Los niños y niñas costarricenses sufren ahora menos castigo físico del que vivieron sus padres y madres en su infancia, sin embargo alarma la intensidad de esos castigos, la aprobación de la población al trabajo infantil, y el silencio ante la drogadicción y el abuso sexual, según una encuesta de la Universidad Nacional (UNA).

Según el sondeo, 60% de los actuales padres y madres de familia fueron castigados físicamente en su infancia por sus progenitores, pero sólo el 27,5% reconoció que ahora les pega a sus hijos cuando «se portan mal».
La rectora de la UNA, Sonia Marta Mora, explicó que 94,2% de quienes castigan físicamente a sus hijos afirma que sólo lo hacen «de vez en cuando», mientras que 2,5% lo hace «seguido», y 3,3% lo hace «muy seguido».
Los investigadores reconocieron que las mediciones de «de vez en cuando» o «muy seguido» no son exactas, y que pueden servir para que las personas adultas «escondan» la verdadera frecuencia con la que le pegan a sus vástagos para no ser señalados como agresores.
Mora subrayó que pese a que sólo 27,5% de los padres y madres efectivamente lleva a cabo castigos físicos contra sus hijos, 57% se ve tentado a hacerlo sobre todo cuando está «cansado o tiene prisa» y las personas menores no obedecen.
Entre las prácticas correctivas más comunes destacan los gritos y las expresiones orales ofensivas (74,2%), pellizcos, golpes y patadas (57%), y la limitación de los espacios de diversión (35%).
Las cifras muestran una aparente contradicción, pues 76,4% de padres asegura que el castigo físico daña la autoestima de los menores, el 88% dice que los hace sentir soledad, tristeza y abandono, y para el 90% aumenta la violencia en la sociedad, apunta la encuesta.
Sin embargo 26% considera que este tipo de medida disciplinaria «contribuye a la formación de los niños».
No obstante los resultados aparentemente positivos de la encuesta, los datos del Hospital Nacional de Niños (HNN) y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) demuestran que la intensidad de los castigos es excesiva, y en muchos casos llega a provocar lesiones serias.
Una buena parte de las personas menores de edad que ingresan a emergencias en el HNN presentan heridas o golpes fuertes propinados por sus propios padres, reconocieron autoridades del centro médico.
El PANI recibe cada mes más de 1.000 denuncias por agresión de diferentes tipos, y se han vuelto comunes los casos de pequeños agredidos que aparecen en la prensa y se ventilan en los tribunales.
Para aportar un grano de arena a la lucha por una mejor vida de la infancia, la Defensoría de los Habitantes, junto a la organización Save the Children, lanzó la semana anterior una campaña para abolir el castigo físico, que además de una exhortación difundida en Internet, pretende instar a los diputados a aprobar una ley de abolición del castigo físico en la niñez.

DERECHOS MÁS CONOCIDOS

Según la rectora, la disminución en el castigo físico se debe a un mayor conocimiento por parte de padres y madres de los efectos negativos que este tiene, y a una mayor conciencia sobre los derechos de la niñez.
Mora subrayó que 90% de los adultos asegura conocer los derechos de los más pequeños, pero este conocimiento está sesgado, pues se concentra en los más obvios como el de la educación, conocido por el 56% de progenitores .
Así, 32,5% sabe que los niños y niñas tienen derecho al amor, respeto y libertad de expresión; 22,7% al de recreación, pero las cifras caen al 3,1% en cuanto al conocimiento del derecho a la identidad y a tener una paternidad y maternidad conocida.
«No todos los derechos están bien posicionados en el imaginario costarricense, por eso la sociedad debe hacer un esfuerzo por promover aquellos que ahora son considerados menos importantes», expresó la rectora.
Muchos progenitores (21%), acotó, ven en el cumplimiento de estos derechos una amenaza para su autoridad, y por eso los irrespetan.

DE ACUERDO CON TRABAJO INFANTIL

Para Mora, una revelación alarmante del estudio es que el 29% de las personas está de acuerdo con que las menores de 15 años trabajen, a pesar de que esta práctica está prohibida por ley.
«Esa es una cifra demasiado alta para un país con una tradición educativa como la nuestra», dijo.
Además, preocupa que aunque leve, se note un aumento entre las personas que no ven mal el trabajo infantil, pues en 2003 el porcentaje era de 27 %, y este año de 29 %.
Entre quienes aprueban el trabajo infantil 48,5% lo justifica con el argumento de que «contribuye a la formación personal», para el 29,6% está bien porque así los menores «contribuyen al ingreso familiar», y para el 10%, propicia que «maduren».
Entre quienes se oponen a esta práctica, la mayoría (63%) considera que los niños «deben estudiar», y que no están en edad para trabajar (8,8%), no tienen preparación física ni emocional (8,5%), y porque sufren explotación (6,6%).
Sin embargo, 27,5% reconoció que en su comunidad hay menores de 15 años que trabajan, 16,3% conoce niños que venden flores, lapiceros, llaveros en la calle.
El 6,9% conoce de pequeños que trabajan sin recibir pago alguno, y 5,9% conoce de quienes laboran en condiciones insalubres.

ROMPER EL SILENCIO

Las personas adultas son conscientes de que la niñez es víctima de la drogadicción y la explotación sexual comercial, pero a pesar de saberlo y conocer casos concretos, la mayoría no los denuncia.
El 40,9% de los encuestados reconoció que en su comunidad hay menores involucrados en drogas, 21% conoce niños que han sufrido abuso sexual y 6% sabe de por lo menos un menor que haya sido o esté siendo prostituido.
Además 25,5% de adultos sabe que en su comunidad se vende cigarrillos a menores, 17,7% conoce locales donde se les vende licor, 16,5% sabe quiénes venden drogas a los niños, y 4% conoce la identidad de quienes los prostituyen.
A pesar de este conocimiento, la mayoría (31,3%) considera que las drogas y el abuso sexual deben resolverse con programas de información y prevención.
Para 19,5% de las personas se deben reforzar los programas de educación; l 13,8% afirma que la solución es que las familias cuiden más a sus hijos, mientras que 12,7% afirma que se debe aumentar la seguridad, y 9,5% cree necesaria una legislación más severa.
Hijas de la violencia
Las llamadas «maras» (pandillas) integradas por adolescentes, niños y niñas se han convertido en un alarmante síntoma en la región, especialmente en Honduras y El Salvador, donde miles de jóvenes pertenecientes a estos grupos protagonizan actos de violencia y delitos, y son reprimidos por la policía de la misma manera.
Virginia Murillo, directora de Defensa de los Niños Internacional (DNI), explicó a UNIVERSIDAD que nadie niega que las maras son un problema social, pero que la causa está en el «mundo de los adultos», el cual se dedica a estigmatizar a esta población, a violentarle sus derechos y nunca a ofrecerle oportunidades.
«Los jóvenes se unen a las maras porque en su familia sufren de violencia, irrespeto y agresiones, debido a la pobreza y falta de oportunidades para cumplir con las exigencias que les impone la sociedad de consumo», expresó.
La respuesta generalizada al fenómeno han sido planes policiales de «súper mano dura», como en El Salvador, y leyes «antimaras», que según Murillo no atenúan el problema, sino que inyectan más violencia en las calles con detenciones masivas.
Las ONG de la región piden a los gobiernos proyectos de educación, reinserción social y atención a las familias, y detener la solución más fácil: meterlos a la cárcel, donde su atención es totalmente inadecuada. Ello se evidencia en los motines ocurridos en cárceles de Honduras y El Salvador, pues la mayoría de las víctimas eran jóvenes mareros, agregó