El jurado del Tribunal Centroamericano del Agua estaba compuesto por nueve profesionales de Centroamérica, y de Colombia, Cuba y Uruguay.
La destrucción de los manglares por la industria camaronera en el Golfo de Fonseca, Honduras, el tránsito de material radioactivo por el Canal de Panamá, y la sobreexplotación del acuífero Nimboyores, en Guanacaste, son diferentes caras de la misma historia que se repite en toda Centroamérica.
Estas denuncias de contaminación y de riesgo del recurso hídrico -presentadas por organizaciones ambientalistas- las conoció el Tribunal Centroamericano del Agua (TCA), del 15 al 19 de marzo y señaló la responsabilidad de las autoridades y empresas. Como sus resoluciones no son vinculantes, sancionó moralmente a los demandados y envió sus recomendaciones. Sin embargo, muchos desearan que las sanciones fueran reales y que las recomendaciones se acataran lo más pronto posible.
El tribunal es una instancia alternativa de solución de conflictos pero no es un órgano jurisdiccional ni sus decisiones son de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, el carácter ético del jurado y la importancia del manejo y uso del agua hacen que sus resoluciones sean tomadas cada vez más en cuenta por las partes involucradas.
En esta segunda audiencia de juzgamiento -la primera fue en 2000- se presentaron 50 casos de la región. Se eligieron nueve, y después de valorar las pruebas técnicas y científicas y de escuchar a las partes demandadas y demandantes, se dictó sentencia sobre siete de ellos.

PELIGRO RADIOACTIVO

Uno fue sobre el tránsito de barcos que cargan material radioactivo por el Canal de Panamá. Por más de dos décadas el canal se ha usado para transportar el combustible nuclear irradiado proveniente de Japón para su reprocesamiento en Francia e Inglaterra. El combustible que se trata de esta manera en Europa es enviado de vuelta a Japón, nuevamente por el canal. El transportista principal de este último es Pacific Nuclear Transport Ltda., empresa que argumenta que el riesgo por el tránsito es insignificante.
«Las compañías involucradas tienen un récord sumamente negativo pues han falsificado informes y se les han comprobado fallas de calidad. No estamos pidiendo que se regule, sino que se prohíba», advirtió Raúl Escoffery, de la Instancia de la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA).
La organización sostiene que un derrame de material radioactivo contaminaría miles de kilómetros  de tierras o aguas, inhabilitándolas para la producción de alimentos o para el hábitat humano. Asimismo, señalan que no hay controles adecuados para garantizar la seguridad de la población.
Países como Chile y Argentina prohíben el paso de estos barcos por sus aguas territoriales, informó la abogada Susana Serracín, por lo que si otros como Costa Rica y Colombia también lo hicieran, podrían dificultar el tránsito de estos barcos que cruzan el canal de Panamá y viajan por las aguas territoriales de estas naciones.
Por su parte Alberto Alemán, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, informó que de los 13.154 barcos que pasaron por el canal en 2003, sólo hubo 12 accidentes, y sólo 40 barcos llevaban material radioactivo. También detalló las medidas de seguridad que tienen y los requisitos que piden a los barcos.
No obstante, el TCA determinó que existe un riesgo de que ocurra un accidente nuclear y que el cierre del canal por algo así afectaría económicamente a toda la región. Declaró que el Gobierno de Panamá es responsable de no haber prohibido este tránsito y pidió detenerlo.

HONDURAS Y EL SALVADOR

También se debatió la contaminación del río Lara, en Copán, Honduras.  La Asociación de Organizaciones no Gubernamentales (ASONOG) denunció a la compañía minera Minerales de Occidente S.A. (MINOSA)  por verter cianuro en las fuentes de agua local. Una situación similar se está dando en Costa Rica, en Miramar de Puntarenas, ahora que se inició la construcción de una mina de oro a cielo abierto, en una zona donde hay 21 nacientes de agua (ver artículo en esta sección sobre la Minería en Miramar).
El Tribunal responsabilizó moralmente a la empresa por los accidentes que podrían ocurrir en el futuro y al Gobierno por negligencia. También pidió que se reforme la legislación minera para que estos proyectos contengan medidas de protección ambiental; que la empresa repare el daño causado; y que se deduzca una responsabilidad económica de la compañía por daños a la población.
En San Salvador, por otra parte, el Gobierno promueve un proyecto vial llamado Anillo Periférico para mitigar el tráfico vehicular en la ciudad; pero la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) advirtió que éste afectaría a un manto acuífero que suministra agua potable a la población del Gran San Salvador. El Salvador es el país con más problemas de disponibilidad de agua potable.
Además, el Tribunal criticó al Gobierno por haber desatendido las normas ambientales, por la ausencia de estudios de impacto hidrogeológico; y recomendó suspender la obra.

