Para José Manuel Arias, profesor de la Escuela de Economía de la UCR, y experto en Banca y Finanzas por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), la reciente crisis que estremeció el mercado local de fondos de inversión y pensiones voluntarias, la intervención del Banco Elca S.A., y el retiro masivo de ahorros del Banco de San José (BAC), la semana pasada, luego de que se esparciera un rumor -posteriormente desmentido- sobre su situación financiera, «expresan situaciones estructurales» del sector financiero tico.

Principalmente, estos hechos ponen en evidencia que «todavía no existe mercado en nuestro país. No sé si llega a comisariato.»

Durante su exposición «Transformación del sector financiero en la apertura comercial», en el marco del seminario «El TLC de Centroamérica con los Estados Unidos: Implicaciones para la economía costarricense», organizado por la Facultad de Ciencias Económicas, la Escuela de Economía y el Instituto de Investigación en Ciencias Económicas, Arias dijo que en el sector bancario y financiero existe una gran disparidad entre los actores, pues tres grandes sectores controlan el 50% del mercado, mientras la otra mitad se reparte entre entidades casi insignificantes.

Esos sectores son: el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el Banco Nacional; los grupos financieros constituidos por el Banco Popular y el Banco de Costa Rica; y los principales grupos financieros privados, a los cuales no identificó.

(Un reciente informe de la SUGEF, estableció que los bancos privados con mayores ganancias en el primer trimestre del 2004, fueron BAC San José con ¢1.299 millones, Banex con ¢1.186 millones, e Interfín con ¢1.185 millones. (La Nación, 10/5/2004)).

Arias consideró que un desafío del sector es bajar los márgenes de intermediación financiera (o la diferencia entre tasas activas y pasivas), que son «exageradamente altos». Dijo que cuando solo existía banca pública, los altos márgenes se atribuían al hecho de que no existiera la privada. Sin embargo, esta última ya tiene 25 años de existencia y la situación no ha cambiado.

«¿Es que los márgenes en realidad encubren las deficiencias de todos? ¿O hay algo estructural?», preguntó.

También consideró necesario desarrollar un mercado accionario en el país «porque no hay títulos valores, las empresas no quieren abrirse a dar información. Y estos problemas no responden al TLC», enfatizó.

Debido a sus características, el economista calificó al mercado financiero tico como «altamente influenciable, por no decir una palabra más fuerte.»

Recordó que a partir del establecimiento de la valoración de los títulos a precios de mercado, en noviembre de 2002 y hasta la crisis de abril y mayo del presente año, los precios en dólares estaban altos, pagando tasas de 9% contra 14% en colones. «Fueron 15 meses de rendimientos artificialmente altos en dólares», una burbuja especulativa que finalmente estalló.

Arias también cuestionó el hecho de que incluso los fondos de pensiones obligatorias estén sometidos a los riesgos del mercado, cuando la persona cotizante no puede movilizar su ahorro según los vaivenes del mercado.

«¿Cómo valorar a precios de mercado en una economía en la que no hay mercado? ¿Por qué obligar a quienes ahorran obligatoriamente a someterse a precios de mercado, si no pueden salirse?», preguntó.

El economista también enfatizó en la necesidad de definir la función de los bancos públicos. «La banca estatal cada vez funciona mejor, pero ¿cuáles son sus objetivos? ¿Para qué ganan utilidades?», preguntó, y recordó el importante papel que en el pasado jugaron las juntas rurales de crédito agrícola que tenía el Banco Nacional, como impulsor del desarrollo.



«INDIFERENCIA» ANTE EL TLC



En lo que respecta a cómo afectaría la aprobación el TLC con Estados Unidos al sector bancario y financiero, Arias sostuvo que, con excepción del sector de los seguros, prácticamente no implicaría grandes cambios, pues el país ha adoptado la normativa internacional.

Explicó que el Tratado impediría poner límites al número de entidades participantes, cantidad de transacciones, de volúmenes de valores o activos, al tipo de personería jurídica o a la cantidad de empleados, aspectos ante los cuales «el sector financiero es indiferente», dijo.

Agregó que al abrir el TLC la posibilidad de que operen en el país bancos extranjeros, «la única gran preocupación del sector bancario es si los que vienen del exterior son subsidiarias o sucursales, si van a abrir oficinas locales o si van a crear bancos locales.»

Los empresarios del sector -dijo-  «se movieron bastante para que se permitieran subsidiarias ticas», de modo que «veremos proliferar los nombres de bancos extranjeros con la frase «de Costa Rica S.A.», cuyo costo de instalación es similar para todos los bancos y pagarían el mismo tipo de impuestos.

El economista añadió que, con el TLC «no se obliga a los bancos a brindar información de los negocios financieros, cuentas particulares ni proveedores», la cual es considerada confidencial y está protegida por el secreto bancario.

Tampoco se podrá obligar a los bancos extranjeros a contratar a personal de cierta nacionalidad, ni a que exista un número de personas de cierta nacionalidad en sus juntas directivas. Las medidas cautelares para las inversiones, depósitos y pólizas serían similares a las existentes en la actualidad.

Sin embargo, Arias advirtió que si bien en el texto del TLC se reconoce expresamente que no se puede restringir la política monetaria costarricense, la cual seguiría siendo autónoma, más adelante el propio texto es ambiguo al especificar que el país podrá tomar cualquier medida que no contradiga estipulaciones del Tratado.

Arias explicó que, como ya es sabido, el TLC sí implicaría importantes cambios para el monopolio público de los seguros.

El país tendría que «adaptar su normativa a la legislación internacional»: crear una Superintendencia de Seguros a más tardar en enero de 2007; en julio de ese año se permitiría a las empresas abrir oficinas aquí; el 1 de enero de 2008 se permitiría la competencia, de modo que los seguros se comprarían en cualquier parte, con excepción del obligatorio de vehículos y los de riesgos del trabajo. Para el 1 de enero del 2011 se venderían todas las líneas de seguros en el país.

Además, las empresas aseguradoras extranjeras que vendan sus productos en Costa Rica, no estarían obligadas a abrir oficinas aquí.