En un congreso de Derecho, estando presentes el Presidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez y el señor Rodolfo Piza Escalante, el primero emitió un criterio sobre constitucionalidad que fue refutado en público por don Rodolfo.  El señor Presidente se dirigió jocosamente al resto de invitados: «¿Y este es el magistrado que dicen que es incondicional a mi persona?»  Para todos es sabido que este gran constitucionalista comulgó con la ideología socialcristiana, sin embargo, demostró que no fue escogido por su incondicionalidad sino por sus incuestionables atributos académicos y su autonomía de criterio.

Las cosas empiezan a variar, la preeminencia de lo académico sobre lo político está dando paso a la desidia y a la falta de escrúpulos en los nombramientos de los nuevos magistrados.  Sabemos que la trascendencia de la Sala Constitucional alcanza la cúspide de las cuestiones de Estado.  Su advenimiento significó para este país el paso de la candela a la luz eléctrica en la salvaguardia de los derechos fundamentales, pilar y razón de ser de un Estado de Derecho que se precie de tal.  La voluminosidad de los recursos de amparo, lejos de ser un problema para quienes sólo piensan en el eficientismo, representa la mejor prueba de la necesidad de una Sala pronta y oportuna, para una ciudadanía que no deja de estar sometida a las patologías de la administración pública y de una judicatura que simplemente se desembaraza de cualquier asunto relacionado con la materia constitucional.

En mi opinión, la Sala Constitucional aun no desborda sus competencias invadiendo esferas de otros Poderes del Estado.  Es cierto que en algunas oportunidades ha asumido asuntos en materia electoral, pero siempre ha mediado la previa y expresa renuncia del Tribunal Electoral a conocerlos.  Esta realidad no necesariamente durará para siempre y puede variar dependiendo de la rigurosidad con que la Asamblea Legislativa escoja los nuevos magistrados, particularmente, los de la Sala Constitucional.  El país está en el umbral de decisiones trascendentes como el TLC, la reforma tributaria y el Reglamento de la Asamblea Legislativa.  Pese a la enorme oposición popular que estos proyectos ha generado, Rafael Ángel Calderón y Oscar Arias están dispuestos a que sean aprobados independientemente del precio que conlleve.

Contar con una Sala Constitucional favorable a estos intereses no es más que uno de los primeros escollos que deberán superar.  Las apariencias se han quedado de lado, las órdenes a los diputados son claras, precisas y manifiestas.  La amenaza que pende sobre la objetividad e independencia de la Sala Constitucional y su frágil equilibrio nunca antes había sido tan inminente.  Lamentablemente, carecemos de una resistencia civil organizada que reaccione con indignación ante estas provocaciones.  En la política nacional se siente la ausencia de los viejos estadistas, los intereses económicos y el «bonapartismo» se sobreponen a la división de poderes y a la vida institucional democrática y representativa.  Resulta tremendamente desconcertante enseñar Derecho Constitucional, cuando observamos las manipulaciones que se producen en las Comisiones encargadas de ponderar los atestados de los futuros magistrados, el desencanto que produce a muchos profesionales capaces participar de estos sainetes y la pobre y temerosa discusión que se desarrolla en el plenario de la Asamblea Legislativa, merced de la espada de Democles que pende sobre los diputados.  Si la sociedad civil renuncia a la defensa de sus reivindicaciones cívicas y ante la incuestionable máxima de que «la Constitución Política dice lo que la Sala Constitucional dice que dice», no hay duda que los nuevos exegetas de nuestra Carta Magna habrá que ir a localizarlos en Montelimar y Rohormoser.



* Abogado