El dinero puede tener diferente origen, pero el «circuito» mediante el cual se recicla hasta llegar al país, es el mismo: es girado hacia sociedades que solo existen en el papel, inscritas en plazas como Panamá, Bahamas o Gran Caymán, donde existen entidades off shore de bancos privados ticos. El monto es depositado en esas sucursales para ser transferido a los bancos del país, ser cobrado en colones o en dólares, y repartido.

Aunque no provenga del narcotráfico, sino de fuentes todavía desconocidas, como ocurrió en las campañas políticas de los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional -que recibieron fondos procedentes de Taiwán y Gran Caimán-, o de una fuente pública y conocida, como el crédito del gobierno de Finlandia para la compra de equipo médico por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se trata de un verdadero proceso de «lavado» de dinero, que tiene por objeto enmascarar a sus dueños o beneficiarios, e introducirlo de manera legal a la economía.

En el caso del PUSC, medio millón de dólares, provenientes de Taiwán, aunque de fuente todavía desconocida, fueron enviados a la cuenta de la empresa Bayamo S. A., en Panamá, que formó parte de la «estructura paralela» utilizada para financiar la pasada campaña política. Allí se usó al único banco público off shore, BICSA S. A., para reenviar los fondos al país, con destino a los bancos de Costa Rica y Nacional.

El militante del PUSC, Juan Carlos Achong Lao, quien trabajó en las dos campañas electorales de Miguel Ángel Rodríguez, así como en la de Abel Pacheco, se encargó de retirar el dinero de las ventanillas locales. ¿Sus jefes? el canciller Roberto Tovar, contralor del presupuesto de campaña, el tesorero, Fernán Guardia, y el custodio de los fondos, Rodolfo Montero.

Si bien la sospecha prevaleciente es que esos fondos provinieron del gobierno de Taiwán, cuya práctica de otorgar importantes donaciones económicas a cambio de apoyo para su ingreso a la Organización de Naciones Unidas, ha provocado más de un escándalo internacional, las autoridades de ese país niegan tener alguna participación.

Curiosamente, Tovar también ha sido cuestionado por el uso dado, en la Cancillería, a donaciones del Gobierno de Taiwán por ¢2.000 millones, que según el gobierno de ese país, eran para promover el turismo y el comercio, pero que terminaron financiando la planilla de funcionarios públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mientras que una parte sustancial de las contribuciones a la campaña del expresidente y hoy Secretario General de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, todavía es de origen desconocido, porque el ex ministro de Hacienda, Alberto Dent, como administrador de los fondos, se niega a revelar la fuente, en el caso de la campaña de Pacheco, la aceptación de dinero taiwanés atenta directamente contra la prohibición, establecida en el Código Electoral, de que los partidos políticos reciban dinero de extranjeros para sus campañas.

Por otra parte, al momento de la pasada campaña, Fernán Guardia Gutiérrez, tesorero del PUSC, y Rodolfo Montero Barquero, administrador de los fondos de ese partido, eran el presidente y el tesorero, respectivamente, de la junta directiva de BICSA. Ambos renunciaron a esos cargos debido a los descubrimientos de la Comisión Investigadora del Financiamiento de los Partidos Políticos, de la Asamblea Legislativa. También integraba la junta directiva de BICSA el actual presidente del PUSC y exdiputado, Jorge Eduardo Sánchez.

Por su parte, los bancos Interfin, BCT y Cuscatlán formaron parte del circuito por el que se canalizó el dinero de la campaña de Miguel Ángel Rodríguez, lo que incluyó transferencias a una «cuenta especial» a nombre del expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, Samuel Guzowski, en Panamá, de donde, según él reconoció a la comisión legislativa, salieron $232.000 entregados a Rodríguez como parte de una deuda contraída por el PUSC.

