Organizaciones no gubernamentales sostienen que la escalada de la violencia en el país es alarmante, pese a la imagen internacional de respeto.
Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos de Costa Rica y Latinoamérica denunciaron lo que consideran una escalada de violencia y represión en nuestro país, impulsada por la pobreza y desigualdad social, pero ejecutada por el gobierno.
Los activistas afirmaron que las recientes acciones policiales en La Carpio y en contra de una orden religiosa pacífica denominada «Boboshanti», integrada por jóvenes, son claros ejemplos de la política de represión y cero tolerancia aplicada por el gobierno de Abel Pacheco.
A estos hechos se suman el desalojo policial de más de 100 campesinos de la finca Bambuzal, en Sarapiquí, quienes hasta la fecha continúan refugiados en la Catedral Metropolitana sin respuestas concretas del gobierno ni de las autoridades judiciales.
«Todos teníamos la esperanza de que con la llegada al poder de un humanista, como dice ser don Abel, habría más respeto a los derechos humanos, pero lo que hemos visto es todo lo contrario; represión a cualquier síntoma de inconformidad social», dijo a UNIVERSIDAD el director de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, Daniel Camacho.

 
EL EJEMPLO MÁS CLARO

Para Camacho, los disturbios ocurridos hace dos semanas en La Carpio demostraron que el gobierno no tiene política ni voluntad de diálogo.
Los enfrentamientos entre la policía  y vecinos, quienes bloquearon la calle de acceso a la localidad en protesta por el incumplimiento de compromisos de la empresa EBI, administradora del relleno sanitario del lugar,  dejaron un saldo de siete personas heridas de bala (seis policías y un niño de 13 años) además de decenas de personas afectadas, principalmente mujeres, niñas y niños que estaban en sus casas.
«Ahora usan primero la fuerza y después el diálogo. Hay una evidente escalada de violencia», expresó Camacho.
Los vecinos de La Carpio culpan a las autoridades de la magnitud que alcanzaron los disturbios, según aseguró a UNIVERSIDAD Maritza Valverde, madre de tres niños afectados por los gases lacrimógenos.
«Si los policías se hubieran retirado desde temprano, nada de lo que pasó hubiera sucedido», dijo Valverde.
«En lugar de tratar de mediar pacíficamente entre los vecinos y la empresa, la policía prefirió lanzar gases a diestra y siniestra sin importarle que había personas que no tenían nada que ver con los disturbios», criticó Cecilia Jiménez,  presidenta de la Comisión Costarricense de Derechos Humanos.
Sin embargo el Ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, defendió la actuación de la Fuerza Pública y aseguró que no se pueden permitir acciones contrarias a la ley como el bloqueo de vías.
«Tenemos que hacer cumplir la ley, y lo hicimos en completo apego a los derechos humanos, la prueba de eso está en que la policía no disparó ni una sola vez y que la mayoría de heridos de bala son oficiales que cumplían con su deber».

VIOLENCIA SIN OPOSICIÓN

El caso de los jóvenes Boboshanti, una secta de origen jamaiquino que predic la paz, el respeto y la espiritualidad, es totalmente contrario al de La Carpio, pues ellos no opusieron ninguna resistencia al allanamiento hecho por la policía el pasado 4 de junio.
Sin embargo fueron sacados de sus viviendas, esposados y detenidos por varias horas, pues la policía antidrogas sospechaba de que los jóvenes tenían un plantío de marihuana en la propiedad donde viven en Higuito de Desamparados.
Para Jiménez, «es inaceptable el abuso que se cometió en contra de unos muchachos que no le hacen daño a nadie y la policía los trata como si fueran criminales peligrosos. La violación de sus derechos fue evidente en el operativo».
«La represión gubernamental contra los sectores socialmente excluidos ha alcanzado niveles sin precedentes, pues justifican las acciones argumentando que son de carácter preventivo», subrayó.
Otro caso de violación de derechos humanos, agregó la activista,  fue el desalojo que sufrieron los campesinos de Bambuzal porque supuestamente las tierras que habitan son propiedad de la bananera Standard Fruit Company.
Unos 100 campesinos han permanecido casi dos meses en la Catedral para pedirle a las autoridades judiciales la realización de un juicio agrario que determine la propiedad del terreno, pues fueron desalojados por la policía en abril y tienen una orden de no acercarse a la zona.
En anteriores desalojos dos campesinos murieron; uno a causa de la exposición a los gases lacrimógenos y otro de cinco balazos en la espalda mientras huída de la policía, aseguró a UNIVERSIDAD la presidenta de la Asociación de Campesinos de Bambuzal, Ileana Murillo.
Según el presidente del Servicio para la Paz y Justicia en América Latina, Gustavo Cabrera, la situación en es alarmante, pues Costa Rica da una imagen internacional de país ejemplar en el respeto a los derechos humanos, pero a lo interno el panorama es muy diferente, totalmente desalentador».
Los testimonios
Elizabeth Monge, madre de uno de los miembros de la orden Boboshanti:  «La policía esposó violentamente a mi hijo menor de edad, a pesar de que no opuso ninguna resistencia al arresto. Los muchachos recibieron amenazas y los oficiales se burlaron de ellos por sus creencias, por cómo se visten, y lo que comen».
«Les destruyeron su huerta, sus muebles, les escupieron las casas, robaron su dinero y comida, y en algunos casos hasta los hicieron desnudarse».
´»El PANI es cómplice de lo ocurrido, porque en lugar de defender a las personas menores ayudó a la policía a llevárselas y a los padres y madres nos obligaron a firmar un papel que dice que si permitimos que nuestros hijos vuelvan a la orden, nos quitarán su custodia y los llevarán a un albergue».

_Maritza Valverde, costarricense vecina de la Carpio:
«No entendemos por qué la policía se enfrentó con los chapulines en medio de tantas casas, sabiendo que la mayoría no teníamos nada que ver. ¿Es que no pensaron en los niños?, la lucha no era con nosotros, pero cuando yo vi a ese chiquito que balearon en la boca, que estaba en la sala de mi casa y a mis hijos gritando que querían que parara esa guerra, yo también quería pegarles a los policías. ¿Dónde están la paz y la democracia de este país?.