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Alarma nacional: 58% de mujeres agredidas

Poercentualmente las mujeres con estudios e ingresosos propios son las que màs reportan ser agredidas

Poercentualmente las mujeres con estudios e ingresosos propios son las que màs reportan ser agredidas
Un 58% de mujeres en Costa Rica  reportó haber  sufrido al menos un incidente de violencia física o sexual después de los 16 años. Porcentualmente las más afectadas son aquellas que poseen estudios universitarios e ingresos propios.
Lo anterior se evidencia  en la  Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres, desarrollada por el Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica, presentada el pasado 24 de mayo.
El estudio, con un margen de error del 5%, abarcó 53 cantones y contempla entrevistas realizadas a 908 mujeres entre 18 y 69 años de edad. «Nunca antes se había hecho una encuesta aleatoria nacional  de esta naturaleza»,  afirmó  la socióloga Montserrat Sagot, investigadora principal del proyecto.
Un  49,6%  de las entrevistadas ha sido víctima de violencia psicológica, un 45,4%  fue o es agredida físicamente y un  38,2%  ha sufrido  al menos una violación sexual o un intento de ella. Si se extrapola esta cifra a la población  nacional en mujeres mayores de 15 años, en Costa Rica habría casi medio millón de mujeres afectadas por este tipo de delito.
«Estas mujeres están siendo agredidas y maltratadas exclusivamente por su género. Hay una gran legitimidad social, de que esto pasa porque es parte del destino y que no hay alternativa de hacer algo diferente», enfatizó.
La socióloga considera que estas alarmantes cifras corresponden a que los hombres son socializados para pensar, sentir y entender que las mujeres son de su propiedad. En una sociedad que se estructura sobre relaciones históricamente desiguales entre los géneros, el uso de la violencia es una de las formas más generalizadas por medio de la cual el varón  ejerce control sobre la mujer.
 
MÁS ESTUDIADAS, MÁS AGREDIDAS
 
Contrario a los mitos de que la violencia se da exclusivamente en los sectores sociales bajos, donde las mujeres dependen económicamente de sus parejas y donde estas no poseen estudios, la encuesta reveló que porcentualmente  son  las mujeres con preparación universitaria e ingresos propios las que más reportan actos de violencia en su contra.
Un  63% de mujeres que tienen preparación universitaria  ha sido víctima de agresión, suma superior a la obtenida por  las encuestadas carentes de estudios primarios, la cual es de 48%. Lo mismo ocurre con el factor económico, pues el 61% de las entrevistadas que perciben ingresos son o han sido agredidas, mientras que un 52% de las que no reciben dinero por su trabajo (labores domésticos) enfrentan esta misma realidad.
Ante esta situación existen dos hipótesis, comentó Sagot, una es que las mujeres de mayor nivel educativo o con ingresos propios son más capaces de reconocer la violencia y por lo tanto de reportarla. La otra es que ellas, debido a dichas características, representan una mayor amenaza para los agresores.
«Los hombres abusadores  sienten que estas  mujeres  tienen más recursos  propios en todo sentido, lo que los pone más inseguros, por lo que  ejercen la violencia como una forma de tenerlas  bajo mayor control», explicó.
 
PENALIZACIÓN
 
De un total de 648 mujeres agredidas, únicamente 85 denunciaron el incidente ante las autoridades, de estas quejas solo 17 terminaron en cargos penales contra el agresor. Lo anterior, revelado a través del estudio, ejemplifica un problema en el sistema de justicia, pues los abusadores no solo no pagan por el delito que cometieron, sino que es posible que continúen haciéndolo.
Con esta realidad, la Ley de Penalización Contra la Violencia Doméstica se presenta como una manera de enfrentar este tipo de agresiones. Sagot expresó que dicha normativa  garantizaría justicia a las mujeres que son agredidas, pues sería menos complicado que se levantaran cargos penales contra el agresor.
Agregó que las leyes a largo plazo cumplen un papel educativo e indican a una sociedad en general lo que está permitido. «Una ley que indique que este tipo de acciones son  delito, empezará a crear conciencia de que la violencia de género no es algo normal ni natural en las relaciones».
De igual forma, enfatizó que las soluciones  tienen que darse en todos los niveles de la sociedad, porque es una realidad que está articulada de forma permanente. «Es necesario cuestionar y cambiar las estructuras sociales no solamente entre hombre y mujeres, sino en la familia, en los sistemas económicos y políticos, los cuales  son androcéntricos,» finalizó.

  • Javier Córdoba 
  • Universitarias
Violence
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