Una lucha entre personas que defienden el valor del agua como elemento indispensable para las distintas formas de vida, y otras que privilegian los beneficios económicos que generan actividades contaminantes como la minería a «cielo abierto», se presenta en la comunidad de Miramar, cabecera del cantón de Montes de Oro, provincia de Puntarenas.
La pugna en esta localidad es una más de las muchas que han surgido en los últimos años en el país y el mundo, ante la constatación creciente de que el respeto por el ambiente incide directamente sobre la calidad de vida y que los recursos naturales se agotan peligrosamente.
Y es que si bien las fuentes de producción económica son también importantes para el desarrollo de las comunidades, los problemas surgen cuando los procesos productivos se diseñan de manera desequilibrada, en detrimento del ambiente y por consiguiente de la población.
En Miramar, un sector de sus habitantes se oponen al proyecto de explotación de oro en la mina Bellavista, al considerar que traerá serias consecuencias para su calidad de vida. Mientras tanto, otro grupo lo defiende y alega que es una fuente de trabajo que reducirá el desempleo.
Las empresas que impulsan esta explotación minera: Ríos Minerales S.A. y Metales Procesados MRW S.A., aseguran que cumplirán con todas las regulaciones ambientales y que además destinarán fondos para el desarrollo socioeconómico del lugar.
Por su parte, ambientalistas que integran la organización «Comunidades Ecologistas Usuarias del Golfo de Nicoya» (CEUS del Golfo), estiman que el proyecto de minería a cielo abierto dañará las fuentes de agua de la región y provocará otros males, como históricamente ha sucedido con este tipo de actividad en diferentes partes del mundo (ver recuadro «Consecuencias en el mundo).
Cabe destacar que la extracción minera está acogida al Régimen de Zonas Francas, por lo que está eximida de pagar una serie de impuestos locales y nacionales.

EL PROYECTO

A pesar de que en 2002 el mandatario Abel Pacheco emitió un decreto que prohíbe la minería a cielo abierto, la operación de la mina Bellavista quedó por fuera de este, debido a que sus permisos fueron gestionados antes de dicha directriz.
Este proyecto se ubica a unos dos kilómetros al noreste de Miramar y su área abarca 173 hectáreas de terreno quebrado, que en su parte más baja sirve de cauce al río Ciruelas, el cual desagua en el golfo de Nicoya y en cuya cuenca hay 21 nacientes de ríos.
La explotación comprenderá un tajo de donde se extraerán -mediante el uso de dinamita y equipo automotor pesado- los materiales geológicos que contendrían partículas de oro.
Cada día serán removidas un promedio de 14.000 toneladas de tierra y rocas por día, que serán trituradas por unos molinos bajo techo. Una «escombrera» con capacidad para almacenar unos 16 millones de toneladas, recibirá los residuos sólidos .
Dentro de las etapas que complementan la extracción del oro, habrá además áreas destinadas a la separación de metales y tierra, y al depuramiento de las aguas y materiales residuales, entre los cuales se encuentra el peligroso cianuro, indispensable para encontrar el apetecido oro.
La expectativa de los empresarios es obtener 1.54 gramos de oro por cada tonelada de material procesado, a lo largo de 8 años de extracción. Actualmente las obras que llevan a cabo son de preparación del terreno y se prevén dos años para la fase de recuperación del área y cierre definitivo del proyecto. Entre los planes que tienen también para ese sitio, está la construcción de un relleno sanitario para desechos no tóxicos o lixiviables.
Según explicó el gerente general y apoderado legal de este proyecto -Franz Ulloa Chaverri-, la empresa Ríos Minerales se encargará de la etapa constructiva y Metales Procesados MRW de la de procesamiento y extracción del oro.
Ulloa Chaverri detalló que los socios de estas compañías son costarricenses, y que ambas empresas están ligadas al consorcio canadiense Glencairn.
Para el presente año, invertirán en el proyecto unos $29 millones (¢12.383 millones) y al término de este esperan haber invertido unos $32 millones, puntualizó el gerente general.

