Los productores locales de arroz se encontrarán ante un gran reto de aprobarse el TLC, ya que esta actividad es altamente subsidiada en Estados Unidos.
Diversos cuestionamientos sobre los términos en que está redactado el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica ponen a dudar a especialistas en administración pública, economía y derecho comercial, mientras que los negociadores del Ministerio de Comercio (COMEX) alegan una absoluta transparencia en los términos del convenio.
Entre los puntos que son cuestionados por unos y aclarados por otros, están las facultades que se dan a la comisión administradora del convenio, las barreras no arancelarias, los efectos de la Ley sobre Bioterrorismo, así como las medidas sanitarias y fitosanitarias.
 
REVISIÓN CON ESCALPELO
 
Patricia Rodríguez, especialista en administración pública de la Universidad Harvard y de la Universidad de Costa Rica (UCR) considera que deben revisarse con sumo cuidado las facultades que le son conferidas a la citada comisión, ya que estaría facultada para modificar aspectos importantes sin que, necesariamente deban tramitarse con posterioridad en la Asamblea Legislativa.
El proceso de estos cambios se daría por el mecanismo «protocolo de menor rango» que es un acuerdo accesorio a un tratado principal.
 
Sobre este tema, la Viceministra de Comercio Exterior (COMEX), Gabriela Llobet manifestó que la Sala Cuarta resolvió -al revisar los tratados de libre comercio con Canadá y Chile, entre otros- que los protocolos de menor rango, como los que utilizará la mencionada comisión, forman parte de nuestras leyes «y no se harán cambios sustantivos».
«No se está modificando el tratado», enfatizó la funcionaria.
 
MARGEN DE MANIOBRA
 
Otro de los temas que son motivo de análisis por parte de los expertos consultados es el de las «Disposiciones finales del Tratado» que para el economista Juan Manuel Villasuso -profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR)- tiene algunas partes que causarían un efecto negativo en el acontecer nacional, especialmente porque no se admiten reservas, esto es, modificaciones al texto original una vez firmado por el Poder Ejecutivo.
Sobre este aspecto José Luis Molina, magistrado suplente de la Sala Constitucional aseguró que lo que sí se permitiría son reservas -llamadas también declaraciones interpretativas- las cuales sirven como un mecanismo para interpretar localmente términos del TLC que sean generalistas y requieran ser modificados.
En este sentido, Villasuso duda si este mecanismo será bien utilizado, ya que abre un portillo para hacer modificaciones cuya conveniencia puede ser cuestionable.
Sin embargo, la Viceministra de Comercio expresó con énfasis que «las declaraciones interpretativas unilaterales están prohibidas. Las negociaciones ya terminaron y cada uno de los estados quiere estar seguro que la contraparte no hará una modificación con posterioridad».
La jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Epsy Campbell y el coordinador del Bloque Patriótico, Humberto Arce han manifestado su abierta oposición a que se apruebe el TLC. También han dicho que se mantendrán vigilantes sobre alguna eventual reforma y el trámite que se le seguirá al proyecto en el plenario legislativo.
La tesitura de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) es proclive a que se apruebe este convenio bilateral.
 
