El TLC es un nuevo instrumento para manejar la producción agrícola mundial, dijeron algunos especialistas durante un encuentro sobre el tema en la UCR.
Una proyección hecha por especialistas en el sector agropecuario augura que la cantidad de importaciones que el país deberá hacer cuando se llegue a la inexistencia de aranceles con Estados Unidos será muy grande y, debido a ello, lo que se presenta ahora como un beneficio no lo será en realidad.

Sin embargo, representantes del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) aseguran que para entonces los sectores agrícola y bovino habrán tenido un lapso considerable para prepararse en este cambio.

Mario Fernández, consultor independiente aseguró que uno de los «pecados» de partida que tiene el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos es el del tratamiento asimétrico a favor de este último país.

«Aparte de que se exigió a Centroamérica estar preparado para un proceso de desgravación arancelaria, los subsidios que reciben los agricultores cada día por parte del gobierno estadounidense ascienden a cerca de ¢1.000 millones», aseguró dicho especialista quien es ingeniero agrónomo.

Además, la administración norteamericana les da $37.500 millones anuales por otras partidas contempladas dentro del presupuesto.

Según informó a un concurrido público el pasado 26 de abril en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Costa Rica, lo más desventajoso de la situación es que no se logró que la potencia del Norte se abriera a negociar un rebajo de dichos subsidios.

En la mesa redonda denominada «El TLC y su impacto en el sector agropecuario» participaron, además, Álvaro Monge, Director de Proyectos Especiales del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), Renzo Céspedes (asesor de la Corporación Arrocera Nacional y de la Cámara Nacional de Productores Genéricos), además de Eva Carazo, asesora de la Mesa Nacional Campesina.

Estas formas de protección que tienen los estadounidenses, integradas en la política comercial denominada «Farm Bill» están acordadas para aplicarse hasta el 2.014.

A Costa Rica la impactaría negativamente lo que tiene que ver con oleaginosa y aceites.



LOS MÁS SENSIBLES



El azúcar es uno de los productos que, si bien se negoció según dice el gobierno «favorablemente» -con un plazo de desgravación de 15 años– comenzará con una cuota cero, pero en el último año de ese lapso las importaciones para el caso costarricense deberán llegar a las 1.000 toneladas métricas.

«La cuota para los países centroamericanos en azúcar, al comenzar la entrada en vigencia del acuerdo, representa para Estados Unidos un 1% de todo lo que el istmo produce en un año», explicó Fernández.

Advirtió que el COMEX, en cuanto a la papa y la cebolla, había dicho que quedaban fuera de las negociaciones, pero sí fueron incluídas lo cual no solo es cuestionable -dijo Fernández- sino que compromete a uno de los sectores productivos más importantes del país.

Este tipo de productores constituyen el 0,5% del total existente en EE.UU.



MÁS AMENAZA QUE VENTAJA



La normativa del TLC establece nuevas normas competitivas y compromisos en materia de ambiente que le acarrearían al país multas por $15 millones si una compañía estadounidense se decide a acusar a la nación por lo que considere el incumplimiento de algún deber.

Así lo explicó Renzo Céspedes para quien existen más de 3 mil decretos y convenios internacionales, además de amplia legislación suscrita que puede ser apelada por la contraparte.

El experto reconoció que Costa Rica es avanzada en materia ambiental pero que los términos en que el TLC hace la regulación causaría un perjuicio o peligrosas manipulaciones comerciales.

Sobre el particular en una edición anterior de UNIVERSIDAD, la Viceministra de Comercio Exterior, Gabriela Llobet, dijo que de darse una demanda contra el país la suma acordada en el litigio sería invertida aquí mismo para compensar los daños.

«México se vio expuesto a amplias presiones de prácticas en comercio desleal como resultado de sus procesos de apertura. Este hecho los llevó a hacer serios esfuerzos de fortalecimiento institucional», explicó Céspedes.

Entre los aspectos que fueron tomados en cuenta en dicha reforma se encuentran 300 casos resueltos en forma exitosa de aplicación de derechos compensatorios en la última década, además de 90 sobre medidas compensatorias vigentes.



PELIGROSO ESQUEMA



Un desmantelamiento del sistema de cultivo agrícola del país ocurre desde hace 20 años lo cual agrava aún más una integración comercial para la que no estamos listos, dijo el mencionado experto.

«No solo eso, sino que los subsidios que brinda Estados Unidos a sus productores viene desde hace 14 años. Estos procesos paralelos, más las medidas sanitarias, fitosanitarias y La Ley de Bioterrorismo nos exigirán estándares los cuales se debieron haber trabajado mucho tiempo atrás».

De ahí que para Céspedes los sectores agrícolas no tendrían mayor capacidad de sobrevivencia ante estas grandes diferencias que se dan de «arranque».

Citó que solo en el caso de los arroceros exiten 38 mil de ellos que son subsidiados en EE.UU.

Otros pagos directos que se dan son $976 millones para ganado y $848 millones por lácteos, según datos del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos.

Álvaro Monge, de COMEX aseguró sobre los cuestionamientos hechos que el 95% de los subsidios que protegen a los norteamericanos tienen que ver con productos que no son tan estratégicos para el país como la soya, el maíz amarillo, el maní, la avena, la cebada y el trigo. Exceptuó de este listado a los productos oleaginosos y al arroz.

El funcionario admitió que falta aún mucho por hacer en materia aduanera ya que existe bastante atraso infraestructural y de manejo del personal pero que está prevista una suma millonaria –de la cual dijo no acordarse– para preparar al sector.

Al cuestionarle que se invirtieron cerca de $300 millones en un préstamo multisectorial para hacer una reforma económica en el país en 1992, la cual no fue efectiva, aseguró que no necesariamente esa experiencia se debe repetir ahora.

Además, dijo que las negociaciones entre los productores de leche y lácteos fue satisfactoria porque EE.UU. deberá comprar al nacional un ciento por ciento de la producción según negociaron mediante el llamado «requisito de desempeño».

Los campesinos hablan
En representación de la Mesa Nacional Campesina, Eva Carazo -una de las participantes en la mesa redonda sobre «El TLC y su impacto en el sector agropecuario»- manifestó que el presidente estadounidense, George W. Bush dijo durante la firma del «Farm Bill» (ley que subsidia a los productores de EE.UU.) que esta área implicaba «un asunto de seguridad nacional».

Para la representante, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (TLC) es un proceso comercial expansivo que se viene dando desde los Programas de Ajuste Estructural (PAE).

«En 1990 se destinaba el 8% del gasto público a agricultura y ahora si acaso llega al 1,6%», manifestó.

En el Producto Interno Bruto (PIB) –que es la suma de los bienes así como los servicios totales del país– lo referente a producción agropecuaria bajó de 20% en 1990 a la mitad actualmente.

«Cada vez importamos más lo que comemos. Aceptar el TLC significa ahondar más la vulnerabilidad y la dependencia, la pérdida de nuestro universo cultural, la variedad de cultivos y el conocimiento propio de ésta».

Aseguró que existen cinco empresas que manejan la alimentación mundial lo cual representa un control negativo de la cadena productiva y de consumo.