«La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de retomar el informe que nunca se discutió sobre la corrupción en la Caja», dijo el exlegislador Wálter Muñoz.
La corrupción en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) llega a tales niveles que se requiere de una cirugía mayor en la que intervenga en primera instancia una Asamblea Legislativa convencida de que llegó la hora de cambiarla o firmar su decreto de defunción.

Con firmeza, el exlegislador Wálter Muñoz del Partido Independiente Nacional (PIN) considera que una investigación en la que él participó desde 1998 hasta 2001 cobra vigencia luego de las denuncias de supuestos tráficos de influencias y pésimos manejos administrativos en la entidad, creada en 1941.

Según aseveró, en 2000 la Caja gastó en compra de servicios cerca de ¢1.500 millones.

La investigación, archivada luego de hacerse 10 intentos para alterar el orden del día y someterla a discusión, no logró el apoyo mayoritario de los diputados, especialmente porque se estaba en fases previas a las elecciones para escoger Presidente de la República.

Otra de las conclusiones sobre las que habló Muñoz es que la prima del seguro de pensiones de la CCSS -que representa el 7,5% del salario de cada trabajador afiliado- permitirá operar sin problemas hasta el próximo año, pero la capitalización disminuirá progresivamente.

En una entrevista con UNIVERSIDAD recordó que en 2000 se presupuestaron ¢16.163 millones «pero finalmente se ejecutaron ¢21.220 millones, lo que significa un incremento del 56% en relación con 1999».

También destacó que el estudio reveló que la privacidad y los derechos de la intimidad de las personas aseguradas son violentados por la actividad docente que se efectúa en los hospitales. Además falta profundizar sobre las experimentaciones realizadas en muchos de los pacientes, según había denunciado el periódico estadounidense Washington Post el 21 de diciembre de 2000.

De seguido un resumen de la conversación.



¿Qué lograron concluir sobre la compra de servicios privados, un sistema especialmente impulsado en el gobierno de Rafael Ángel Calderón?



-Hablamos de cantidades importantes de contrataciones, especialmente en lo que se refiere a aceleradores lineales. Se pagaron servicios a empresas por ¢1.100 millones para dar servicio a 300 personas, pero con ese monto se pudo haber adquirido el equipo recomendado por los expertos, o sea, dos aceleradores lineales, y le quedarían ocho años de vida útil de ese equipo con solo mantenimiento.

También solo en 2000 la Caja pagó ¢1.489 millones en servicios que dan los Equipos Básicos de Atención Integral (EBAIS) cuando podría reorganizarse de forma que sea ella misma la que los brinda.

Gran parte de ese dinero se lo ha ganado la Clínica Bíblica que maneja muchos de esos EBAIS.

Durante 1998 y 1999 la Caja le canceló a este hospital sumas millonarias para la atención de asegurados, especialmente para la compra de servicios de atención de patologías cardiovasculares, compras que desaparecieron por completo cuando la institución adquirió angiógrafos para los centros hospitalarios de primer nivel.

Sin embargo, al adquirir tal equipo se desoyó el criterio de técnicos y profesionales del Hospital México, quienes siempre estuvieron en contra de angiógrafos portátiles para brindar el servicio regular.

Ahora se pagan las consecuencias porque debido a fallas de funcionamiento, todos esos equipos están fuera de servicio.

Cabe destacar que en 1997 la sociedad Radiation Oncology Partners Limited de California circuló una invitación dentro y fuera de Costa Rica para invertir en un centro de tratamiento del cáncer que se pensaba instalar en el país. Finalmente la sociedad instaló el Centro para el Tratamiento del Cáncer (CENTRACAN Sociedad Anónima) en La Uruca.

En la invitación se garantizaba el éxito de la inversión porque el país no tiene una Ley Stark como la de Estados Unidos que le prohíbe a los médicos referir pacientes a centros de tratamiento en los cuales ellos tengan una inversión financiera.

En Costa Rica las referencias hechas por médicos son una forma de vida. Los honorarios por referencias son una práctica común.

Nuestro informe legislativo hacía referencia a que la invitación de Radio Oncology Partners tenía el propósito de interesar a 350 médicos nacionales y que uno de los principales oncólogos del país y Jefe del Servicio de Oncología del Hospital San Juan de Dios, el doctor Gonzalo Vargas Chacón, era el jefe del grupo asesor médico local.

Además, el exministro de Salud y exgerente médico de la CCSS e incluso integrante de la junta directiva de la Caja como representante del Estado, Carlos Charpantier aparecía como fiscal de CENTRACAN.

El presupuesto originalmente aprobado por la junta directiva de la Caja por $1,1 millones para 2000, con el fin de tratar a 300 pacientes se agotó antes del plazo fijado.

La operación de estos centros privados de radioterapia ha significado que una buena parte de los oncólogos que trabajan con la Caja hayan reducido sus horarios de trabajo con la institución, ya que un buen número de ellos labora ahora en ambas partes.

Por la escasez producida de este personal especializado, la Caja solicitó al Colegio de Médicos y al Ministerio de Salud declarar inopia de personal para justificar la contratación en el exterior de un oncólogo, tres técnicos en radioterapia y uno en calibración. Se aceptó una propuesta de personal técnico cubano y la Caja suscribió un contrato no directamente con profesionales sino con la empresa Farmacéutica Fischel S.A., la que recibe el monto mensual de los salarios del personal contratado, hace los efectos del patrono y asume la responsabilidad de las cargas sociales.