Representantes del Frente Sindical Interno del Hospital San Juan de Dios presentaron denuncias contra consultorías y asesorías onerosas que se contrataron desde el año 1996 al 2000.

Las consultorías fueron pagadas con el dinero del préstamo BIRF-3654S-CR del Banco de Reconstrucción y Fomento, dedicado a la ejecución del Proyecto de Reforma del Sector Salud.

En total se pagaron, según los documentos entregados a la prensa por el sindicato, $11. 459.238 (¢5,122.279.000) y alegan que muchas de las consultorías contratadas se pueden realizar perfectamente dentro de la misma institución y no hacía falta que «no representan ningún valor agregado rentable para la institución, ni ganancia para los asegurados».

Estas acusaciones las presentaron en el 2001 cuando Sandra Pisk era la Defensora de los Habitantes. Sin embargo, luego de la llegada del actual defensor, José Manuel Echandi, no se le dio seguimiento al caso y hasta ahora el grupo sindical lo retomó para solicitarle a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la aclaración del tema.

Paralelo a este caso, los sindicalistas solicitaron investigar el crédito español, dirigido a la compra de equipo médico para la CCSS y del cual se sospecha que hubo mala intención en su procedimiento.
 

El sindicato pide investigar a la exdiputada Karen Olsen a quien denuncian «fue una de las actoras principales en la tramitación legislativa del préstamo español».

Según el estudio presentado por el sindicato los dos rubros que recibieron más dinero del préstamo BIRF corresponden a la capacitación con más de $1.193.000 en total y las consultorías en sistemas de información  por un total de $6.476.738 dado a las empresas Anderson Consulting y IASIST.

Para estos dos últimos casos en el documento se aclara que la Caja cuenta con departamentos especializados en capacitación e información que operan a costos muy bajos como el caso del CENDEISS, e incluso asegura que se cuenta con el apoyo del sistema de universidades estatales del país.

Además, el Frente Sindical pidió aclarar supuestos vínculos del Presbítero Claudio María Solano con la empresa ALGEFISA y la presunta consultoría efectuada por la actual Reguladora, Aracelly Pacheco.

Ante estas denuncias UNIVERSIDAD consultó con la Fiscalía General de la República para conocer si se va a proceder a las correspondientes investigaciones y la respuesta fue que los casos están en proceso de investigación pero, por el momento, están abarrotados con las investigaciones en trámite.



EL CRÉDITO ESPAÑOL



El llamado crédito español es un proyecto que gestionó la CCSS con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España y con el Banco Bilbao Viscaya S.A. para el programa de renovación del sistema hospitalario de la CCSS.

Establecido mediante la Ley Nº 7683, cada entidad presta a la Caja $20 millones a fin de adquirir equipo médico para el sistema de hospitales del Estado.

Según estudio realizado por Sylvia Solís Mora para la fracción del Bloque Patriótico en setiembre del 2003 se determinó que un 80% del préstamo se destinó para la compra de bienes y servicios de origen español, 4% a financiar material extranjero que en la mayoría de los casos también fue de origen español y un 12% para el financiamiento de gastos locales.

Sin embargo, el principal problema que se ha detectado en el caso de éste préstamo es la operación y pertinencia de los equipos comprados con éste.

El informe del Bloque Patriótico especifica que los procedimientos para la recepción por parte de los usuarios finales fueron inoperantes pues quienes los recibieron no estaban totalmente capacitados para la recepción de los equipos en las condiciones pactadas.

La Contraloría General de la República, explica el informe, dijo que la estructura organizativa y funcional de la Unidad Ejecutora del Proyecto era insuficiente y en la práctica no se logró el desarrollo coherente de éste, lo que a su vez propició deficiencias en el proceso de instalación de los equipos.

Otro informe de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa en el Área de Servicios de Salud, de la Contraloría General de la República realizado en el 2003, detalló que mediante el proceso de licitación pública internacional, en 1998, se adjudicó a tres empresas españolas la compra de 3.546 unidades médicas de 57 tipos de equipos distintos.

Luego, en el año 2000, con el sobrante del préstamo se adquirieron 283 unidades a las mismas empresas para un total de 3.829.

La Unidad Ejecutora del Proyecto España participó en los trámites de adjudicación, recepción, distribución, instalación y capacitación en los 212 centros médicos beneficiados con los nuevos equipos médicos.

Según el informe, la unidad ejecutora era la encargada de recibir los equipos en su sitio de instalación pero la unidad no aplicó el sistema propuesto por las empresas lo que creó un descontrol y atraso en las instalaciones de los equipos.

Algunas de las principales denuncias se refieren a centrales telefónicas en los hospitales San Juan de Dios y Nacional de Niños que estuvieron más de un año sin poderse utilizar y expuestos a deterioro por falta de uso y desatención básica de su mantenimiento.

De la misma manera las unidades dentales del hospital Calderón Guardia y del Centro Nacional de Rehabilitación estuvieron en los pasillos por más de un año ante la posibilidad de instalarlas por problemas electromecánicos, de humedad o por la inexistencia de lugares propicios para tal fin.

El estudio de la Contraloría también verificó el funcionamiento de los equipos. Aunque comprobó que la prestación de servicios con equipos médicos no complejos mejoró, algunos de los más complejos no funcionaban el 50% del tiempo desde su instalación.

El mantenimiento es un servicio que debe ser suplido por las empresas proveedoras pero coordinado por la unidad ejecutora quien, según el ente contralor, no siguió los procedimientos establecidos provocando que los equipos estuvieran sin funcionamiento por largos períodos.



Préstamo Español
-El Crédito Español se aprobó mediante la Ley Nº 7683 del 31 de julio de 1997, durante la administración del presidente José María Figueres Olsen.

-Intervinieron en el proceso los siguientes presidentes ejecutivos de la Caja: Alvaro Salas (1994-1998), Rodolfo Piza (1998-2002), Eliseo Vargas (2002-2004)

-En total se adquirieron 3.829 equipos  médicos con los $40 millones.

-Al Hospital San Juan de Dios ingresaron 160 activos hospitalarios que representan aproximadamente ¢488.207.034.