La marcha que realizaron el 29 de julio grupos sociales para protestar contra las políticas socioeconómicas de la administración de Abel Pacheco, tuvieron una nutrida participación.
Mientras el Gobierno aplica la táctica de rebajar el salario a los trabajadores que participen en paros laborales, los empleados públicos y los grupos sociales no han dudado en sumar quejas a la lista del descontento que los llevó a realizar una marcha numerosa y suspensión nacional de labores el pasado 29 de julio.

Miles de personas marcharon por las calles de San José, y realizaron concentraciones frente al Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República, y la Sala Constitucional (Sala IV), para exigirles que cumplan con las demandas que les han planteado.

Con una representación de las organizaciones sociales más importantes del país, las personas expresaron en las calles su malestar contra el aumento salarial ofrecido por el gobierno (4%), la intención de afectar las condiciones de jubilación, y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

La convocatoria al paro nacional la hizo la Coordinadora Unitaria Sindical y Magisterial (CUSIMA), la cual agrupa al 70% de los empleados del sector educativo, agremiados en entes como la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), y el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SEC).

Al movimiento se sumaron también el Frente Interno de los Trabajadores (FIT) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (UNDECA), la Unión de Empleados del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), y Asociación Sindical de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillado (ASTRAA), y familias que luchan por la finca Bambuzal.

De igual manera, participaron los sindicatos del Patronato Nacional de la Infancia, del Banco Nacional, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, de las universidades estatales, del Consejo Nacional de Producción y de la Refinadora Costarricense de Petróleo.

Si bien el gobierno le restó méritos al paro nacional y los grupos sindicales le atribuyeron un apoyo no menor al 70%, lo cierto es que al menos tres cuadras de la avenida segunda en San José lucieron una presencia nutrida de manifestantes, mientras se realizaba la concentración frente a las oficinas del ministro de Hacienda, Alberto Dent, ubicadas en el edificio del antiguo Banco Anglo Costarricense.



ARREMETIDA CONTRA DENT



Cerca del mediodía, durante más de una hora el ministro Dent fue el blanco  de las protestas y de los insultos de los dirigentes sindicales que se turnaron el uso de la palabra a través de los distintos equipos de amplificación de sonido móviles. Al inicio se guardó un minuto de silencio por las personas asesinadas en la embajada de Chile.

Denis Cabezas, coordinador operativo de la CUSIMA, abrió los fuegos contra el Ministro de Hacienda, a quien acusó de ser un instrumento de los poderosos y de los neoliberales. «No venimos a negociar, sino a exigir, pues los derechos no se piden: se arrebatan cuando no los dan», advirtió.

Por su parte, Jorge Arguedas -coordinador del FIT- aseguró que la claridad política que hoy los tenía allí reunidos, debe ser también el motor para luchar contra quienes desean robar el modelo social que tiene el país.

Danilo Rojas, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), criticó que no haya dinero para mejorar los salarios de los empleados públicos, pero sí para promover el TLC y pagarles jugosos sueldos a sus negociadores, y tampoco se recaudan adecuadamente los impuestos.

Tras la manifestación frente a Hacienda, la marcha de los trabajadores continuó a la Procuraduría General de la República, en donde se quejaron por la acción de inconstitucionalidad que este órgano presentó y que anularía la facultad del Tribunal Superior de Trabajo para resolver sobre pensiones de los servidores del sector educativo.

A dicha instancia la acusaron los dirigentes magisteriales de haber dejado de ser un órgano legal neutral del Estado y pasar al servicio de los partidos políticos en el poder.

Posteriormente los marchantes se dirigieron a la entrada de la Corte Suprema de Justicia, en donde se aloja la Sala Constitucional y en cuyas manos está resolver la referida acción interpuesta por la Procuraduría.



GOBIERNO ¿SIN NORTE?



En relación con el incremento de los factores que llevan a las organizaciones sociales a protestar contra el gobierno del mandatario Abel Pacheco, la socióloga Silvia Lara dijo no estar segura de que en los próximos meses aumente este tipo de manifestación, aunque sí se han acumulado los motivos.

Lara considera que la población costarricense reacciona cuando las personas que pueden hacer algo no lo hacen y en este caso la válvula de escape a las responsabilidades del gobierno lo constituye la reforma fiscal y la imposibilidad gubernamental de que la Asamblea Legislativa la apruebe.

Entonces, el gobierno se lava las manos y le echa la responsabilidad al Movimiento Libertario, y en esa medida al pueblo no le queda claro quién es el verdadero culpable. Esta situación dificulta convocar a una lucha más fuerte contra un objetivo definido, explicó.

En criterio de Lara -expresidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social en  esta administración y ahora dedicada a dar consultorías- el gobierno ha tenido la habilidad de evadir en cierto grado su responsabilidad y no convertirse en el enemigo.

En cuanto a las amenazas del gobierno de recortar la inversión social si no se aprueba la reforma fiscal, percibe esta medida como una extorsión para la opinión pública y «pone en evidencia una falta absoluta de visión sobre cuáles son las prioridades de desarrollo».

Esta -recordó Lara- ha sido una tendencia de este gobierno, pues cuando arrancó su gestión y había déficit «lo primero que hacen es reducir el curso lectivo. Pero…¿en qué cabeza cabe esto; por qué no  dejan de hacer un puente o una calle…?

Una opinión similar externó la exdirectora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica -Juany Guzmán-, quien estima que hay un proceso de acumulación de descontentos variados, con temas de distinta índole, como el TLC y las pensiones.

La politóloga cree que el gobierno no debería de subestimar estas protestas ni fijarse nada más en la capacidad de convocatoria o la cantidad de participantes, sino en el contenido: cuáles son las razones por las cuales las personas reclaman, para asumirlo como una llamada de atención.

Si la gente -agregó- siente que el gobierno no da respuesta a sus demandas, esto puede motivarlos en mayor medida a participar en nuevas protestas, que podrían ser más grandes.

Guzmán considera que hay cierto letargo del gobierno en materia de diálogo, al poner las protestas como una irresponsabilidad de la clase trabajadora y no lo contrario.