RÍO COMPARTIDO

En Nicaragua se denunció el desvío del río Negro, que comparte con Honduras, lo cual ha vaciado 36 pozos de agua causando sequías en detrimento de la población y muerte de ganado por la escasez de agua. Como resultado, afirman los denunciantes del Centro Alexander Von Humboldt y del Club de Jóvenes Ambientalistas, las personas deben hacer largos recorridos para adquirir agua a grandes costos.
«El problema, dijo Luis Pineda, alcalde de Somotillo, es que el agua se está desviando hacia Honduras para que un solo productor siembre melón de exportación».
Amado Ordóñez, director del Centro Alexander Von Humboldt, considera que se debe buscar un arreglo equitativo y justo. «Es una cuenca binacional. Estamos hablando del uso del agua en función de: ¿la gente o del comercio?»
Según el TCA, se debe condenar a las Cancillerías de ambos países por suscribir ese acuerdo binacional que permitió el desvío del río y pidió suspender la vigencia del acuerdo y que se restaure el canal del río.

ACUÍFERO EN GUANACASTE

El caso que se aceptó de Costa Rica fue el de la sobreexplotación del acuífero Nimboyores, en Lorena, Guanacaste, por parte de la empresa Desarrollos Hoteleros S.A. (Hotel Meliá Conchal/Paradisus). Durante el debate se dio una discusión entre grupos comunitarios que discrepan sobre la forma de enfrentar la situación.
El hotel tiene cuatro concesiones de aprovechamiento de aguas para pozos en Huacas y en los que se autoriza 72 litros por segundo (l/s) del acuífero de Huacas; pero hace dos años solicitó una nueva concesión en el acuífero de Nimboyores (UNIVERSIDAD «Megahoteles tienen sed», edición 1518, marzo 2003). Los sectores que se oponen a la concesión afirman que no se tiene un estudio hidrogeológico que permita conocer la capacidad del manto para solventar las necesidades crecientes del turismo y de las poblaciones locales.
El abogado Wilmar Matarrita, director ejecutivo del Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUAS) dijo que «nuestra lucha no es que los hoteleros no tengan agua, sino que haya un uso racional. Si seguimos como hasta ahora, nos vamos a quedar sin agua», destacó.
José Miguel Zeledón, director del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente (MINAE), indicó que este año se denegaron nueve solicitudes de perforación de pozos en esa área y que ya se llegó a un consenso con las comunidades sobre la explotación del manto Nimboyores.
Por su parte, María Rosa Angulo, de la Asociación de Lorena y quien inició esta lucha hace varios años, afirmó que las comunidades han progresado en la búsqueda de soluciones al conflicto. «Hemos visto un cambio en el Gobierno. Ya existe una comisión conformada por gente de las comunidades, de las instituciones involucradas y de los inversionistas y estamos seguros que la concesión a Meliá Conchal no se va a dar».
El 9 de marzo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la empresa suscribieron un acuerdo para conformar esta comisión que, en 75 días, deberá decidir sobre la solicitud de la concesión.
En su veredicto el TCA recomendó que se deniegue la concesión y que se abra un espacio de discusión para estudiar nuevas opciones de abastecimiento hídrico en la zona. Lo que quedó claro es que un grupo de comunidades, lideradas por Angulo, consideran que la demanda es retroceder en el camino seguido en la negociación con el Gobierno y los hoteleros.

CUESTIONAN TRIBUNAL

Pero se fue más allá en el debate, y María Rosa Angulo, al igual que otras autoridades costarricenses, cuestionaron la credibilidad del tribunal.
«Tal vez este tribunal hubiera servido más antes, cuando la lucha empezó y requeríamos ayuda. Nos hacemos muchos cuestionamientos sobre el tribunal, ¿Cómo determina la legitimidad de las denuncias que les presentan?», dijo.
Ante esto Javier Bogantes, director del TCA, dijo a UNIVERSIDAD que tácitamente existe el reconocimiento de cuatro gobiernos de Centroamérica. » Hay un procedimiento de la Procuraduría General de la República de Costa Rica que recomienda a las instituciones no responder a las audiencias y cuestionamientos del tribunal. Pero tampoco es cierto que los gobiernos centroamericanos no reconozcan al tribunal».
Agregó que parece haber un malentendido sobre los procedimientos y que existe una práctica de empresas y gobiernos de decir que no les llegaron los documentos a tiempo.
«No interesa tanto la condena para una empresa o un gobierno, sino lograr la solución de controversias de una manera que ayude». Este diferente escenario de justicia que representa el tribunal continuará su labor pues en junio habrá una audiencia en Managua sobre el caso de siembra de tilapias en el lago de Nicaragua.

