Con la Ley de Pesca y Acuicultura, aprobada recientemente en primer debate, se busca desarrollar la flota pesquera nacional (foto con fines ilustrativos).
Costa Rica continuará prácticamente regalando su inmensa riqueza atunera, al ser aprobado en primer debate el proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura sin las reformas que plantearon dos diputados, las cuales pretendían que el país sacara mejor provecho a la concesión de las respectivas licencias de pesca.

Las cánones (tarifas) que Costa Rica cobra actualmente por las licencias de pesca a los barcos son tan bajas, que apenas generaron ¢397 millones durante el 2003, según datos del Instituto Costarricense de Pesca (INCOPESCA).

En el 2002 dichos ingresos sumaron ¢230 millones y para el diputado del Partido Acción Ciudadana -Rodrigo Alberto Carazo- esto significa que «estamos regalando nuestra materia prima natural».

Carazo, quien junto con José Miguel Corrales -del Partido Liberación Nacional (PLN) promovió reformas a dicha ley para mejorar los beneficios que el país obtiene por concepto de pesca del atún en sus aguas patrimoniales, lamentó la decisión de los legisladores que las rechazaron en la votación del pasado 29 de julio.

Para ilustrar la baja recaudación por este concepto, Carazo dijo que «por toda la materia prima extraída en un año, el Estado costarricense recibe la misma cantidad de dinero que la suma del salario anual de cuatro negociadores (del TLC) del Ministerio de Comercio Exterior».

«Los cambios que formulamos para la Ley de Pesca no solo buscan cuidar los recursos naturales de Costa Rica, sino que garantizan una producción sostenible, la perpetuidad de nuestros recursos marinos y las actividades económicas que dependen de ellos. ¡Que algo quede!», expresó Carazo días antes de la votación.

Precisó que una licencia de pesca por 60 días produce $54 (¢24.000) por tonelada de atún, «lo cual es un monto risible. Además, existen una serie de beneficios que permiten que las embarcaciones renueven las licencias de forma gratuita».

De acuerdo con los registros del INCOPESCA, el año pasado otorgaron 72 licencias a 26 barcos atuneros de bandera extranjera, de las cuales 40 fueron pagadas y 32 gratuitas.

Para el biólogo de la Universidad Nacional en Heredia -Freddy Pacheco- «si el año pasado se otorgaron 72 permisos para pescar atún tico, y se estima que cada barco pudo haber capturado al menos 2.000 toneladas por cada permiso (se trata de barcos que normalmente superan una capacidad de 1.200 toneladas ¡en peso! de atún) estos bien pudieron haber extraído unas 144.000 toneladas, por un valor de $172 millones» (casi ¢76.000 millones).

Cabe mencionar, que las aguas patrimoniales costarricenses incluyen el llamado «domo térmico», que es una extensión marina que goza de una temperatura que la hace especial para la permanencia de especies como el atún aleta amarilla, y de allí la enorme riqueza atunera que hay en estas aguas.



LEY DESFAVORABLE



Actualmente la entrega de licencias de pesca está reguladas por la ley 6267 -también llamada ley Ferreto- y posteriores modificaciones.

Esa ley en su artículo 48 establece que los barcos extranjeros que gocen de registro anual y entreguen un mínimo de 300 toneladas de sus capturas de atún a las envasadoras en suelo costarricense, «tendrán derecho a prórrogas consecutivas de un nuevo permiso de pesca, por sesenta días, sin pago adicional».

Para el biólogo Pacheco, una embarcación con capacidad para almacenar unas 400 toneladas, podría entregar las 300 toneladas que exige la ley nacional y obtener una nueva licencia gratuita por dos meses. En este lapso podría llenar sus bodegas con unas 2.500 toneladas de atún.

«Si el valor de mercado internacional es de aproximadamente $1.200 por tonelada, ese barco podría hacerse de unos $3 millones en tan solo 2 meses, por los que no ha pagado nada y que además puede vender en cualquier parte, pues no tiene obligación alguna de descargar en Puntarenas. ¿Se puede defender, razonablemente, tal incentivo?», cuestionó.

En opinión de Pacheco, «lo inconcebible es que, los defensores de las licencias gratuitas guardan profundo silencio, cuando se demuestra que todos los años descargan atún en Costa Rica pescadores que ni siquiera se han tomado el trabajo de solicitar permisos para pescar en nuestro mar patrimonial. Y guardan silencio porque ellos saben muy bien que no hace falta regalar el atún a los pescadores foráneos, para que se asegure el abastecimiento a las enlatadoras instaladas en nuestro suelo. Existe un mercado abierto, con precios internacionales, y nada impide su comercialización.  Los mismos datos del INCOPESCA así lo demuestran».

Según informes de esta entidad, en el 2003 los barcos atuneros que obtuvieron licencias descargaron en el puerto de Caldera más de 35 millones de kilos de atún para las plantas que lo procesan en suelo nacional, como Sardimar, Tunatún y Compañía Enlatadora Nacional.

Datos del diputado Carazo indican que el Estado costarricense le entregó a la empresa Sardimar  ¢2.123 millones en Certificados de Abono Tributario (CAT), entre los años 1991 y 2001.

Por otro lado, en su mayoría, los atuneros proceden de Venezuela, mientras que otros son de Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Nicaragua y otros. A pesar de que se le pidió una lista detallada al INCOPESCA del país de origen de las naves, no la entregaron.



REFORMAS VETADAS



Respecto a las reformas planteadas por los diputados Carazo y Corrales, las justificaron al estimar que «Costa Rica debe preservar sus riquezas y fijar el valor adecuado de las licencias de pesca en general, en relación con su biomasa pesquera de nuestro mar patrimonial y la zona económica exclusiva».

Con el fin de alcanzar estos objetivos, propusieron que los cánones por las licencias de pesca los definiera el INCOPESCA a partir de un conjunto de variables de cada embarcación, como tonelaje neto, potencia del motor, eslora, equipos de navegación, aparejos de captura, capacidad de las bodegas.

Con el proyecto también se buscaba el desarrollo de una flota pesquera nacional, competitiva y que contribuyera a la economía y progreso del país.

Otra meta era eliminar las licencias gratuitas, ya que «es totalmente irracional que a un sector de la pesca se le privilegie con una prerrogativa de gratuidad a partir de la segunda licencia de pesca, fundamentada en la entrega de una determinada cantidad de atún capturado en aguas nacionales o internacionales, para uso de la industria atunera nacional».

Carazó calificó de «absoluta insensibilidad» la posición de sus compañeros que no apoyaron las reformas y comentó que lo peor es que con una administración como la actual no hay ninguna posibilidad de asumir un compromiso para reivindicar el derecho del país a sacar un mejor usufructo del atún y la pesca en general. Con una decisión como esta, «Costa Rica va en un carrera hacia el fondo», censuró.

Pese a su malestar, el parlamentario del PAC dijo que su partido respaldará el proyecto en su segundo debate, pues en general es un buen texto y contiene importantes logros en ese campo.

El proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura, aprobado ya en primer debate, posiblemente deba ir -antes de su segunda votación- a consulta a la Sala Constitucional explicó Gustavo Arroyo, asesor del diputado del PLN, Carlos Ricardo Benavides, uno de los propulsores de esta ley.