En el caso del PLN, gracias a un reciente fallo de la Sala IV, se podrá abrir, entre otras, la cuenta personal de su tesorero electoral, Emilio Baharet, en el Caribbean Bank of Exports (CABEX), entidad off shore del banco privado BANEX, en Gran Caimán, lo cual quizás permita conocer la procedencia de ese dinero -de un total de 1 millón en moneda estadounidense- entregados a esa agrupación política, durante la pasada campaña electoral.

El Código Electoral también obliga a los partidos a reportar todas las donaciones que reciban y establece un tope máximo de ¢13,8 millones por cada una. Sin embargo, como puede verse, tanto el PLN como el PUSC usaron a las sucursales off shore de bancos locales -BICSA y BANEX- para captar donaciones foráneas y que superaron el límite legal.

Como es sabido, además de ser usados por sus estructuras paralelas, algunos bancos privados también aportaron fondos propios a las campañas políticas. El 5 de setiembre del año pasado, al comparecer ante la comisión legislativa que investiga el tema, el gerente del Banco de San José (BAC), Gerardo Corrales, afirmó que entregó personalmente $50 mil a Baharet para la campaña.

Entre los aportantes de la banca privada, la comisión ha identificado, hasta el momento, a tres grupos financieros locales: Banco de San José (Grupo Credomatic), el Banco Banex y el Banco Cuscatlán, de capital nicaragüense, panameño y salvadoreño, respectivamente, además de costarricense.



REPARTO DE COMISIONES



Por otro lado, el reparto de la comisión de unos $9 millones, por la empresa Fischel, entre beneficiarios que incluyen al expresidente Rafael Ángel Calderón y al expresidente Ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas, volvió a poner sobre el tapete dos nombres también vinculados con la estructura paralela que financió la campaña electoral del PUSC: Alfonso Guardia Mora, primo del expresidente y socio de su bufete, y el exdiputado Gerardo Bolaños Alpízar.

Hasta diciembre de 2003, Guardia Mora era presidente de la Junta Directiva de BICSA y, según consta en el acta de la comisión investigadora, Bolaños es mencionado en un documento enviado por Jorge Eduardo Sánchez, y en el cual se registra que el PUSC acordó «ceder bonos de la deuda política, emisión primera, campaña 94-98, campaña en la que don Miguel Ángel es elegido Presidente de la República, por voluntad de los costarricenses.»

Ese documento, dice el diputado Arce, integrante de la comisión, fue avalado por «don Abel Pacheco de La Espriella, Presidente del Partido, don Gerardo Bolaños Alpízar, Vicepresidente, don Ovidio Pacheco, Secretario General y otros dirigentes. El acta consigna los acuerdos de pago, por supuesto, la respuesta de don Miguel Ángel es válida: si el Partido acordó pagarme es porque me debía», agrega el diputado.

El BAC San José aparece como uno de los bancos utilizados por la empresa de papel Harcourt Holding, de Walter Reiche Fischel, para emitir un cheque de gerencia por $300 mil, en Costa Rica, dinero de la comisión por el crédito finlandés que luego fue en parte retirado por Olman Valverde, gerente financiero del grupo Fischel -quien compró la casa de habitación para el expresidente Ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas-, y en parte convertido en certificados al portador.

Dos de esos documentos fueron cobrados por Guardia Mora y por Bolaños Alpízar, respectivamente.



«CONTROLES FUNCIONAN»



Consultado por UNIVERSIDAD Gerardo Corrales, gerente del BAC, dijo que en la investigación que sigue la Fiscalía, «lo que está funcionando, como ha sido costumbre, es el procedimiento aprobado por Ley para el rompimiento del secreto bancario. Si un Juez acoge la solicitud de los Fiscales del Ministerio Público, los bancos estamos obligados a suministrar toda la información que las autoridades requieran para su investigación y esto es lo que ha estado sucediendo en este caso, en donde la comunicación entre BAC San José y la Fiscalía ha sido fluida, según sus requerimientos y autorizaciones de los Jueces de Turno.»

UNIVERSIDAD también consultó al encargado de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), Óscar Rodríguez Ulloa, con cuáles países en los que existen off shores costarricenses hay acuerdos oficiales de intercambio de información.

