El edificio de la Embajada de la República China de Taiwán, ubicada en Barrio Escalante, era la sede central del Partido Unidad Social Cristiana, durante la campaña electoral que llevó al ex presidente Miguel Ángel Rodríguez al poder. Esta edificación pertenecía en ese momento al actual canciller Tovar Faja. Un informe de la Contraloría General de la República de 1998 indicaba que el arrendamiento pagado fue de ¢17 millones por un año. También revelaba el documento que al edificio se le hicieron mejoras como construcción de oficinas, compra de persianas, y alfombras, instalación telefónica y de red de cómputo, que constituyeron reformas al edificio y «como tales no fueron gastos reembolsables» que el Estado pagaría al partido por la liquidación de gastos referentes a la campaña electoral 1994 y 1998.
Gracias a donaciones de la República de China en Taiwán, algunos empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores reciben sobresueldos mayores en algunos casos, al salario que le paga el gobierno costarricense.
La administración  de dichos fondos se hace «a discreción», revela una indagación que realizan varios legisladores.
Estos hechos trascienden cuando aún no se ha apagado el escándalo ante las sospechas por tráfico de influencias en la Caja Costarricense del Seguro Social y persisten interrogantes en torno a las donaciones recogidas en la pasada campaña electoral por una estructura financiera paralela de la agrupación que llevó al poder al mandatario Abel Pacheco.
La aparición de una estructura salarial paralela, que le permite a una veintena de funcionarios de la Cancillería recibir un beneficio económico financiado mediante donaciones del gobierno taiwanés, pone en entredicho la independencia de Costa Rica en materia de relaciones internacionales y el manejo salarial a lo interno de ese Ministerio.
Los recursos para financiar salarios se canalizan a través de la Asociación para el Desarrollo de la Política Exterior de Costa Rica, de la cual forman parte de su directiva varios funcionarios que también reciben esta «ayuda» económica y ocupan cargos de confianza en la Cancillería.
Otra estructura paralela es la Fundación Casa Amarilla, creada en julio del año pasado con el fin de conseguir recursos para mejoras físicas de la Casa Amarilla (sede del Ministerio de Relaciones Exteriores). Preside esta fundación Felicia Castro Jenkins, esposa del canciller Roberto Tovar Faja, y una hija de ambos: Irene Tovar Castro, aparece dentro del grupo fundador.
Diputados como José Miguel Corrales, Rodrigo Alberto Carazo y Federico Malavassi, empezaron a investigar al respecto y algunos calificaron como vergonzoso e inconveniente el hecho de que empleados de la cancillería sean pagados mediante donaciones de la República China en Taiwán, las cuales superan los ¢2.000 millones en el último quinquenio.
Por su parte, el ministro taiwanés de relaciones exteriores -Tan Sun Chen dijo en su país que las referidas donaciones eran para promocionar en Costa Rica el turismo y el comercio.
Rodolfo Jiménez Morales y Francisco Bolaños González -presidente y secretario general, respectivamente-, de la Asociación de Diplomáticos y Afines de Costa Rica ‘Manuel María de Peralta’ (ASODIPLOMÁTICOS), solicitaron el pasado 25 de mayo a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, el nombramiento de una comisión especial que investigue las anomalías en esa cartera.
Ellos son además funcionarios de esta cancillería y anteriormente presentaron recursos de amparo contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, por los nombramientos de personas que incumplen con los requisitos que exige la ley de Servicio Exterior para quienes ocupan cargos diplomáticos.
La Sala Constitucional en su voto 11253-03, exigió al Poder Ejecutivo en octubre del año pasado, cumplir en un plazo de 15 días con la revocatoria de los nombramientos irregulares y con lo que estipula al respecto el Estatuto del Servicio Exterior.
En este sentido, todavía se mantienen en sus puestos 66 empleados que no cumplen con la normativa que rige para el cuerpo diplomático, y esto llevó a la Defensoría de los Habitantes a demandar el cumplimiento de la resolución de la Sala Constitucional.
Los diputados Corrales, Malavassi y Carazo solicitaron mediante una carta dirigida al canciller Tovar, una certificación con los nombres de las personas que integran la comisión calificadora, encargada de dar la aprobación a quienes aspiran a tener un puesto diplomático en el Servicio Exterior.
También demandaron información sobre si los funcionarios que dan el visto bueno a estas personas cumplen con los requisitos legales para ingresar a la carrera diplomática, al tiempo que piden detallar si los miembros de esa comisión han recibido algún tipo de «bono salarial», que provenga de las donaciones otorgadas por el gobierno chino de Taiwán.
El canciller Tovar, mientras tanto, ha defendido el uso de dichos fondos y rechazó que comprometan las decisiones del país en materia de relaciones exteriores. En su opinión, el empleo de los recursos taiwaneses ha permitido lograr un elevado desarrollo a la política exterior costarricense (La Nación, 24-05-04).