Las recientes protestas sociales provocaron que el Gobierno se comprometa a revisar el contrato con Riteve y a mejorar el aumento salarial.
Un acuerdo entre gobierno y dirigentes sindicales fue el fruto de las manifestaciones que durante casi dos semanas dominaron las carreteras nacionales.

Desde que empezaron las protestas, el lunes 23 de agosto, las calles fueron paralizadas por la acción de camiones que impidieron el paso en las principales vías del país. Luego, las marchas de miles de empleados públicos por las calles de San José mostraron el descontento por el alto costo de la vida.

Los llamados al diálogo por parte del gobierno no tuvieron éxito, pues solicitaban detener las marchas y los bloqueos para sentarse a negociar y los sindicalistas no aceptaron la propuesta. Fue el martes 31 de agosto, en la Conferencia Episcopal, cuando se llegó a un acuerdo entre las partes con Monseñor Hugo Barrantes y José Francisco Ulloa como garantes.

Los principales logros de dicho acuerdo descansan en la modificación de los parámetros de la revisión técnica vehicular que ejecuta el consorcio Riteve SyC; y el aumento salarial de 0,5% a para los empleados públicos.

Quedó pactado el compromiso del gobierno de someter a Riteve al escrutinio de la Contraloría General de la República para que determine si las faltas cometidas son causales de la resolución del contrato. Además se estudiarán medidas para reducir el costo de la vida.

Sin embargo, persiste la duda de si estos acuerdos retrasarían el envío del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) a la Asamblea Legislativa o si repercutirán en el Plan Fiscal propuesto por el ejecutivo.

Para responder estas interrogantes UNIVERSIDAD consultó la opinión de los diputados José Miguel Corrales del Partido Liberación Nacional y Mario Redondo del Partido Unidad Social Cristiana, además de la socióloga Silvia Lara y del politólogo Alberto Salom.



TLC DETONANTE



Aunque en el acuerdo queda claro que el gobierno solamente toma nota del descontento del Movimiento Cívico por el TLC, los expertos consultados por este Semanario aseguran que éste podría ser un detonante para otra posible manifestación, en caso de que el gobierno decida enviarlo al plenario.

Silvia Lara, expresidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) agregó que tanto el Tratado como la desigualdad social y económica que vive el país podrían hacer resurgir el conflicto.

Para la socióloga la desigualdad genera polarización, provoca contrastes, enojo, resentimiento y violencia. Desde 1997 se da un incremento en el Producto Interno Bruto que se concentra en un grupo pequeño y económicamente rico, recordó.

Alberto Salom explicó que el presidente Pacheco se muestra interesado en escuchar posiciones diversas con respecto al tratado, pero que lo más posible es busque aprobar primero el plan fiscal, para mandar luego al parlamento el texto del TLC.

Para el politólogo el gobierno está «nadando en dos aguas», una de los movimientos sociales a los cuales trata de satisfacer con el aumento salarial y el control a Riteve; y otra, la de las cámaras empresariales a las que complacería si envía el tratado a la asamblea.

Los diputados tienen opiniones muy encontradas. Mario Redondo dijo que con respecto al acuerdo comercial entre Centroamérica y EE.UU., el gobierno tiene toda la intención de seguir adelante, abrir diálogos y discutir, pero sin dejar de impulsar el fortalecimiento de Costa Rica ante la globalización.

Agregó que el pueblo no es solo los sindicatos, ni las cámaras, pues nadie puede arrogarse la representación popular, insistió que en la democracia hay suficientes herramientas para evitar y resolver los conflictos.

José Miguel Corrales fue enfático en afirmar que «no es el 0,5% ni es Riteve, a ellos (el gobierno) lo que los tiene verdaderamente preocupados, es que el movimiento social se encontró y que están claros de que el TLC no va en la forma que está».

En su criterio si el presidente apuesta al pueblo costarricense, sentarse a discutir sobre el TLC sería el primer paso, pues la gente no niega el tratado, sino los términos en que está firmado.



EL PLAN FISCAL



El diputado Redondo explicó que las manifestaciones recientes no han modificado la agenda del gobierno con respecto a este tema, por el contrario, el plan fiscal es una medida para estabilizar al país. Esto lo justificó con el ejemplo de que un Estado desfinanciado no puede atender los requerimientos económicos y por eso es necesario su aprobación.

Agregó que algunos apoyan el gasto y evitan que haya una mayor solvencia económica por oponerse al plan fiscal, lo cual «está calentando la olla de presión».

Para Corrales los sectores sociales que se han manifestado en las calles no han tomado todavía conciencia clara del plan fiscal, como sí lo están haciendo con el TLC.

Silvia Lara explicó que es muy difícil adelantarse a lo que podría suceder con la reforma fiscal en caso de llegar a la Asamblea Legislativa; aún cuando se nombre un Ministro de Hacienda con posiciones más flexibles, ya hay muchos recursos presentados contra el plan.

Lara detalló que dichas modificaciones tributarias no están en la mente de los dirigentes sindicales, porque ellos estuvieron participando en las reuniones de negociación y de intervenir, lo harían por medio de diputados.

Pero Alberto Salom fue más enfático al asegurar que el plan fiscal necesita un replanteamiento que no pudo darse por la falta del liderazgo del exministro Alberto Dent.

El politólogo señaló que es necesario replantear nuevas condiciones para que el peso de la reforma «no caiga en los mismos hombros de siempre».



¿NEGOCIACIONES BENEFICIOSAS?



Para el gobierno el resultado de los acuerdos con los dirigentes sindicales son importantes, pues debe garantizar la paz social y la estabilidad económica, aunque surjan personas con diferentes posiciones.

El presidente Pacheco dijo la semana pasada en conferencia de prensa: «No veo que el gobierno baje la cabeza para nada, se hicieron una serie de manifestaciones que pusieron al país al borde de un golpe de Estado, lo que vimos en Costa Rica fue terrible».

Después de los acuerdos entre el gobierno y el Movimiento Cívico, renunciaron dos personajes del gabinete económico, Alberto Dent y Ronulfo Jiménez, quienes mostraron su malestar con respecto al alza salarial pues consideran imposible ejecutarla en este momento.

Silvia Lara indicó que esas dimisiones se deben a un pulso político entre grandes grupos de gobierno por definir quién tiene el poder.

Para la socióloga los acuerdos logrados sobre salarios y Riteve son importantes y positivos, pero no son la solución del conflicto que se manifiesta en malestares sociales, solamente una forma de posponerlo.

Alberto Salom advirtió que los grupos sociales han adquirido mayor compromiso con sus causas, de ahí las ganancias en las negociaciones y las renuncias en el gabinete.

Para el politólogo el malestar más grande continúa siendo el costo de la vida y sus repercusiones podrían sentirse en las próximas elecciones nacionales.

El diputado Corrales dijo, con respecto a los acuerdos, que en algunos puntos pudo haber sido mejor, pero que el gobierno reconociera las violaciones y que llame a Riteve para renegociar el contrato, fue un gran éxito.

«En materia de salarios este movimiento logró quebrar la línea y el mensaje que le dio al gobierno y al pueblo costarricense es que el aumento salarial se puede obtener con base en protestas sociales, y para un gobernante eso es fatal», concluyó el legislador.

Los dirigentes del Movimiento Cívico aseguraron que se mantienen al tanto del puntual cumplimiento de los acuerdos, a partir del primer día de este mes el gobierno debería haber empezado negociaciones con la empresa Riteve y el acuerdo de aumento salarial al sector público debe implementarse desde el próximo pago. Los sindicalistas advirtieron que de no ser así se lanzarían de nuevo a las calles.