A lo largo de estos 15   años  la Sala Constitucional  ha producido  más de  140.000  sentencias.   Ha ocurrido que en una sola sesión  se han votado más  de   350   asuntos.

De  hecho  esta Sala  ha colapsado, pese al esfuerzo  de todo  su   personal.  Esto  es previsible  dada la enorme cantidad   de  demandas  que hacen las   personas ante esta sede jurisdiccional. De aquí que la demanda  de servicios sea  muy superior a la oferta  de ellos.

De ahí que sea necesaria una  reforma a esta  Sala. El problema  radica en  determinar  cuál es la  reforma  más adecuada, funcional y  eficaz. Existen en el Poder Legislativo  varios proyectos de ley en ese sentido, pero sin voluntad  política para   darles curso.

A pesar   del   aluvión  de   asuntos que  llegan y se tramitan ante la Sala   Cuarta,  considero que el  balance  ante el país  es positivo. Antes de la existencia de  este tribunal,  la Constitución Política era un  adorno en el ordenamiento  jurídico nacional.

Claro está que   hay  sentencias   que nos  agradan y otras  no, lo cual es normal   en esta materia.  La polémica   en torno   a   estas  sentencias  es  explicable,  ya que es  el  tribunal   más político de todos, pues   su objeto  está constituido por las relaciones  de poder , ya sea   Estado- sociedad    o   al interior de la   sociedad, en lo que se refiere a los  amparos  contra  particulares.   A esto se agrega  la matización  de los  recursos de hábeas  corpus.

Es  inconveniente  la  gravitación   política  referida al tema del  nombramiento de los   Magistrados  de  esa Sala   y de las  otras salas.

La  estrecha relación  entre   cúpulas  partidarias  y   ese nombramiento    de   jueces de alto rango, les resta  legitimidad y confianza   a los tribunales    correspondientes.  Y, a su vez,  se perjudica   al sistema político y  al país.

Personalmente, no le veo solución o  salida  exitosa   a   esa   negativa   influencia  política  partidaria.   Pero   esta  temática  está   ligada   a la falta  de    representatividad, gobernabilidad  y   legitimidad   del sistema  político  nacional.

Las demandas  de la  población  no  se resuelven  con discursos, sino  con hechos.  Lamentablemente,   ese  proceso   de   erosión   de la   legalidad y  legitimidad  jurídica y   política  se   incrementará.

La cara  negativa   de   la  administración  pública, que es la  corrupción   solo  puede ser  contrarrestada  con la   imagen   positiva del   Estado  que es la  transparencia.   Reconocemos   que es   un pío  deseo.