importancia de que «un país digno haga valer su dignidad y formule preguntas» (enmiendas). Su conclusión es que «hacer valer la dignidad y soberanía de un país nunca será inapropiado».
Por otro lado, el coordinador del Colectivo Pablo Presbere -Allan Barboza-, afirmó que con el rechazo estadounidense a las enmiendas propuestas por la comisión legislativa, se comprueba que la academia tenía la intención de capacitar en el campo militar, tal como lo sostuvieron desde que iniciaron su lucha.
Barboza criticó a ese país por no aceptar las enmiendas y que se les «amarre» con la obligación de cumplir una serie de convenios sobre derechos humanos, los cuales no ha firmado o se niega a cumplir. «Simplemente se les cae la máscara con esta respuesta, que hace inviable su aprobación en el congreso», añadió.
La posibilidad de que sea revivido el proyecto en los pocos días que quedan de sesiones extraordinarias legislativas es casi nula. Por eso ya se escucha la música de «La golondrina» para la polémica academia, aunque no se sepa para adónde irá.