Ewald Acuña expresó que después del buen trabajo hecho por la Fiscalía, ahora debe aplicarse una labor de control político.
Políticos y abogados afirmaron que el reciente escándalo que reveló que una sociedad controlada por el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier habría recibido $440.500 de la Corporación Fischel, solo evidencia una antigua práctica de influencias de las figuras de las cúpulas tradicionales, que acostumbra mezclar los intereses personales con los políticos.
Informaciones de la Fiscalía General de la República, divulgadas por la prensa, revelaron que los dineros provendrían de una comisión de $8 millones que habría salido de la empresa finlandesa que gestionó un préstamo  del Gobierno de Finlandia, cuyo monto ascendió a $39,5 millones  y destinado a comprar equipo médico en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

De manera inexplicable este empréstito logró ser aprobado con los 38 votos necesarios en tan solo tres días (diciembre de 2001) durante el gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez.  El exmandatario, quien se ha negado a hablar con la prensa, asume la Secretaría General de la OEA el 15 de septiembre.

El expresidente ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas, quien es objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público, fungía como jefe de fracción del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) cuando dio por finalizado el trámite legislativo del préstamo.

Hoy son cada vez mas fuertes los rumores de que presuntamente se habrían dado dádivas a diputados de otros partidos politicos como Liberación Nacional para lograr su aprobación.
 

«¿Dónde está el presidente Miguel Ángel Rodríguez dando explicaciones sobre la aprobación de este préstamo que se realizó durante su gobierno y que recibió el apoyo de la bancada oficialista, su bancada?, expresó el abogado Pablo Barahona,  quien escribió el libro «Corrupción e impunidad: correlaciones e implicaciones».

Los recursos que habría recibido Calderón a través de la sociedad anónima Sultana Panamá, establecida en ese país, fueron girados en dos tractos, uno en mayo de 2003 y otro en enero de 2004.

Según Barahona, es algo totalmente «atípico»  lograr una celeridad de aprobación de tres días con el apoyo de 38 votos, lo que amerita ponerle mucha atención, recalcó.

Cabe recordar que Eliseo Vargas presentó su renuncia debido a que se le investiga por el alquiler de una casa en Santa Ana en $2.500, cuyo valor se estima en ¢300 millones, que está a nombre del ex gerente financiero de la Coporación Fischel, Olman Valverde. Otra consecuencia de este escándalo fueron las detenciones del Presidente Ejecutivo de esta empresa farmacéutica, Walter Reiche Fischel y Jorge Granados Moreno, abogado de la presidencia ejecutiva, tras ser acusados de coacción y amenazas.



CADENA DE IMPUNIDAD



Estimaciones de las personas consultadas por UNIVERSIDAD se atreven a sumar tanto lo girado a la sociedad, como los dineros que se entregaron por la propiedad santañena y sostienen que si acaso ambos montos llegan al millón de dólares. La pregunta que ellos se hacen es dónde se encuentran los restantes siete millones de dólares que forman parte de la millonaria comisión ($8 millones).

José Miguel Corrales, diputado del PLN, afirmó a UNIVERSIDAD que el préstamo inicialmente era de $31 millones y luego pasó a ser de $39 millones, lo que implica que se incluyeron $8 millones más.

«Ya un millón fue repartido, la pregunta es ¿dónde están los otros siete millones?», inquirió José Miguel Corrales.

El abogado Barahona lanzó la interrogante sobre quién pagará esos ocho millones de dólares  de comisión. «¿Serán acaso los costarricenses quienes debamos pagarlos?», sentenció.

Entre tanto el legislador verdiblanco sostiene que con la difusión periodística del caso Calderón se rompe la «cadena de impunidad» con que han actuado mandatarios en periodos anteriores.

En su criterio con esta denuncia vendrán otras que se rumoran con fuerza, pero en las que han faltado las pruebas suficientes para presentar una acusación adecuada.

Citó como ejemplo al exmandatario Rodríguez Echeverría por el pago recibido de ¢100 millones ante una deuda que habría contraído el PUSC con él durante la campaña electoral que lo llevó  al poder.

Rodríguez debería dar explicaciones a la prensa y no «irse», expresó el liberacionista,  en clara alusión al intento frustrado de entrevista que realizaron periodistas de otros medios en un restaurante en Escazú el fin de semana pasado. El exmandatario habría abandonado el lugar por una puerta trasera.

«Recuerdo una frase de don Pepe (José Figueres Ferrer) en la que se preguntaba si las obras se hacían porque se necesitaban o por querer ganarse una propina», relató Corrales, tras afirmar que esa expresión hay que contextualizarla con el escándalo.

Tras resaltar el trabajo de investigación realizado por Francisco D’Allanese, Fiscal General de la República, el diputado insistió en que ahora corresponde a los jueces procesar de la misma manera a las personas imputadas que quedarán en sus manos.



PRÁCTICA COMÚN



Para el presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, la divugación de estos hechos muestra una tradición de tráfico de influencias que se ha hecho común en el país y a la que se ha acostumbrado la población.

«Estas situaciones pueden estarse repitiendo en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) con los millonarios pagos a empresas de carreteras o el mismo caso de la concesionaria Alterra y es algo que ha sucedido con la repartición de las partidas específicas», detalló Solís.

El líder del PAC es de la tesis de que este tipo de corrupción, que mezcla los intereses politicos con los personales, se ha tornado endémica y a quienes la critican terminan por «acusarnos de extremistas».

Una muestra del crecimiento de este mal, aseguró el exaspirante presidencial, es la falta de una explicación a los ¢100 millones recibidos por Rodríguez, las enormes donaciones otorgadas en las campañas políticas y las iniciativas a favor de las aperturas comerciales por parte de los ex presidentes José María Figueres y Oscar Arias Sánchez.

Para Solís, es inexplicable que este gobierno acepte que los negociadores del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica con los Estados Unidos sean pagados con recursos de los Estados Unidos o que los diputados actuales viajen a la capital estadounidense de Washington para estar presentes en la firma de tal acuerdo commercial.

«Las platas no se dan por cariño o por amor. Los dineros privados se entregan a políticos porque son quienes toman las decisiones,» agregó.



SECRETO A VOCES



El abogado penalista Ewald Acuña, ex juez del famoso caso del Banco Anglo, afirmó que la existencia de tráfico de influencias, pago de sobornos y mordidas durante los procesos de licitación pública, es un secreto a voces en la opinion pública.

«Hay una cultura de ocultar esta información, que es aceptada por la gente. El problema es que perdimos la capacidad de reacción», comentó el penalista, quien sostiene que este caso es una clara muestra de la falta de transparencia en la administración de fondos públicos.

En su opinión la Fiscalía General de la República hizo un excelente trabajo que debe aunarse a toda una labor de control político en la Asamblea Legislativa y a lo interno de los partidos políticos.
Aclaración
El señor Jorge Granados Moreno no  fue detenido ni se desempeñó como abogado de la Presidencia Ejecutiva de la Corporación Fischel, como se publicó erróneamente en el reportaje de la edición 1589 de setiembre de 2004. Granados Moreno fue abogado del presidente de la Corporación Fischel, Walter Reiche, y se le indagó en esa ocasión por el caso Caja-Fischel.