El funcionario respondió que «existen bancos off shore, propiedad de grupos financieros inscritos ante la SUGEF, en Panamá, Bahamas y Grand Caymán. El banco off shore de este último domicilio está gestionando su traslado a Bahamas. Existen convenios de intercambio de información con varios países de la región, incluidos Panamá y Bahamas.»

En cuanto a las implicaciones que tendrán, para la banca tica, las nuevas regulaciones anti-lavado y anti-financiamiento al terrorismo, puestas en efecto por Estados Unidos, el superintendente dijo que «en Costa Rica los bancos y las autoridades regulatorias cooperan para operar un sistema riguroso de control en contra del lavado de dinero. Los bancos cuentan con personal y medios especializados dedicados a detectar operaciones sospechosas. Estos esfuerzos se enmarcan dentro de lo que establece la Ley sobre Estupefacientes, Drogas de Uso No Autorizado, Legitimización de Capitales y Actividades Conexas, así como de reglamentos emitidos por las respectivas Superintendencias. También se trabaja en coordinación con las autoridades de otros países, especialmente los Estados Unidos de América.»

Sobre la posibilidad de utilizar las sociedades anónimas para encubrir a los dueños o responsables de activos o transacciones, Rodríguez dijo que «en el caso concreto de Costa Rica, la ley exige que las acciones representativas del capital social de la sociedad, sean acciones nominativas, y no se permiten acciones al portador. Si bien el secreto bancario existe en Costa Rica para ciertas actividades, es una figura casi universal, común a la gran mayoría de los países. Más bien, existen países adonde el secreto bancario es más riguroso que en Costa Rica.»

Un informe de la agencia de control de drogas de EE. UU (DEA), de setiembre de 2003, afirma que «muchos países del Caribe tienen bien desarrollados sistemas de banca off shore y leyes de secreto bancario que facilitan el lavado de dinero (…) De acuerdo a la ONU, cerca del 42% de los bancos off shore en el mundo y el 38% de las corporaciones off shore (también conocidas como compañías de negocios internacionales o IBC) están en el Caribe y en Latinoamérica.» (http://www.usdoj.gov/dea/pubs/intel/03014/03014.html)

De Bahamas, la DEA afirma que «es una locación atractiva para el lavado de dinero, dado su estatus como un importante centro financiero, y sus cerca de 400 bancos off shore y 100.000 IBC. En 2000, estuvo en la lista de 15 países que han fallado en cooperar completamente en la lucha internacional contra el lavado de dinero y que ha urgido una atenta mirada sobre sus actividades. (…) tiene un débil régimen anti-lavado. En respuesta, el Gobierno de las Bahamas ha aprobado legislación diseñada para remediar las deficiencias señaladas por la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF). Aunque las Bahamas fue removida de la consideración de la FATF en junio de 2001, permanece como una Jurisdicción de Primera Preocupación.» (Ídem)

De Gran Caimán dice que figura en la lista de la FATF, de 15 países, antes mencionada, porque «en las Islas Caimán no hay requerimientos legales para identificar a los clientes o llevar registros; no hay un régimen que ordene reportar transacciones sospechosas y un grupo numeroso de empresas administradoras trabaja sin regulaciones. Sin embargo, la FATF también hizo notar que las Islas Caimán son consideradas líderes en el Caribe en desarrollar programas anti-lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de EE.UU ha emitido una advertencia a las instituciones financieras estadounidenses sobre el débil régimen antilavado de dinero en las Islas Caimán. Estas islas son miembros de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera del Caribe (CFATF).» (Ídem)

Como muestra la tabla, cinco bancos privados domiciliados en Costa Rica, tienen off shores en Gran Caimán, Bahamas y Panamá.

En tres casos: BCT, Banca Promérica S.A. y Cuscatlán S.A., más de la mitad o cerca de la mitad de sus activos, se encuentran en sus off shores: 70.05%, 50.45% y 40.63, respectivamente.