Una comisión especial del Consejo Universitario constató la existencia de dificultades para resolver divergencias laborales mediante el diálogo en los medios de la UCR.
Las razones de fondo que argumentó la Sala Constitucional para rechazar un recurso de amparo presentado contra la comisión especial  conformada para investigar una serie de denuncias emitidas por las personas funcionarias de la Emisoras culturales, la Oficina de Divulgación e Información (ODI),  y el Semanario Universidad, fueron dadas a conocer recientemente al Consejo Universitario (CU).
Dicha comisión fue creada por el Consejo el 12 de febrero del 2003, para indagar presuntas acusaciones por hostigamiento laboral, censura previa y  cierre de un noticiario.
El recurso de amparo fue presentado por quienes en ese entonces fungían como directores de esos medios,  de manera conjunta con la Vicerrectora de Acción Social de la administración anterior, el  17 de junio del 2003.
En este, se argumentaba  que la comisión especial se encontraba viciada de nulidad, ya que, a criterio de estas personas, invadía funciones que no eran de su competencia, como abrir  procesos administrativos  de orden laboral. Además alegaban que  contenía defectos y errores de orden procesal, que violentaban el derecho de defensa y el debido proceso.
Empero, la Sala resolvió que el órgano legislador se encuentra facultado legalmente para conformar este tipo de comisiones, las cuales pueden realizar investigaciones preliminares con el fin de determinar si existen elementos de juicio para la instauración  de un procedimiento administrativo. Así mismo, descartó la lesión al debido proceso de los accionantes.
El informe de la comisión especial concluyó que los problemas y hechos manifestados por las personas denunciantes respondían a situaciones asociadas con la gestión de las jefaturas de los medios mencionados en ese momento.
Además,  que existía una seria dificultad de resolver las divergencias laborales mediante el diálogo y que algunas de las acciones sancionatorias  impartidas por las jefaturas fueron improcedentes al contravenir el ordenamiento jurídico institucional.
Por tanto, dicha comisión emitió una serie de recomendaciones, entre las que sobresalen: elaborar un perfil  para los puestos de dirección de los medios universitarios; tomar acciones para crear un clima organizacional positivo; velar para que  la aplicación del régimen disciplinario laboral se cumpla en tiempo y forma.
Del mismo modo, insta a  crear una comisión integrada por  representantes de la Escuela de Comunicación Colectiva (ECCC), de la Facultad de Derecho, y del Colegio de Periodistas de Costa Rica, para determinar los alcances y contenidos de la formulación de la censura previa.

MALESTAR

El 10 de febrero del 2003 el Consejo Universitario recibió una carta firmada por 18 personas funcionarias de los medios de comunicación mencionados, en donde se planteaban una serie de inquietudes y  quejas con respecto a actuaciones de las jefaturas.
Aplicación de amonestaciones, hostigamiento laboral, tráfico de influencias en el nombramiento de jerarcas, abuso de autoridad, y el cuestionamiento de la idoneidad profesional de ciertas jefaturas, conformaban estas acusaciones.
También se denunció la aplicación de censura previa; es decir, la negación a publicar material que se refiriera a ciertos temas.
«La censura previa es un asunto delicado, hay que trabajarlo con criterios profesionales multidisciplinarios y una propuesta institucional al respecto». Así lo afirmó Víctor Sánchez, director del Consejo Universitario, al ser consultado sobre este tema. De igual forma aclaró que dicho tipo de censura es muy subjetiva y debe verse dentro de la misión y visión de cada medio.
«Si yo fuera director de un medio, si hay un problema el primer responsable sería yo, por lo que debo asumir posiciones. Otra persona  puede ver eso como censura previa, eso son los conceptos  que deben ser limados,» añadió.
Otra queja fue la clausura del noticiario de Radio U, A Tiempo, el cual servía de laboratorio a estudiantes de la ECCC, quienes desde sus primeros años se iniciaban en el periodismo y la producción radiofónica.
Este noticiario fue clausurado hace más de un año. Debido a esto, se ha reducido la participación  estudiantil en Radio U.
«Nosotros fiscalizamos, no ejecutamos, no podemos irrespetar la competencia de los directores de los medios, no podemos llegar a un medio y ordenar que abran un noticiario,» explicó Sánchez, quien agregó  que si la clausura de dicho noticiario hubiese sido un acto irregular, entonces el Consejo hubiese intervenido.

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Consultado acerca de si es función de los medios exponer a la luz pública los problemas de la Universidad, Sánchez respondió de manera positiva y dijo que según el Estatuto Orgánico de la UCR el propósito de la institución demanda la búsqueda constante e inagotable de la verdad.
Sobre las dificultades surgidas para tener acceso a documentos públicos y las exigencias de trámites burocráticos para obtenerlos, Sánchez argumentó que la normativa establece que los documentos son confidenciales mientras se  encuentran  en desarrollo. Estos no se vuelven  públicos sino hasta que se haya presentado un informe final, concluyó.

Cronología de los hechos

* 10 de febrero 2003. El Consejo Universitario recibió una carta firmada por 18 funcionarios de los medios de comunicación universitarios, en el cual expusieron algunas situaciones referentes a sus jefaturas.
* 12 de febrero 2003. El Consejo Universitario conformó una Comisión especial para investigar la situación en los medios de comunicación.
* 3 de marzo 2003. La comisión especial solicitó  información a los directores de los medios de comunicación, acerca de las situaciones planteadas en la carta del 10 de febrero.
* 17 de marzo y 9 de mayo 2003. Los directores en conjunto con la Vicerrectora de Acción Social dan respuesta a la información solicitada por la Comisión Especial.
* 17 de junio 2003. Directores de los medios en conjunto con la Vicerrectora de Acción Social presentaron un recurso de amparo contra la directora del Consejo Universitario.
* 2 de diciembre 2003. La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo presentado en contra de la directora del Consejo Universitario