La Unión Europea está conformada ahora por  25 países.
¡Perplejos! ¿De qué otra manera los europeos del este pueden enfrentar la aventura de la ampliación que se inició el 1 de mayo pasado? Basta recorrer la prensa europea de estos días. Periodistas de los grandes medios de la Europa del oeste, de Londres a París, de Berlín a Roma, recorren las grandes capitales del este hasta caer rendidos a los encantos de Budapest, Praga o Bratislava.

En las calles de los antiguos países socialistas, es la juventud la que muestra mayor encanto por el desafío, con una pizca de escepticismo. La misma información de los medios deja entrever el entusiasmo por la aventura y las dudas, bien fundadas, sobre su destino.

Algunos miran a España, Portugal e Irlanda, cuya incorporación a la Unión Europea, en los 80, sirvió de plataforma para un rápido proceso de modernización de sus economías y de sus sociedades, con todas las consecuencias que eso implica. Pero se habla menos de otro fenómeno, en el que quizás se deberían mirar la población europea, para vislumbrar las perspectivas de este proceso de ampliación: el de la reunificación alemana y la situación de los alemanes del este.



CUESTA CARO



Philippe Pochet, director del Observatorio Social Europeo, analizó las perspectivas de la integración, en una entrevista publicada por el diario francés Libération la semana pasada.

Al contrario de lo que pasó con la entrada de España y Portugal a la UE, en 1986, la nueva ampliación se debe más a razones políticas y diplomáticas que económicas o sociales, afirmó.

«En aquel momento los países mas industrializados como Francia, Alemania o Bélgica sabían que ganarían nuevos mercados con la ampliación hacia el sur. A cambio, aceptaron duplicar los fondos estructurales asignados a los nuevos miembros. Las élites de los países entrantes aprovecharon para mejorar las condiciones de trabajo y los sistemas de protección social de sus países y renunciaron a una estrategia de «dumping» social basada en salarios bajos.

«Lo contrario ocurre ahora. Es como si los quince dijeran a los países candidatos: ¿Uds. quieren entrar a la Europa e integrar definitivamente el sistema capitalista ? De todos modos Uds. no tienen otra alternativa. No aumentaremos los fondos estructurales. Resultado: los países del este siguen tratando de atraer las empresas del oeste con mano de obra barata».

El periodista le preguntó entonces si la Europa social, ya de por sí mal definida, se vería aún más debilitada.

Pochet contestó que «nadie piensa que la ampliación hacia el este ofrece muchas perspectivas de fortalecer la Europa social en un futuro cercano».

Pero añadió, tampoco hay que ser catastrofista: es una ocasión de fortalecer los valores europeos de solidaridad,  frente al liberalismo norteamericano.

«A principio de los años 90, cuando cayó el comunismo, el único modelo para ellos era el de los Estados Unidos y de sus fondos de pensiones privados, los programas del FMI y del Banco Mundial. Después, intervino Europa -muy tarde, es cierto- pero con propuestas alternativas».

En todo caso, en los próximos tres años la UE aportará 40 mil millones de euros (cerca de 48 mil millones de dólares, al cambio actual) a los fondos estructurales, para promover el desarrollo de los nuevos países miembros. Estos, en cambio, deberán aportar unos 15 mil millones de euros al presupuesto comunitario, con lo que habrá una transferencia neta de 25 mil millones.

La ampliación cuesta caro. Y no hay recursos sobrantes; todo lo contrario. El presidente francés Jacques Chirac, se opone al aumento del presupuesto de la UE. Bruselas, sede del ejecutivo europeo, quiere aumentarlo del 1% del PIB de la UE actual, a 1,27 %. La posición francesa es compartida por otros Estados, entre ellos Alemania y Gran Bretaña. Pero Bruselas recuerda que fueron las ayudas comunitarias las que permitieron, en los años 80, a España, Portugal y Grecia acercarse rápidamente al nivel de los demás países de la UE.

El problema para París es que, con un déficit fiscal de 4,1% y una deuda pública de casi 64% del PIB, está muy por encima de los límites fijados por las normas financieras comunitarias. El déficit debería bajar a 2,9% el año que viene y un aumento del aporte a la UE haría imposible alcanzar esa meta, ya de por sí difícil.



VIEJO SOCIALISMO



De otro punto de vista, está la realidad de los nuevos países miembros.

La caída del socialismo en los países del este europeo ha llevado a situaciones dramáticas, en algunos casos. Se privatizaron los servicios públicos, se aplican tarifas a precios de mercado y desaparecieron muchas garantías sociales, aunque la situación no es exactamente la misma en todos.

«Se derrumba el sistema de salud. Los inmensos hospitales cuestan caro, los seguros sociales están quebrados. Las pensiones son miserables. En las regiones mineras o siderúrgicas la tasa de desempleo llega a 40%», según la descripción de medios de prensa europeos.

Un informe de la Comisión Europea, de enero pasado, mostraba un panorama económico poco alentador. La tasa de crecimiento de los 15 países miembros fue de apenas 1,25%, como promedio de los tres últimos años, muy inferior al 2,7% logrado en la segunda mitad de los 90.

La esperanza es que la ampliación de un nuevo impulso a las economías europeas. Pero con el actual esquema político surge la tentación de hacerlo mediante un esquema de privatizaciones y debilitamiento de la red de protección social en los países del este, lo que podría a mediano plazo, agravar las tensiones sociales.

Polonia es el país más poblado de los nuevos miembros de la UE, con poco más de 38 millones de habitantes. En enero, la tasa de desempleo superaba el 20%, la más alta de Europa comunitaria. Su PIB es equivalente a apenas 41% del promedio comunitario.

En Praga, capital de la República Checa, la semana pasada, los empleados públicos hicieron una modesta protesta: paralizaron sus labores durante una hora. Algo inconcebible en ese país. Es que la caída del poder adquisitivo de los salarios y los recortes draconianos del empleo público agravan las condiciones de vida de la población. Pero, con un déficit fiscal de casi 13% (el más alto en la UE), crecen las presiones para modificar lo que algunos estiman un «generoso sistema de seguridad social».

En Eslovaquia, con una población de cinco millones de personas, el desempleo es de 16% y los salarios son bajos.

La ampliación le da argumentos a quienes proponen aplicar las «reformas estructurales» que se han promovido en el este, desde la caída del socialismo, al oeste, con reducción de impuestos y flexibilización de las normas laborales.

Pero difícilmente la Europa comunitaria podrá consolidar su esquema de desarrollo y levantar el de los nuevos miembros con la política de liberalización. Es, quizás, en el desafío de encontrar nuevos rumbos para el desarrollo, donde reside el mayor encanto del proyecto. Pero esto no se hará sin renovadas tensiones políticas.

LOS NUEVOS ESTADOS
El 1 de mayo se incorporaron a la UE las antiguas repúblicas socialistas: República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, los tres países bálticos: Letonia, Estonia, Lituania; además de Malta y Chipre.

De ese modo, el número estados miembros de la UE aumentó de 15 a 25.

Su superficie se incrementó en un 25% y su población en un 20%, casi 450 millones de habitantes.

La media del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los diez nuevos miembros es un 40% más baja de la media de los 15 antiguos países miembros.

Sin embargo, algunas naciones son más ricas que otras. Chipre y Eslovenia están en lo alto de la lista, con un 70% o más de la media del PIB de UE, mientras que Letonia apenas llega al 35%.