NO ROTUNDO

Vecinos de Miramar como el exalcalde Roberto Aguilar y la secretaria de CEUS del Golfo -Sonia Torres-, le restan importancia a estos montos, y centran su preocupación en los eventuales daños que pueda ocasionarle la minería a las fuentes de agua que abastecen al acueducto local, del cual dependen unas 7.000 personas.
Sus temores nacen -por un lado-, ante la posibilidad de que las obras de construcción dañen algunas fuentes como las nacientes Montezuma I y II; y por otro lado, que en el futuro el acueducto sufra contaminación directa o indirecta por residuos de cianuro y otros metales.
Se quejaron porque para evitar esta contaminación en el proyecto se contempla la desconexión de estas nacientes y esto reduciría el caudal de agua del acueducto; en los últimos dos años se han desarrollado diez nuevas urbanizaciones, las cuales demandan más agua, dijeron.
En una hoja volante, Ceus del Golfo expuso 15 razones para oponerse a la mina Bellavista; entre ellas están: tanto el río Ciruelas, como la quebrada La Plata, el golfo de Nicoya  y los pozos se podrían contaminar con cianuro, metales pesados y barro; el área de la mina es propensa a los derrumbes y posee fallas geológicas; los empleos que generará son muy pocos y no compensan el daño que provocarán; y la gran cantidad de polvo que se produce con la remoción de tierras afecta la salud y contamina.
Respecto a esto último, Aguilar y Torres afirmaron que con los tradicionales vientos fuertes del verano se incrementa la llegada del polvo y con ello los problemas respiratorios y de suciedad.
El temor -agregaron- es que cuando se den los procesos extractivos del oro, el polvo llegue contaminado con partículas de cianuro y estas pasen al sistema respiratorio.
En una visita el pasado 19 de marzo a los alrededores de la mina, se pudo apreciar que por el trabajo de numerosa maquinaria pesada en la remoción de tierras y el fuerte viento imperante, se levantaban nubes de polvo en dirección a Miramar. Sin embargo, es difícil determinar si dichas partículas son las mismas que se perciben en esa localidad, a dos kilómetros de distancia.
Varios vecinos pusieron en febrero pasado una denuncia por esta situación ante el Ministerio de Salud. En ella se expone que «el polvo esta deteriorando nuestro sistema respiratorio, acentuándose en personas asmáticas, las gargantas están irritadas, los ojos ‘enchilados’ y enrojecidos, aunado con la suciedad de nuestras casas y la ropa que se curte al tenderla al sol».
Sonia Corella, propietaria de Soda y Cabinas Kattia y quien dijo no estar a favor o en contra del proyecto minero, manifestó no sentirse afectada por el polvo, el cual se acentúa con los vientos del verano.
Por su parte, el alcalde -Álvaro Jiménez Cruz- reconoció la existencia de estos males ocasionados por el polvo, según informes que ha recibido del centro de salud local. No obstante, aseguró que estos son propios de esta época y no hay datos que muestren una tendencia hacia el crecimiento.

PERMISOS ¿EN REGLA?

Por otro lado, en torno a los permisos de construcción del proyecto existe controversia entre sus promotores y quienes se le oponen.
Torres y Aguilar criticaron que para el inicio de labores de la mina, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) -adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía- aprobó en enero de 2001 el permiso de operación de la mina Bellavista, luego de que homologó el Plan de Gestión Ambiental (PGA) con un Estudio de Impacto Ambiental, que es de mayor rango.
De igual manera -alegaron-, esa resolución era válida por dos años y a diciembre del año pasado no había sido renovada. Cuestionaron también que la empresa no disponía de los respectivos permisos municipales de construcción ni patentes.
En un informe del 12 de diciembre pasado del ingeniero Juan Carlos Oreamuno Hernández -de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud-, se le advierte a la compañía minera que para obtener los permisos de ubicación del proyecto, antes de cumplir con la presentación del «visto bueno de Uso de Suelo de la Dirección de Urbanismo del INVU para esta clase de actividad».
Asimismo, le indica que dado el tiempo transcurrido, debe aportar una copia de la renovación del permiso de la SETENA.
Consultado al respecto Franz Ulloa, aseveró que ya el INVU otorgó el permiso de uso de suelo y que cuentan con todos los permisos para realizar las obras que realizan. Sostuvo que hicieron un Estudio de Impacto Ambiental, «de los mejores que se han hecho en el país».
En esto coincidió con el alcalde Jiménez Cruz, quien enfatizó que todos los trámites de la empresa están a derecho y que él será el primero en oponerse a cualquier situación irregular y en defender los intereses de la comunidad. Aclaró que los correspondientes permisos fueron aprobados por la anterior gestión municipal.

