El ambiente nacional está a punto de explotar en una oleada de protestas  organizadas por parte de grupos de trabajadores, sindicatos y asociaciones que pretenden mostrarle al gobierno el descontento general que se vive en el país.

Estos grupos protestan contra la empresa de revisión de vehículos Riteve, el estado de las carreteras, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), salarios, pensiones y otros temas que abarcan un amplio espectro de la problemática social.

Los grupos que estaban luchando separadamente, se están organizando alrededor del Movimiento Cívico Nacional, el cual involucra a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), a la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPANACIONAL), a varios grupos de transportistas, estudiantes y sindicalistas.

La primera manifestación de este movimiento, que al momento de cierre de edición englobaba a más de 25 organizaciones, se programó para el próximo lunes 23 de agosto cuando realizarán un paro nacional y una marcha pacífica a todo lo largo del país encabezada por transportistas, incluyendo traileros y taxistas.


 

EN PIE DE LUCHA



La sociedad costarricense ha protestado contra proyectos del gobierno, como la que generó a raíz del «Combo ICE», el paro de educadores sobre los cambios en pensiones, las manifestaciones contra la aprobación del TLC, la toma de la Catedral Metropolitana por parte de campesinos de Bambuzal y recientemente la huelga de controladores aéreos que finalizó la semana pasada.

El Movimiento Cívico Nacional denuncia que «el Poder Ejecutivo ha ignorado las demandas populares y algunos de sus ministros se han burlado reiteradamente, de las peticiones de los representantes de asociaciones, empresas y sindicatos, atendiéndolos a todos con desprecio y arrogancia».

El movimiento está en contra de Riteve por ser un monopolio, calificado de «privado e ilegal que viola el estado de derecho del país, incluyendo la Constitución Política».

Protestan también porque consideran que el país está siguiendo una política económica errada que fomenta la concentración del ingreso y la injusticia social, lo que aumenta el costo de la vida y hace peligrar a pequeñas y medianas empresas. Denuncian el reciente aumento salarial del sector público y afirman que se debió llegar a éste por medio de la negociación y no unilateralmente.

Este nuevo grupo propone como soluciones abrir el monopolio de Riteve y detener el cobro de reinspección. Además dicen  que para detener el costo de la vida se administren bien los fondos públicos y se elimine «el compadrazgo con ciertos empresarios y sectores vividores de los fondos públicos». Por otro lado exigen utilizar el dinero de los impuestos al combustible exclusivamente para reparación de carreteras. Y finalmente, entablar una negociación con el sector público para llegar a un aumento salarial adecuado.

Las organizaciones piden al gobierno la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica. Así lo explicó a UNIVERSIDAD el Secretario General de UPANACIONAL, Jorge Mario Hidalgo Román, quien aclaró que desde las primeras negociaciones no se permitía que se incluyeran los bienes agrícolas debido a los altos subsidios que reciben las empresas por parte del gobierno estadounidense.



EDUCADORES Y ESTUDIANTES



El presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Eduardo Rojas Carranza, dijo a UNIVERSIDAD que estaban de acuerdo con los principios de la lucha, pero que no se pueden sumar al movimiento porque consideran que no se trata de ver quién es el más fuerte, sino de conseguir una verdadera unión entre los sectores y para ello falta negociación.

Rojas explicó que ANDE no aprueba los aumentos decretados al sector público. Además sienten un gran malestar por la forma en que el gobierno maneja el costo de la vida y porque el Magisterio quiere arrebatarles el derecho a las pensiones. Con respecto al TLC, se manifiestan en contra de la venta de los servicios de educación.

Ese gremio propone como soluciones una verdadera recaudación fiscal donde tributen adecuadamente los grandes empresarios y mayor control en las aduanas.

El grupo estudiantil «Coordinadora Universitaria Contra el TLC» se unió a las protestas de los sectores sociales organizados y presentó sus propias iniciativas.

Uno de los miembros de la Coordinadora, Víctor Artavia Quirós expuso a UNIVERSIDAD las actividades que realizarán durante este semestre en la UCR, entre ellas la Feria Vocacional de y una marcha en San Pedro. Además se unirán a la marcha nacional del 23 de agosto.

«La lucha de Bambuzal, el aumento salarial y este tipo de luchas concretas no deben estar aisladas, nosotros no vemos la diferencia de luchar contra el TLC o por los campesinos de Bambuzal o por salarios», expresó el dirigente estudiantil.

La coordinadora cuenta entre sus temas de estudio la situación del Fondo Especial de Educación Superior (FEES), pues considera que no se realizó una buena negociación a favor de las universidades.

Admiten que el hecho de estar en contra el TLC ya es una propuesta alternativa. «Estamos en contra del Tratado porque defendemos las convenciones colectivas, las instituciones estatales, y el medio ambiente», enfatizó Artavia.

Para este movimiento estudiantil el motivo principal del descontento de los sectores sociales es una respuesta a la situación de Costa Rica durante la última década, cuando en el país se profundiza la pobreza y un deterioro en los servicios de salud y educación.



LA POSICIÓN GUBERNAMENTAL



UINIVERSIDAD consultó al presidente de la República Abel Pacheco de la Espriella, sobre el origen de los malestares sociales y sus posibles soluciones. Pacheco afirmó que la falta de dinero es un factor importante, pero hay un sector de la economía que históricamente no ha contribuido con los tributos necesarios.

El mandatario atribuyó al entrabamiento en la aprobación del plan fiscal, que se agudice la falta de recursos.

Añadió que las tormentas sociales continuarán si no se financia el gobierno, pero que muchos de los problemas pertenecen a las convenciones colectivas, a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) y a la Sala Cuarta, no al Poder Ejecutivo.