Pareciera que los grupos de poder y la clase política gobernante están interesados en ejercer un control más directo de las instituciones que ejercen labores fiscalizadoras, como es el caso de la Contraloría General de la República. Así se desprende de las opiniones de algunas personas  entrevistadas sobre este tema, y de las repercusiones de la investigación relacionada con el Contralor Alex Solís y la elección de quien se desempeñe en la subcontraloría.
Asimismo, en la coyuntura política que vive el país, cuando la Contraloría tiene en sus manos investigaciones de gran magnitud como el contrato de la concesión del aeropuerto Juan Santamaría al grupo Alterra, o las compras del Instituto Costarricense de Electricidad, además de una eventual firma del TLC, surge la duda legítima de si existe un interés en debilitar a esta institución frente a los intereses de ciertos grupos de poder.
El 7 de junio Álex Solís asumió su puesto como Contralor General de la República, y actualmente una comisión legislativa investiga denuncias planteadas por el diputado Humberto Arce contra Solís. Entre estas últimas están las firmas que Solís realizó como notario y préstamos hechos a personas que viajarían de forma presuntamente ilegal a Estados Unidos.
La semana pasada el Contralor envió una carta a la comisión legislativa en la que cuestionó las facultades para recomendar su destitución y argumentó que para remover a un contralor de su puesto la Asamblea Legislativa debe impulsar una ley.
Esto ocurre en momentos cuando se estudian en la Contraloría casos como la apelación de la empresa Ericsson a la decisión de la Contraloría de anular la adjudicación del proyecto Frontera a Frontera, para mejorar los servicios de telefonía celular e Internet. Este fue adjudicado a Ericsson en marzo pasado por $65 millones.
También se estudian las tarifas que quiere cobrar Alterra en el Aeropuerto Juan Santamaría. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes congeló la solicitud de ajuste tarifario y dejó la decisión en manos de la Contraloría, que pide investigar a cinco exdirectivos de Aviación Civil y al regulador general, Hermann Hess, por las tarifas excesivas aprobadas anteriormente.
Además, el 23 de julio el ente contralor decidió no refrendar el contrato con Ericsson para la adquisición de la nueva red celular con capacidad para 600.000 líneas del tipo GSM.
Por eso algunos sectores se muestran preocupados del rumbo que van a tomar las investigaciones, ante la incertidumbre de quiénes dirigen la institución.

INTERÉS EN CONTROLAR

Vladimir de la Cruz, historiador y profesor universitario, opina que para la clase política es evidente la necesidad de ejercer un control directo de aquellos funcionarios que en las instituciones del Estado asumen papeles determinantes en la aprobación, ejecución y control de contrataciones, concesiones u otros procedimientos en que se relaciona la administración pública con el sector privado.
«Ahora se evidencia el interés directo de controlar esos puestos, de hacerlo acorde a los intereses de los grupos económicos y políticos que gobiernan.
De esto no se escapan magistrados, contralor, subcontralor, o regulador general, declaró. De hecho hay una intención cada vez más manifiesta de que estos funcionarios se sometan en sus actos a los intereses del poder, continuó el analista.
Mencionó como ejemplo, que en la Corte Suprema de Justicia se han tomado resoluciones que acomodan la inversión social del país a las necesidades de la inversión extranjera; o también en el control de la Procuraduría, para que las resoluciones de este ente se hagan más acordes con los intereses del Poder Ejecutivo.
En la Contraloría lo importante es el control ejercido en licitaciones y contratación de obras. Servirá mejor quien en dicho puesto sea más proclive a este tipo de políticas, alguien más «privatizador» e interesado en que el sector privado tenga más fortaleza, dijo.
De la Cruz recordó que el contralor actual es de los que propició la Ley de cogeneración eléctrica; pero no se podría pronosticar que siempre va a estar de acuerdo con estas iniciativas.  «Hay que darle tiempo, porque primero tiene que ver cómo se mantiene en el puesto».
Por su parte, Rodrigo Alberto Carazo, diputado del Partido Acción Ciudadana e integrante de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, opinó que en este momento hay un contralor que no es ni será una persona complaciente. «Que la Asamblea pueda determinar si existen impedimentos legales para que él ocupe ese cargo, eso será decisión de la Asamblea, pero la designación actual no cumple ese propósito», continuó.
En su criterio, si existiera un interés de ciertos grupos de poder en colocar personas manipulables en los puestos de contralor y subcontralor, este sería un interés «bastardo».
«Si fuera así, sería algo absolutamente inconcebible e imperdonable a la luz de las necesidades y las expectativas de la población», enfatizó.

SUBCONTRALOR PENDIENTE

La semana pasada se supo que la fracción legislativa del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) exigió al Partido Liberación Nacional (PLN) cumplir un acuerdo existente para elegir a una persona de filiación socialcristiana en el puesto de subcontralor. «Creemos que si entre los candidatos del PUSC hay gente con requisitos, y si hicimos un acuerdo transparente, solicitamos al PLN reciprocidad en la elección del subcontralor», declaró Federico Vargas, jefe del oficialismo (La Nación, 23 de julio).
Una de las personas aspirantes al puesto es Vanessa Castro, diputada en el período 1998-2002 e integrante del Comité Político del PUSC. Para algunos observadores esto sería el resultado de un pacto para elegir a Solís como contralor, y a Castro como subcontralora.
Según Vladimir de la Cruz, ello evidencia el interés en escoger una persona con criterios políticos, no por sus calidades profesionales que pueda servir más a la Contraloría en sus funciones. «Es alguien dependiente de la estructura política nacional, se trataría de una exdiputada de la Unidad, que estuvo en la directiva del partido, es alguien que va a estar atendiendo órdenes», consideró.
Rodrigo Alberto Carazo, quien forma parte de la comisión de nombramientos que analiza las candidaturas, dijo a UNIVERSIDAD el viernes 23, que en las entrevistas se dan puntuaciones a cada aspirante y que en ese proceso Vanessa Castro no ocupaba los primeros lugares.
«En los próximos días existirá una lista de las personas con las mejores condiciones para ocupar el puesto de subcontralor. Entre las que tienen los mejores atestados están Max Esquivel, Rosa Iris Cervantes y Elsa Muñoz. Las personas muy bien calificadas han hecho entrevistas muy satisfactorias. No veo cómo una menor calificada pueda saltarse a las otras», declaró.
Carazo había presentado una moción para presentar una terna con las que obtuvieron las mejores puntuaciones y la rechazaron. El propósito era prever que luego llegaran con una lista de 6 o 7 aspirantes, para que allí quedara incluida determinada persona, explicó Carazo.
En el primer grupo de seleccionados para el cargo de subcontralor figuran José Francisco Bolaños Arquín, Rafael Batista Brenes, César Jiménez Salas, Marta Eugenia Acosta Zúñiga, Álvaro Rivera Sánchez, Carlos Alberto Franco Narváez, César Enrique Quirós Mora, José Martín Trejos Benavides y Sergio Torres Obando.