SUBSIDIOS EN ENTREDICHO
 
Las ayudas económicas que el gobierno estadounidense brinda a sus sectores productivos, por ejemplo, el lechero, han sido motivo de múltiples polémicas no solo en el país sino también en el ámbito  mundial.
Para Velia Govaere, coordinadora de la Maestría en Derecho Económico de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y docente de la UCR, se deben aprovechar muy bien los plazos de desgravación arancelaria dados a los sectores productivos más sensibles del país.
Explicó que será la oportunidad para que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) se preparen para un cambio fuerte, a mediano plazo, en el aspecto competitivo y laboral.
Entre los siete productos protegidos con altos subsidios por parte de los Estados Unidos se encuentran el maíz amarillo, el arroz, el sorgo y el maní. Los dos primeros son de una alta importación en Costa Rica.
En el caso del arroz los negociadores del COMEX lograron un plazo de desgravación de 20 años, lo cual quiere decir que durante ese lapso el arancel -impuesto de importación- sigue siendo el mismo.
«Hasta el décimo primer año es que se comenzará la rebaja arancelaria hasta llegar progresivamente a cero, con la consecuente liberalización de los mercados bilaterales», explicó Gabriela Llobet.
Aseguró que otra medida que ayudará a proteger a la producción costarricense es la salvaguardia especial agrícola, una especie de arancel para impedir las importaciones masivas, ya que entre mayores sean, más impuesto de entrada se debe pagar.
La funcionaria admitió que existe una disparidad productiva porque EE.UU. posee altos subsidios en los artículos citados, pero dijo que el país quedará facultado mediante el TLC para hacer cualquier tipo de reclamo comercial.
Sobre el particular, Juan Manuel Villasuso consideró que es difícil reclamar en cualquier instancia jurídica algo que de por sí es una asimetría económica de hecho.
Incluso, destacó que las etapas de desgravación no son una garantía de que los agricultores puedan prepararse convenientemente para enfrentar una competencia tan gigantesca como la del país norteño.
«Es algo muy difícil tomado en cuenta que ya muchos están quebrados o en grave peligro de quiebra. En estas áreas productivas los bancos estatales y privados son ya prohibitivos para la mayoría de nuestros campesinos. Así es que el asunto va más allá de plazos», dijo.
 
BARRERAS LIMITANTES
 
Denominadas también «barreras no arancelarias», los subsidios a las exportaciones han sido un tema crucial tanto en la negociación costarricense como centroamericana y de otros tratados como Chile así como México.
En general, estas ayudas pueden ser del 5% en general sobre el valor de las mercancías. Existen otros bienes que se salen del promedio y poseen porcentajes más altos que llegan al 15% o el 40% sobre el valor de la mercancía.
Estos valores extremos se dan, sobre todo, con los productos lácteos, carnes, textiles, cuero y algunos productos agrícolas como los mencionados.
Inclusive, el año antepasado se aprobó como legislación estadounidense un subsidio a la soya, que es el competidor directo del aceite de palma, cuya tradición productiva es amplia en la zona atlántica de Costa Rica.
Tanto Patricia Rodríguez, como Villasuso y Govaere coincidieron -en consultas aparte hechas por UNIVERSIDAD- que este esquema de subvención económica hecha por EE.UU. perjudica, en forma indirecta, a lo que se produce en el país.
Para ellos el país debe implantar un plan nacional ordenado y sistemático que prepare a quienes producen localmente para no caer en una manipulación de los partidos políticos tradicionales, los cuales impidan ese ordenamiento.
De no cumplirse, es previsible una crisis inmanejable en sectores agrícolas y pecuarios sobre los que Costa Rica se desarrolló desde el siglo XIX.
 
