¿Cuáles son los criterios más apropiados para definir lo que deba entenderse por una reforma tributaria seria? Sectores bien conocidos se han decantado a favor de una tesis según la cual modificaciones técnicas como la renta universal y global y el cambio del impuesto sobre las ventas a impuesto al valor agregado son razón suficiente para hablar de una reforma «estructural». Sin embargo, sea dicho con el debido respeto, esto es ideología situada a la derecha del espectro político. Nótese que, en esta perspectiva, se subrayan los cambios técnicos que «modernizan» el sistema impositivo, a favor de los cuales se abona además la «atracción» de inversión extranjera. En cambio, se ignoran asuntos que inciden directamente en la vida de la gente.
Desde este último punto de vista -el de las personas de carne y hueso- el sistema tributario costarricense presenta dos defectos fundamentales: es altamente inequitativo y no genera la cuantía mínima de recursos que el Estado requiere para dar un cumplimiento aceptable a sus responsabilidades frente a la sociedad.
La inequidad queda retratada sucintamente en que un 65% de los ingresos tributarios provienen de impuestos sobre bienes y servicios (inclusive un 38% del impuesto sobre ventas). Entre tanto, los impuestos sobre ingresos y sobre la propiedad tan solo cuentan por algo más del 27%. Es obvio que el sistema impositivo costarricense descansa sobre los hombros de los pobres y de las clases medias. Por su parte, la insuficiencia de ingresos queda escueta pero claramente registrada en el hecho de que la carga tributaria es de menos del 13% del PIB. Bajísima respecto de cualquier parámetro históricamente aceptable. Esta es, evidentemente, la causa principal de las pertinaces insuficiencias que la labor estatal muestra en los ámbitos más diversos.
Una reforma tributaria que enfoque su atención en la gente y no en los tecnicismos tributarios y los intereses de la inversión extranjera, debería dirigirse a la solución de estos dos problemas básicos: la inequidad y la insuficiencia de ingresos. Ambos, por cierto, son aspectos relacionados de forma directa: si quienes reciben mayores ingresos y concentran más riqueza no tributan de acuerdo con tales condiciones, continuará la insuficiencia crónica de recursos y la acumulación de demandas insatisfechas, rezagos y cuellos de botella.
Si hoy día la parte de los impuestos sobre la renta y la propiedad en el total de los ingresos tributarios es de tan solo 27%, deberíamos aspirar a elevarla a un 45%. Si actualmente la carga tributaria es inferior al 13% deberíamos llevarla al 20%. Muchos economistas y empresarios sentirán vahídos y desvanecimientos leyendo estos números. Pero preguntémonos ¿realmente 7 puntos adicionales de carga tributaria son demasiados? Repartámoslos entre salud, educación, infraestructura, pequeño productor, medio ambiente, asistencia a los pobres, ciencia y tecnología, desarrollo rural, reordenamiento urbano, seguridad ciudadana…Y reparemos, de paso, en la magnitud de las insuficiencias actuales. Si es del caso hablemos también del déficit fiscal pero hagámoslo responsablemente, no en la usual versión «cine de terror» de la propaganda al uso. Es asunto de pensar en serio el desarrollo de Costa Rica y hacerlo desde la perspectiva de la calidad de vida de la gente y en relación respetuosa con la naturaleza.
¿Algo de esto se resuelve con el proyecto tributario en discusión? No; rotundamente no.