Honduras
Camaroneras devoran humedales
El cultivo de camarón se ha convertido en el cáncer que devora los humedales del Golfo de Fonseca, con la complicidad de organismos financieros internacionales y del gobierno.
Pero el conflicto en Honduras va más allá. En diez años han muerto doce pescadores,  asesinados por oponerse a la expansión de las industrias camaroneras en esta zona y recientemente guardas de una de las empresas tirotearon a tres pescadores, denunció Jorge Varela, del Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF).
El Golfo de Fonseca es compartido por Honduras (185 km.), Nicaragua (47 km.) y El Salvador (23 km.). En este ecosistema han desaparecido bosques de mangle, playones y lagunas, por la construcción de granjas camaroneras que, según esta organización ocupaban 16 mil hectáreas en 1998.
Las plagas que afectan al camarón suponen grandes pérdidas para las empresas, pero cuando estas usan Neguvón -plaguicida que no se debe usar en ríos, lagos ni estanques- aniquilan miles de microorganismos que viven en esta agua. «El resultado es la muerte de miles de peces en los esteros y nadie es castigado por esto», indicó Varela.
Otro problema es que más de 40 comunidades de pescadores fueron expulsadas de las riberas de los esteros para expandir la actividad. Ante la difícil situación económica muchos emigran a Estados Unidos, para seguir trabajando en la pesca de camarón.
«Las mallas impiden que los pescadores tengan acceso a las lagunas y esteros y hay una brutal represión contra los que protestan. Hay que señalar que las mujeres juegan un papel importante en las movilizaciones».
Las empresas, además, drenan el agua de sus lagunas directemente a los esteros sin ningún tratamiento y han violado los períodos de moratoria a la expansión camaronera.
«Después de tantos años de estar denunciando estas violaciones a los derechos humanos y de contaminación del ambiente sin que el Gobierno haga nada, queremos que este Tribunal condene a las autoridades», demandó. La Procuraduría del Ambiente autoriza la destrucción de estos humedales que son sitios Ramsar, agregó.
Una de las compañías es Granjas Marinas San Bernardo, que se estableció con financiamiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial. La otra es El Faro, que en 2003 destruyó completamente la laguna La Berbería, según Varela, y este año empezó la explotación de otra área protegida aledaña.
«Queremos que el IFC proceda contra sus funcionarios que recomendaron los préstamos y que a la industria camaronera se le eliminen los incentivos que les eximen de pagar impuestos», pidió el activista.
El TCA censuró al Gobierno de Honduras por incumplir las obligaciones internacionales para proteger este humedal, y recomendó establecer una moratoria y demarcar las áreas para la explotación camaronera. Responsabilizó al IFC y al BM por financiar estos proyectos y los instó a no financiar nuevos.
«¿Quiénes defienden las áreas protegidas? Es la gente del pueblo bajo el sol, defendiendo lo último que les queda, lo que están viendo desaparecer».

Una planta que aprisiona aguas
El lago Izabal, el más grande de Guatemala, que forma parte del Corredor Biológico Centroamericano, importante como medio de transporte y por su potencial pesquero y turístico, está contaminado con una extraña planta llamada Hydrilla verticillata.
Esta planta herbácea acuática, originaria de Asia, tiene increíbles formas de reproducirse (fragmentación, semillas, tubérculos), y necesita muy poca luz para hacerlo. Los pescadores empezaron a verla en el lago en 2000 y estudios de Alejandro Arrivillaga para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala (CONAP) muestran que en 2002 la planta ocupa unas 2.000 hectáreas del lago, que mide 68.000 en total.
Eloida Mejía, presidenta de la Asociación Amigos del Izabal, explicó que las embarcaciones se atascan con esta planta lo que impide viajar por el lago. Las orillas de pueblos como El Estor tienen hydrilla y en el lago hay manchas de hasta 15 kilómetros de extensión, dijo.
«La contaminación es el caldo de cultivo para la hydrilla», expresó Carlos Salvatierra, del Colectivo Madre Selva. Esta es la posible causa de la proliferación de esta planta: la contaminación por materia orgánica, pues hay pueblos de las orillas que drenan sus aguas negras en el lago y también hay plantaciones de palma y banano.
El Gobierno sólo empezó a hacer acciones para eliminarla en la zona del río Dulce, que desemboca en el Lago, y aunque en agosto de 2002 declaró un estado de calamidad por el caso, según Salvatierra no actuó de acuerdo con las declaratorias de emergencia.
Sugirieron aplicar químicos para eliminar la planta; pero a las organizaciones les preocupa cómo va a afectar la pesca, por lo que proponen usar la mano de obra de los pescadores para la extracción artesanal.
Además se han solicitado 12 concesiones mineras en la orilla del lago, lo cual implicaría más contaminación, dijo Mejía.
Ana Lucía Noguera, de la secretaría ejecutiva del CONAP, informó mediante una carta que continuarán haciendo un estudio de impacto ambiental sobre el manejo del lago y harán pública la información que encuentren sobre la hydrilla.
El Tribunal sancionó moralmente al gobierno anterior por no haber tomado las medidas adecuadas cuando empezó el problema y pidió al gobierno actual implementar las sugerencias de expertos sobre los métodos para eliminarla.
«El Gobierno tiene más apertura y voluntad. Creemos que es ahora cuando podemos hacer algo por nuestro lago», concluyó Mejía.