DE ACATAMIENTO OBLIGATORIO
 
Otras de las medidas que el gobierno estadounidense incluyó en el tratado están establecer más fuertes medidas sanitarias y fitosanitarias para todos los bienes que sean exportados, lo cual, consecuentemente, agrega costos a la producción.
Jorge Cabrera, experto en derecho económico, comercial y ambiental, argumenta que estas disposiciones contenidas en el TLC van en detrimento de los sectores nacionales pero, de aprobarse en la Asamblea Legislativa, serán insoslayables.
Estos requisitos incluyen normas de calidad más estrictas regidas por los estándares ISO-9000 -relativos a la producción- y el ISO-14000 -relacionado con el ambiente-.
Pero la visión del COMEX es diferente. Según lo han expresado con anterioridad el ministro del ramo, Alberto Trejos y la Embajadora Especial para las Negociaciones Comerciales con Estados Unidos, Anabel González, desde ahora el país exporta un 56% de sus productos a la potencia mundial, por lo que se debe cumplir con la misma legislación.
Esta idea fue reforzada por la viceministra Gabriela Llobet. «Se está cumpliendo desde ya con gran parte de las regulaciones que las autoridades estadounidenses piden, por lo que no veo mayor conflicto en este punto».
Ejemplificó que hubo una larga negociación sobre el tamaño de ciertas plantas ornamentales que se enviaban hacia allá y tuvieron restricciones de ingreso. «Ahora con el TLC ese tipo de límites se aminorarán o no existirán. De hecho, antes de entrar a negociar este convenio, se acordó el envío de estos productos sin dicha regulación sobre el tamaño».
La negociadora negó que se suscribieran más derechos «antidumping» (contra la competencia desleal) que incidiría en un alza de los aranceles estadounidenses hacia sus importaciones.
«Lo que se hizo fue reforzar los acuerdos ya aprobados en la Organización Mundial del Comercio (OMC)», amplió.
No obstante, Llobet aceptó que la Ley sobre Bioterrorismo implica elevar algunos costos productivos para los locales porque son medidas extra que se exigen y que no se pueden evadir.
«Aquí hay que separar las medidas que cada país puede tomar. Hay que adecuarse a esa regla del juego. No se puede hacer nada al respecto», dijo.
El hecho implicó que miles de empresas costarricenses tuvieran que estandarizar gran parte de su productividad y establecer una representación jurídica en EE.UU., entre otros requisitos.
Para Llobet, dos de cada tres pequeñas y medianas empresas exportan a esa nación por lo que la consecuencias de un cambio no son tan radicales como se piensa.
Citó entre ellas, a las que exportan yuca, tubérculos, plantas ornamentales y follajes.
Este no es el mismo criterio que han expresado algunas diputadas y legisladores, quienes se consideran representantes de los pequeños agricultores, como Elvia Navarro y Juan José Vargas (Bloque Patriótico), Gerardo Vargas (PAC) así como Luis Ramírez (PLN).
Ellos -la mayoría provenientes de zonas rurales o agropecuarias- consideran que muchos productores ya están arruinados y que las presentes exigencias solo las podrán cumplir las empresas más grandes mientras las demás desaparecerán.
¿Qué contiene el TLC?
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica contempla los distintos órdenes de la realidad socioeconómica, política, financiera y social organizadas en las siguientes áreas:
 
* Reglas de origen
Son como «la nacionalidad» de un producto. Definen sus características según la partida arancelaria a que corresponda.
Las reglas de origen específicas son tan importantes como el programa de desgravación arancelaria, pues no sirve el lograr un acceso inmediato para un artículo si su regla de origen es restrictiva.
 
* Servicios e inversión
Contempla servicios tanto generales como financieros. El capítulo de inversión comprende la entrada temporal de personas de negocios, comercio electrónico y telecomunicaciones.
Se acordó que los inversionistas podrán someter un reclamo a un arbitraje internacional de acuerdo con el mecanismo del Centro de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) o las reglas del Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).
 
* Propiedad intelectual y compras de gobierno
Se contemplan detalles sobre toda creación de carácter intelectual en las que entran los derechos de autor, las marcas, las patentes y la protección a datos no divulgados sobre los medicamentos.
 
* Solución de controversias y disposiciones generales
Este apartado contempla la resolución de conflictos en cada una de las áreas del tratado -para lo que se recurriría a una instancia jurídica ajena a las partes- y disposiciones institucionales que conllevan siete capítulos para garantizar la administración y efectivo cumplimiento del TLC.
 
* Laboral y ambiental
Se centra en crear mecanismos especializados para solventar las controversias específicas en estas materias. La propuesta del texto es respetar las legislaciones sobre dichos aspectos que tiene cada país.
 
* Medidas fitosanitarias
Son protecciones que exigen diferentes estándares de calidad para la importación o exportación de bienes, principalmente vegetales o agropecuarios. Cada nación incorporó una lista de los bienes que les parecía más importante proteger.
 
* Proyectos de cooperación
Se propone establecer 19 proyectos para el istmo y la creación de una entidad rectora que les dé seguimiento.
Un ejemplo para Costa Rica es el financiamiento para la exportación de bienes agrícolas bajo esquemas de cooperación. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) creó un fondo de $20 millones para financiar la etapa de precosecha. Estaría en ejecución a partir de 2004.