BENEFICIOS A LA COMUNIDAD

Acerca de los beneficios que recibirá Miramar por la actividad minera a cielo abierto, los argumentos de los ambientalistas parecieran perder fuerza ante las limitaciones presupuestarias de un municipio con escaso presupuesto y las necesidades de empleo de la población.
Quizás sea por eso que algunos vecinos de Montes de Oro y sus dirigentes prefieran correr riesgos -algunos irreversibles- con una actividad económica que un largo plazo podría resultar nefasta para su salud y el entorno. Todo depende de la responsabilidad que se imponga a la empresa minera, para mitigar el inevitable daño ambiental que genera la extracción de minerales.
En referencia a esta preocupación, Ulloa Chaverri garantizó que no contaminarán las fuentes de agua del cantón. «Estaríamos cometiendo un error gravísimo si lo hiciéramos», acotó.
Entretanto, el alcalde Jiménez Cruz corroboró la versión de que las nacientes Montezuma I y II serían desconectadas del acueducto; esto, con el fin de evitar su  eventual contaminación. Como compensación, la empresa se comprometió a construir todo el sistema de acueducto «La Vega», con un costo estimado de ¢50 millones.
Insistió en que la Municipalidad como administradora del acueducto, estará vigilante de su protección. «En el momento en que haya daños a las nacientes, pues obviamente nosotros -como oromontanos- tendríamos que ir con palos, piedras y cuchillos, a defender los intereses del cantón,» agregó.
El Alcalde alabó la disposición de la firma minera de pagar los impuestos municipales y los derechos por patentes, a pesar de que está exenta por gozar de los beneficios del Régimen de Zona Franca.
Jiménez precisó que mediante un acuerdo, la empresa se comprometió a pagar todos estos cánones, que en conjunto rondarán los ¢100 millones por año. Este monto es significativo para una municipalidad como la de Montes de Oro, cuyo presupuesto propio para este año es de ¢100 millones y que en 2003 cerró con un déficit de ¢11 millones.
Sumado a lo anterior, donará a la comunidad obras, maquinaria, terrenos y otros, en los años venideros, por una suma superior a los ¢230 millones.
Este acuerdo se firmó en razón de que la empresa minera «está en función del desarrollo social de Miramar», expresó Ulloa Chaverri.
En materia de empleo, el gerente general precisó que en su momento de mayor trabajo ocuparán unas 240 personas; actualmente emplean a 175. El 80% de las plazas son para vecinos del cantón.
Para el pasado lunes 22, se esperaba que funcionarios de la Fiscalía Ambiental y del Tribunal del Agua visitaran el proyecto.
El tiempo dirá a los vecinos quién tenía razón en apoyar u oponerse a la minería a cielo abierto. Lo deseable es que no haya consecuencias graves para el ambiente ni las personas.

Consecuencias en Honduras
Las consecuencias por la minería a «cielo abierto» ya se están sufriendo en el departamento hondureño de Copán, según se conoció la semana pasada durante las sesiones del Tribunal Centroamericano del Agua.
Marisol Tabora, de la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG) de Honduras, expuso que en enero del año pasado se produjo la descarga de 500 galones de cianuro al río Lara, provenientes de las lagunas de lixiviación de la empresa Minerales de Occidente. Esto provocó la muerte de aproximadamente 18.000 peces.
Para mitigar el daño, la compañía vertió hipoclorito, con lo que más bien causó un mayor daño, detalló Tabora.