El atascamiento de vehículos fue de grandes proporciones en las vías que conducen a la Rotonda de las Garantías Sociales, el lunes 23.
Las manifestaciones que comenzaron el pasado lunes 23, promovidas por el Movimiento Cívico Nacional (MCN) podrían ser el origen de un gran movimiento de todos los grupos sociales de Costa Rica por expresar sus malestares, según detalló a UNIVERSIDAD el sociólogo Daniel Camacho.

Sin embargo, la reacción del gobierno ante estas jornadas podría ser la de dar soluciones parciales que calmen los ánimos exaltados del momento, sin solucionar del todo los problemas expuestos ni atender las necesidades de sectores disconformes.

Camacho considera que los movimiento populares organizados por diversos sectores crean conmoción, pero el acceso a las reivindicaciones es muy difícil.

Este tipo de movimientos, que agrupan a diferentes organizaciones, tienden a atraer a otros grupos que sienten desazón por los males sociales, y aunque no coincidan en todos los puntos persiguen un fin en común por un cambio social fuerte.
 

Un segunda posibilidad es que en los diálogos propuestos por el gobierno se llegue a soluciones parciales, como una renegociación del aumento salarial o el ablandamiento de las condiciones de revisión vehicular. En estas condiciones no se formaría un gran movimiento único y a mediano plazo las demandas provocarían  una nueva agitación.



CALLES CERRADAS



Las marchas no comenzaron a las cuatro de la mañana como se había anunciado por el MCN, por consideración a quienes se iban a sus trabajos y estudios. Horas después decenas de camiones de transporte y taxis transitaban lentamente por las vías que comunican la capital y otras ciudades de Alajuela, San Carlos y Limón.

El gobierno anunció con anticipación que no permitiría los bloqueos en las carreteras, sin embargo, UNIVERSIDAD comprobó que ese lunes 23 los traileros habían cumplido su promesa y daban espacio para el libre fluido de autos en las rotondas.

El ambiente fue diferente en sectores como la intersección de la carretera Interamericana a la altura de Grecia, lo que impidió en gran medida el traslado a un punto vital como el aeropuerto, y en Limón cerca del puerto de Moín.

Las manifestaciones continuaron el martes 24 con mayor fuerza, incluso con bloqueos, y al cierre de edición (martes 24, a mediodía)  no se había llegado a un acuerdo con el gobierno en los puntos de discordia, a pesar de las reuniones promovidas por la Defensoría de los Habitantes  en la sede de la Conferencia Episcopal.



PETICIONES CLARAS



En un documento entregado al gobierno por parte del Movimiento Cívico , una semana antes de las jornadas de protesta, se solicitó abrir el monopolio de la empresa Riteve de revisión vehicular y detener los costos de la reinspección.

Además solicitaron suspender el aumento del costo de la vida, que el grupo atribuyó al mal manejo de los asuntos públicos por parte del gobierno. También,  renegociar los aumentos salariales con los representantes sindicales y no enviar el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos a la Asamblea Legislativa, antes bien revisarlo para que su ejecución no afecte a sectores productivos nacionales.

Los dirigentes del MCN enfatizaron el lunes 23 que la situación se les está «saliendo de las manos» al gobierno y que sus peticiones no son imposibles de atender.

«Todos hemos sido claros y contundentes, Riteve se puede quedar en el país, hay suficientes argumentos jurídicos  para que el gobierno busque una salida y eliminar el monopolio: el artículo 19 y 20 de la Ley de Tránsito, el 46 de la constitución política», aseguró Albino Vargas, dirigente del movimiento.

Ese mismo día en la Casa Presidencial el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Javier Chaves y  el viceministro de la Presidencia Randall Quirós invitaron al diálogo con la condición de que se levantara la protesta y se plantearan bases razonables. Argumentaron que no es posible rescindir el contrato de Riteve y que el TLC no ha sido enviado al parlamento.

Por otro lado los dirigentes se negaron a detener las acciones en las calles e incluso, al cierre de edición, se habló de que podrían aumentar las protestas con la participación de sectores educativos, los sindicatos del ICE y otros empleados públicos.



OTROS FRENTES



La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza  (APSE) apoyó la marcha y convocó a un paro nacional en los colegios para el miércoles 25 durante la mañana.

Por su lado la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), luego de negarse al principio a sumarse por estar organizando su propia huelga, decidió instar al gobierno para encontrar una solución satisfactoria el martes 24. En caso contrario valorarían la posibilidad de unirse al movimiento y paralizar todos los centros educativos del país.

El presidente de APSE, Danilo Rojas Poveda,  explicó que apoyan el movimiento por ser «de alto contenido patriótico» . Agregó que los docentes realizan jornadas de reflexión con los estudiantes sobre las políticas neoliberales que están empobreciendo aún más al pueblo costarricense. «En caso de que el Gobierno no negocie con los manifestantes, estaremos analizando acciones m*s fuertes…; todo el pueblo costarricense está apoyando este movimiento y por supuesto que los educadores estamos en pie de lucha.»

Ante estos anuncios,  otros sectores importantes del sector público podrían unirse a las protestas.

El Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT) se solidarizaron con las protestas y reclamó que las medidas del gobierno agravan las condiciones de vida del pueblo y crean un injusto reparto de la riqueza. Este frente indicó que está buscando la manera en que todo el pueblo se una para defender a las instituciones nacionales.

De la misma manera la Comisión Nacional de Enlace apoyó el movimiento y exigió al gobierno la expulsión de Riteve al igual que se expulsó a Millicom en 1995.

El diputado Gerardo Vargas Leiva del Partido Acción Ciudadana (PAC) declaró que «el gobierno es el que ha cerrado las puertas del diálogo», pues pretende defender privilegios antes de dialogar con los costarricenses. El PAC coincide con la necesidad de un aumento salarial justo, la apertura del monopolio de Riteve y la renegociación del TLC.